El patrimonio histórico y cultural contribuye a afianzar el sentimiento aragonés de pertenencia

Uno de los elementos en los que la identidad aragonesa ha evolucionado exponencialmente en los últimos cuarenta años, los que lleva vigente el Estatuto de Autonomía, determinando esa identidad no solo en lo psicológico sino también en lo material, ha sido la conservación y la restauración del patrimonio histórico y cultural de la Comunidad Autónoma.

El actual grado de conservación de conjuntos monumentales, edificios e infraestructuras históricas en las tres provincias aragonesas es radicalmente distinto si lo comparamos con el que existía antes de 1982. Y no solo por una cuestión de presupuestos, de inversiones y de gasto público, que también, sino sobre todo “por la falta de conciencia que existía por parte de la sociedad antes del Estatuto”, como afirma Marisancho Menjón, la actual directora General de Patrimonio del Gobierno de Aragón.

El nuevo marco legal estuvo determinado por el traspaso de competencias en conservación del patrimonio del Estado al Gobierno de Aragón, que se efectuó de forma práctica en 1988, y que dio pie a la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural o a otra anterior, la Ley de Parques Culturales  12/1997. Sin embargo Menjón sitúa el auténtico punto de inflexión en 1982, con la aprobación del Estatuto. “Las competencias en Patrimonio o en cualquier otras cosa no es algo que te cae del cielo de repente, un buen día,  sino algo en lo que se ha trabajado cuidadosamente durante mucho tiempo”.

Competencias

En ese sentido, si el traspaso de competencias proveyó a los sucesivos gobiernos autonómicos de un presupuesto suficiente y la posibilidad de crear planes integrales de recuperación y conservación del patrimonio histórico, el Estatuto de Aragón y la materialización de un sentimiento aragonesista les dotó de legitimidad ante los ciudadanos para dedicar grandes esfuerzos técnicos y económicos para recuperar espacios, edificios y conjuntos monumentales. “Antes de 1982 no existía entre los aragoneses esa conciencia de que teníamos un patrimonio importante que era necesario conservar y legar a nuestros descendientes porque formaba parte de una historia rica. A partir de entonces, sin embargo, ese sentimiento se ha generalizado y hoy en día nadie pone en duda esa necesidad”, asegura Menjón.

A nivel práctico, el Estatuto de Autonomía y el traspaso de competencias supuso que se crearan las Comisiones Provinciales y que se homogeneizaran los criterios de actuación, en busca de un modelo de gestión del patrimonio eficaz y que lo acercara a sus habitantes, quienes mejor lo conocen y más interesados están en su conservación. “Hasta entonces era el Ministerio el que decidía y ponía en marcha las actuaciones, y te puedes imaginar las peregrinaciones que se producían desde las ciudades y los pueblo aragoneses a Madrid”.

Con el traspaso de competencias el Estado no ha dejado de actuar, y sigue llevando a cabo en parte o en su totalidad diferentes proyectos que o bien afectan a bienes cuya propiedad conserva, o bien requieren inversiones demasiado elevadas para llevarlas a cabo la Comunidad Autónoma en exclusiva.

Administraciones locales

Durante las primeras décadas del Estatuto, últimas del siglo pasado, “hubo una gran cantidad de intervenciones y una labor intensísima, que poco después se normalizó cuando el trabajo se hizo más estable y sistemático”.

En ese primer impulso en los trabajos de recuperación, consolidación y conservación de conjuntos patrimoniales jugaron un papel fundamental las Diputaciones Provinciales a través de las Comisiones Provinciales que realizaban los estudios pertinentes de oficio o a petición de los municipios interesados. “Y hoy en día siguen siendo muy importantes estas comisiones”, explica Marisancho Menjón, “porque existen grandes proyectos que todos conocemos, pero también los hay más pequeños”. “Todos nuestros pueblos tienen un puente, un yacimiento, una ermita o un elemento arquitectónico interesante que es necesario conservar. En ese sentido ha sido vital acercar la administración a los pueblos, que son quienes mejor conocen su patrimonio y las necesidades más urgentes”, explica Menjón, quien asegura que “en los tres años que llevo al frente de la dirección general de Patrimonio, si no he hablado con todos los alcaldes de Aragón me faltarán muy pocos”.
 

