El PAR traslada al Senado la propuesta de la DPT de autorizar el gasto de los remanentes municipales

El senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica ha trasladado a la Cámara Alta la propuesta aprobada por la Diputación de Teruel (DPT) para que el Gobierno de España autorice el gasto de los remanentes municipales para paliar las consecuencias de la pandemia COVID-19, que en el caso de los ayuntamientos de esta provincia se elevan a 137 millones de euros.

Sánchez-Garnica registró una moción y una pregunta dirigida al Ejecutivo central el pasado mes de febrero, que no se han tramitado hasta ahora por la situación derivada de la pandemia. "Ahora más que nunca es necesario acelerar esta medida para que los Ayuntamientos tengan fondos", ha dicho el senador.

El Partido Aragonés presentó en el Senado esta reclamación que ya se ha aprobó en ayuntamientos, comarcas y la Diputación de Teruel, a iniciativa del PAR, en los últimos meses, donde tuvo el apoyo de todos los grupos políticos.

En concreto, el Partido Aragonés ha reclamado "medidas concretas y fáciles de llevar a cabo, solo es cuestión de la voluntad política del Gobierno central de apoyar de vedad a las zonas despobladas", ha manifestado Sánchez-Garnica.

Así, el senador del PAR ha pedido que el Gobierno de España apruebe un Decreto-Ley que permita destinar inmediatamente el superávit presupuestario obtenido en el año 2018 a inversiones financieramente sostenibles.

"Esta medida es inmediata y permitiría que llegara a la provincia de Teruel una lluvia de millones sin tener que desembolsar ni un euro, simplemente permitiendo gastar de manera excepcional y para territorios concretos desfavorecidos", ha añadido el vicepresidente de la Diputación de Teruel y secretario ejecutivo de Acción Territorial del PAR, Alberto Izquierdo.

Además, en el momento en el que las Cortes Generales aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020 el PAR reclamará incluir una modificación legislativa para habilitar el destino del superávit de las corporaciones locales de la denominada "España vaciada" a cualquiera de sus competencias permitidas, incluyendo especialmente todo lo relacionado con el fomento del empleo, inversión en el medio rural y cuantas medidas contribuyan de manera directa o indirecta contra la despoblación.

La moción recoge también la petición de que se apruebe de manera inmediata un Real Decreto-Ley, específico para zonas despobladas que permita excepcionalmente flexibilizar la regla de techo de gasto en las entidades locales que hayan cumplido la normativa.

"Sería una manera de mostrar con hechos de verdad el compromiso con la España rural, la España de interior, la más desfavorecida, y premiar a aquellas entidades locales que de verdad han cumplido y han sido eficaces en la gestión", ha resaltado la portavoz del PAR en la Diputación de Teruel, Berta Zapater, institución en la que se presentó esta moción en la sesión plenaria del mes de enero.

Según los datos recopilados por la diputada, solo en la provincia de Teruel y con datos de 2018, 137.400.732,1 millones de euros de todos los ayuntamientos, comarcas y de la Diputación de Teruel están en las entidades bancarias. Se trata de 1.026,57 euros por habitante de la provincia de Teruel que "podrían reinvertirse sin pedir a ningún sitio. No se trata de que se destine más dinero a ayuntamientos, comarcas y Diputación de Teruel sino de poder gastar el que tienen", ha subrayado Zapater.

Además, las entidades bancarias ya han avisado de que, a partir de este años, comenzarán a cobrar un 0,4% del total de los depósitos que tienen las Administraciones públicas, que en la provincia de Teruel supondrá algo más de 693.602 euros que no se podrán invertir.