El Plan de Extensión de la Banda Ancha se vuelca de forma explícita con las zonas rurales de la España Vaciada

Esta vez sí, los programas de extensión de la banda ancha y de digitalización del país se fijan por fin en aquellos territorios que por ser los menos poblados carecían de atractivo para las empresas de telecomunicaciones. Ahora van a ser los prioritarios para poder recibir ayudas del Estado, y así lo recoge la convocatoria de este año del Programa de Extensión de la Banda Ancha (PEBA) de nueva generación, que se refiere explícitamente a las zonas rurales de la España Vaciada como la provincia de Teruel. Además, la Agenda España Digital 2025 anunciada la semana pasada por el Gobierno, pone énfasis también en acabar con la brecha digital y alcanzar por fin el reequilibrio territorial que con tanta insistencia se está demandando últimamente desde el ámbito social y el político.

El PEBA de este año está pensado para la España Vaciada. La resolución del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de este programa, publicada el pasado 16 de julio en el Boletín Oficial del Estado, lo refiere así en su articulado, a pesar de que esa expresión no es habitual en los documentos emanados del Gobierno central y mucho menos del autonómico.

A la vista de su inclusión, da la impresión de que la lección está más que aprendida, no solo por la denominación sino por el propio ideario que se desprende del texto. El Gobierno central reconoce por fin de forma explícita el problema del reequilibrio territorial y del reto demográfico, y así lo recoge en su resolución.

Se trata de las ayudas para seguir ampliando por todo el territorio español las infraestructuras de conectividad digital de muy alta capacidad, con especial incidencia esta vez en las zonas rurales. Están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y como afirma el Ministerio, su objetivo es “reducir la brecha digital y hacer frente al reto demográfico”.

La convocatoria de este año está dotada con 150 millones de euros a los operadores de telecomunicaciones para que lleven a cabo esa extensión. Antes se centraban en las zonas más pobladas porque les resultaban las más rentables económicamente, pero ahora la convocatoria está enfocada para que atiendan a los territorios despoblados.

De esos 150 millones, 11,2 están destinados a las tres provincias aragonesas. En Teruel se han previsto ayudas por valor de 3,5 millones de euros y una intensidad máxima del 70%, que es el porcentaje de la actuación que podrá subvencionarse, solo superado por Asturias y provincias gallegas donde llega hasta el 80%. Además, este año la convocatoria no solo se fija en las zonas blancas, sin cobertura de alta capacidad, sino también en las grises, donde hay cobertura pero es mejorable. En la provincia se han reconocido esta vez 314 zonas blancas y 632 zonas grises, en total casi un millar.

La resolución incide en la “importancia estratégica de dotar de cobertura de las redes públicas de banda ancha de muy alta velocidad a este último 10% de la población que no dispone de ella ni de planes de algún operador para su dotación”.

Añade en este sentido que está localizada en “las poblaciones más rurales y dispersas de nuestra geografía, en su mayoría pertenecientes a lo que se ha venido conociendo como la España vaciada”, y que precisa que “ya era reconocida universalmente por todos los agentes sociales y económicos con anterioridad a la nueva situación creada por la Covid-19”.

No obstante, aclara que con esta nueva situación provocada por la pandemia “ha quedado demostrado que las nuevas infraestructuras de conectividad de banda ancha de nueva generación desarrolladas en los últimos años han facilitado la continuidad de la actividad económica y social de muchas empresas y entidades, al tiempo que han aliviado la situación de confinamiento de los ciudadanos durante la presente crisis sanitaria de la Covid-19”.

Conexión clave hoy día

En este sentido, recuerda el Ministerio que durante los primeros días de vigencia del estado de alerta, las redes de telecomunicaciones vieron incrementado su tráfico en aproximadamente un 80%, sin producirse situaciones de colapso de las redes fijas ni de las móviles de los distintos operadores.

Sin embargo, el Ministerio reconoce en su resolución que “lamentablemente, las ventajas derivadas de la disponibilidad de una cobertura de redes de banda ancha de muy alta velocidad no han podido estar al alcance de ese citado 10% de la población ubicado en las zonas más rurales y dispersas”.

Argumenta a este respecto que las medidas que se han tenido que adoptar con la pandemia han dejado patente que esta política de extensión de la banda ancha, capaz de prestar servicios a velocidades de al menos 300 Mbps, “reviste una especial significación en aras de lograr una mayor vertebración social y territorial y poder hacer frente y responder con más instrumentos al reto demográfico”.

Añade la convocatoria que  el apoyo financiero de las ayudas PEBA “resulta imprescindible para que los operadores de telecomunicaciones puedan afrontar con garantías el despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad en zonas cada vez más aisladas y lejanas”, y que puesto que proporcionan una menor rentabilidad, “debe llegar cuanto antes a dichos operadores si se quiere materializar y dar continuidad a la política pública de extender la cobertura de redes de muy alta velocidad”.

Promoviendo esta conectividad, el Ministerio considera que “estas ayudas contribuyen por un lado a la reducción de la brecha digital de género en las zonas rurales y, por otro lado, a hacer frente al reto demográfico mediante el fomento de nuevas actividades económicas, capaces de atraer y mantener habitantes en zonas despobladas”.

Agenda Digital

A esta convocatoria, que está abierta ahora, se suma la presentación hecha la semana pasada de la Agenda España Digital 2025, que tiene previsto mover una inversión pública y privada de 70.000 millones de euros hasta el año 2022, y que pone también su atención en el equilibrio territorial y el reto demográfico.

En este sentido, entre los ejes estratégicos de esta Agenda Digital dotada con 50 medidas está la “desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas”, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025. Y se fija como reto la “vertebración territorial” con el despliegue del 5G. 

Convocatoria

El programa del PEBA de este año no solo se fija en las zonas blancas sin cobertura sino también en las grises que necesitan ser reforzadas. La convocatoria lo que hace es otorgar ayudas para la extensión de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha de al menos 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, tanto en sentido descendente como ascendente, en aquellas zonas sin cobertura actual de redes de nueva generación, y que no tienen previsiones de despliegue a tres años, que son las conocidas como zonas blancas. En la provincia de Teruel hay reconocidas 314 zonas blancas.

Además, una de las novedades de la convocatoria de este año es la incorporación de las zonas grises como áreas elegibles para recibir ayudas.

Estas zonas grises son aquellas donde hay presencia de un solo operador que puede proporcionar servicios a velocidades de más de 30 Mbps, pero sin superar los 100 Mbps. Para ello el Gobierno gestionó la aprobación de la Comisión Europea para que estas zonas grises también pudieran incluirse para recibir ayudas de Estado. En la provincia de Teruel hay 632 zonas grises, según el mapa que ha elaborado el Ministerio.

La incorporación de estas zonas permitirá mejorar la cobertura de redes de alta capacidad en algunas áreas donde, a pesar de que ya existe banda ancha, los servicios que ahora existen son insuficientes y hay capacidad para que sean mejorados.