El Partido Popular solicita un rechazo rotundo de la DPT al decreto sobre los remanentes de las entidades locales
Ha pedido que se celebre un pleno extraordinario"El remanente que tenemos ahorrado las entidades locales es de los vecinos y es más necesario que nunca en la situación en la que nos encontramos". Con esas palabras ha defendido la diputada provincial del Partido Popular, Yolanda Sevilla, la postura contraria al Real Decreto 27/2020 que ha elaborado el Gobierno central y que fue respaldado únicamente por el Partido Socialista (PSOE) en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Con la intención de que la Diputación Provincial de Teruel (DPT) muestre también una postura oficial al respecto, alejada de las manifestaciones públicas de los diferentes representantes en foros diversos, el Partido Popular ha registrado una propuesta para solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario. Se basan en la legislación vigente, que posibilita que una cuarta parte de los diputados provinciales puedan solicitar la celebración de una sesión plenaria.
Yolanda Sevilla ha registrado este lunes la propuesta en compañía de la también diputada provincial popular, Rosa María Sánchez. Ambas han explicado que esta iniciativa nace con el objetivo de obtener un "rechazo rotundo" de la DPT al decreto sobre los remanentes de las entidades locales. En definitiva, tal y como ha explicado la también presidenta de la Comisión de Hacienda, "solicitamos un pronunciamiento explícito" para que "sea el pleno, que es un órgano oficial, quien contundentemente y rotundamente exponga la negativa a hacer entrega de ese dinero".
Un rechazo que, ha complementado Yolanda Sevilla, viene justificado en que ese texto elaborado por el Gobierno central "no cumple con las necesidades de las entidades locales" y también porque "evidencian un profundo desconocimiento del medio rural, dejan fuera a todas las entidades locales que no tienen esos remanentes y abandonan el poder y la potestad que concede la Constitución a los ayuntamientos".
"Lo que queremos es que el dinero ahorrado por las entidades locales se destine a los vecinos", ha recalcado muy gráficamente la diputada del Partido Popular, que ha cifrado en 15.000 millones de euros en el conjunto del país la cantidad acumulada de las entidades locales. De ellos, en caso de que la DPT accediera a hacer entrega de sus remanentes, 35 millones de euros procederían de esta institución.
Precisamente por ello y como entidad que se vería también muy afectada al respecto, Yolanda Sevilla ha reclamado la celebración del pleno extraordinario para que todas las formaciones políticas "se retraten" al respecto. "Los 35 millones que dispone la DPT de remanentes es un dinero ahorrado para la institución y también para todos los vecinos de la provincia", ha complementado.
Su pronunciamiento también tendría una gran trascendencia para el resto de entidades locales del territorio que, en algunos casos, están esperando que la DPT muestre su posicionamiento al respecto. "La institución tiene mucha fuerza para manifestar su negativa y, detrás, hacerlo todos los ayuntamientos turolenses", ha incidido, resaltando a su vez la importancia de que se celebre esta sesión antes de que tenga lugar el debate sobre el decreto en el Congreso de los Diputados, previsto inicialmente para inicios del mes de septiembre.
El texto de la propuesta registrado este lunes en la DPT recoge cuatro solicitudes sobre las que tendrán que manifestarse todos los grupos políticos con representación. La primera de ellas es mostrar la disconformidad con el proceso negociador desarrollado por el Gobierno de España y la FEMP, en el que únicamente han mantenido contactos con el PSOE e IU-Podemos, obviando al resto de fuerzas políticas.
También se reclama al pleno que manifieste el compromiso de no ceder el remanente de tesorería acumulado por la institución, además de respetar y garantizar la autonomía que tienen las entidades locales de acuerdo a la Constitución. Una solicitud a la que se une además la reclamación al Ministerio de Hacienda de que cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el PSOE, en el seno de la FEMP.