Más allá de la concienciación social por transmitir el patrimonio histórico y cultural a las futuras generaciones de aragoneses en el mejor estado posible, concienciación que legitima a las instituciones a invertir grandes cantidades de dinero en ello, la otra pata de la conservación son los propios presupuestos dedicados.

En este sentido cabe destacar que no han seguido una línea regular, ya que en periodos críticos los fondos se desvían hacia asuntos que se consideran más urgentes. “Tenemos el ejemplo claro con la pandemia de covid-19”, afirma Menjón. “Durante estos meses se han invertido muchos esfuerzos en ámbitos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, en atención a las urgencias más sangrantes”. Lo mismo ocurre en época de crisis económica convencional, como las que tuvieron lugar en España en 1993 o 2008. “En esos momentos los presupuestos para conservación del patrimonio se resienten, para reflotar después cuando se ha superado la crisis”.

Actuaciones en la provincia

Entre las actuaciones que han tenido lugar en la provincia de Teruel, Menjón destaca “por su especial importancia” la “declaración del Mudéjar turolense como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”, que tuvo lugar en 1986. Los trabajos de restauración tras esa declaración comenzaron en 1990, tras la redacción del Plan Director de todos los elementos protegidos por la UNESCO por los arquitectos Antonio Pérez y José María Sanz, que recogía los criterios básicos de las intervenciones necesarias. El conjunto se ha ido recuperando en sucesivas fases cuya última obra finalizó en 2021.

Otros proyectos señeros de la provincia en materia de Patrimonio han sido Albarracín, cuyo conjunto histórico y monumental gestiona desde 1996 la Fundación Santa María, que en 26 años ha convertido esta ciudad en un referente cultural y de turismo sostenible en toda Europa; o Mirambel, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1980, Premio Europa Nostra en 1982 y considerado uno de los ejemplos más destacados de arquitectura urbana medieval de España, si bien su recuperación estuvo dirigida por el arquitecto Miguel Ángel López Miguel entre 1976 y 1981, de forma previa al Estatuto de Aragón, y realizada por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Marisancho Menjón, directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, destaca además la importancia que tuvo para Teruel el Consorcio Íbero, “que atendió yacimientos clave en la provincia”, y la puesta en marcha de los Parques Culturales. “Exceptuando el del Río Vero, en la sierra de Guara, los primeros parques aragoneses tuvieron lugar en Teruel, con el de Río Martín, el del Maestrazgo o Albarracín”, un listado que se completó más recientemente con el Parque Cultural del Chopo Cabecero, en el Alto Alfambra, que se constituyó más recientemente.

“Y también hay que destacar en este sentido los fondos FITE que se han destinado a rehabilitar y recuperar parte del patrimonio”, matiza Menjón. “En ese reparto de fondos cada localidad ha sido la que ha determinado cada una de las urgencias, porque una cosa es que haya líneas de trabajo muy ambiciosas a las que se dé más o menos prioridad, y otra que en cada localidad, en cada pueblo, es donde mejor conocen su patrimonio y por tanto mejor capacitados están para reclamar alguna actuación determinada”.

Actualización

Han pasado 40 años desde la aprobación del Estatuto de Aragón y 23 desde la entrada en vigor, el 30 de marzo de 1999, de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés, y desde la dirección general se asume que va siendo necesaria una actualización del marco legal. Menjón explica que “hemos redactado un borrador de Ley que por desgracia ya no podrá salir adelante durante esta legislatura, pero ojalá que lo haga durante la próxima”. El acento hay que ponerlo en “elementos nuevos del patrimonio que no estaban contemplados en la Ley de 1999 y mucho menos en la Estatal previa, que era de 1985”. Estos elementos se refieren a ámbitos como el patrimonio industrial o los paisajes culturales “que recoge la legislación europea pero no la nuestra”.

También es necesario actualizar, en su opinión, “la regulación de algunos aspectos de las Comisiones Provinciales, nuevos criterios de actuación, homogeneizar los que ya existen y, en definitiva, una serie de asuntos que afectan al funcionamiento, al día a día dentro de estas comisiones, y que afectan a temas como el de la instalación de fibra óptica en edificios patrimoniales o instalación de cableados, por ejemplo”.