El Partido Popular reclama que se reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

Una representación de distintos cargos del Partido Popular en Teruel se ha reunido este jueves con un grupo de representantes de los funcionarios del centro penitenciario turolense a quienes han explicado que en el pleno ordinario que el Ayuntamiento de Teruel celebrará del próximo lunes se va a aprobar una declaración institucional pidiendo al Gobierno Central que reconozca como agentes de la autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

En la reunión han estado presentes por parte del Partido Popular, las senadoras Emma Buj y Carmen Pobo; el portavoz en el Ayuntamiento de Teruel, Carlos Méndez; y el concejal de Participación Ciudadana y Gobierno, Julio Esteban. Todos ellos han trasladado a los representantes del centro penitenciario turolense el apoyo sin fisuras para que este colectivo, que en Teruel es de unos 120 funcionarios y en toda España asciende a 21.800 funcionarios, sea considerado como agente de la autoridad, ha informado el PP en una nota de prensa.

La escalada de agresiones que la plantilla de trabajadores en estos centros está sufriendo en los últimos tiempos hace necesaria la urgente modificación de la Ley que regula la condición de este colectivo para dotarlos de los medios necesarios para su seguridad, ha puesto de manifiesto la senadora, Emma Buj quien ha subrayado que el coste económico de esta modificación sería de cero euros.

Buj ha explicado que en la Cámara Alta, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, se ha aprobado una iniciativa legislativa para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, si bien ha recordado que la última palabra para que salga adelante esta iniciativa la tiene el congreso donde no todos los socios del gobierno actual. Esas diferencias de criterio entre los partidos que forman el gobierno está dilatando la modificación de esta Ley, “lo que no ocurre con la tramitación de otras leyes express como es el caso de la Ley de Amnistía que ésta sí apoyan los socios nacionalistas”, ha denunciado la senadora.

Los funcionarios penitenciarios presentes en la reunión han acogido de forma positiva la declaración institucional que el Ayuntamiento tiene previsto aprobar el próximo lunes y que tiene como objetivo presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que modifique la Ley y estas iniciativa no se mueran en los cajones. Los trabajadores han puesto de manifiesto las carencias de medios que tienen en los centros donde, - según han lamentado – el único arma que llevan consigo es un simple bolígrafo.

Así mismo, han lamentado que agredir a los funcionarios es gratuito dado que no implica ni incremento de pena para el interno, ni derecho a indemnización para el funcionario. Es más, según han denunciado, los funcionarios de prisiones carecen del principio de veracidad de tal manera que si un recluso denuncia una agresión falsa de un trabajador es éste último el que tiene que demostrar que no es cierto, lo que provoca un buen número de denuncias falsas.

Para poner freno a todas estas situaciones, los populares proponen que se actualicen los medios materiales del cuerpo para poder hacer frente a las agresiones y situaciones de violencia de las que en ocasiones son objeto. Además, plantean convocar concursos de traslados con carácter anual además de impulsar la creación de un estatuto propio en el que se identifiquen claramente las funciones y competencias de estos trabajadores. Según han trasladado a los funcionarios de la prisión turolense, consideran necesaria una convocatoria de empleo público para los próximos cuatro años con el objeto de paliar la falta de personal en prisiones teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los últimos años.

Otro de los temas abordados en la reunión ha sido el relativo a los salarios. “Nuestro propósito es que nos equiparen con los funcionarios que trabajan en prisiones de Cataluña”, ha indicado uno de los funcionarios. Según ha explicado Buj, la intención del Partido Popular es equiparar a los trabajadores penitenciarios de todos los puntos de España con el objeto de cumplir con el principio de igualdad para el desempeño del mismo trabajo.