El Partido Popular de Teruel se postula en contra de la tasa de recibo de basura que impone Sánchez a los ciudadanos

El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Teruel presenta una moción en el pleno de este miércoles para que el Gobierno de España no obligue a las entidades locales a aplicar la tasa del recibo de la basura. Esta tasa conocida como “impuesto de la basura” pasa a ser obligatoria. Los Ayuntamientos, hasta ahora, financian una parte, con la aplicación de este tasazo los vecinos deben pagar la totalidad de lo que cuesta el servicio y además el impuesto de vertido.

El Gobierno de España obliga a todas las entidades locales a partir de abril de 2025, a crear una tasa para cobrar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos y añadir otro impuesto sobre el depósito de residuos en el vertedero, la incineración y co-incineración para la eliminación de residuos.

"El Gobierno de Sánchez vuelve a incrementar la presión fiscal a los ciudadanos, que, además va a afectar de manera desproporcionada a las familias con rentas más bajas, incrementando la desigualdad", ha argumentado el PP en una nota de prensa.

El Partido Popular de Teruel a través de esta moción, solicita el respeto a la autonomía municipal y el reconocimiento a la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como viene haciendo ahora en la gestión de residuos.

Por ello, el PP de Teruel insta al Gobierno de España a "aprobar una moratoria en la aplicación de la ley de residuos y suelo contaminados hasta que no se establezcan unos criterios claros para guiar a todos los ayuntamientos para imponer la tasa".

Asimismo, le pide que estudie métodos más flexibles de transición, prestando ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el ciudadano no cargue íntegramente con las tasas: que se establezcan mecanismos que permitan a las entidades locales modular la repercusión del coste del servicio a la ciudadanía, que tenga en cuenta las peticiones y el posicionamiento de todas las administraciones locales que se opongan: así como desarrollar una política nacional que apoye a las administraciones locales en la gestión de residuos, garantizando una financiación adecuada y evitando una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos. La propuesta finalizada instando a dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y en el Senado.