El Pacto de Estado contra la Despoblación es posible dentro de un marco institucional

El Pacto de Estado contra la despoblación que desde hace tiempo reclama la sociedad es posible, además de necesario para dar continuidad a las políticas que se impulsen, aunque dentro de un marco institucional más allá de la confrontación política que vive el país. Así lo vieron este martes dos representantes de gobiernos autonómicos de distinto color político, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro (PSOE), y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez Mejuto (PP), que intervinieron en la última jornada del Diálogo sobre el Futuro de la España Despoblada que durante dos días se ha celebrado en Teruel.

La última sesión de este debate se centró en la importancia de las ciudades medias como vertebradoras del territorio en zonas despobladas, y en analizar si es posible alcanzar un Pacto de Estado por la España despoblada, además de abordarse un taller ciudadano en el que se puso de manifiesto la necesidad de que se produzca un cambio de paradigma frente a estos territorios.

Las jornadas han permitido debatir durante dos días sobre diferentes aspectos en torno al reequilibrio territorial con la mirada puesta en la estrategia nacional España 2050 que impulsa el Gobierno central, organizador de estos diálogos de futuro sobre distintos asuntos en todas las Comunidades Autónomas, y que en el caso de Teruel han implicado también, además de a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, al Ayuntamiento de Teruel, la Fundación Ibercaja, la Fundación Térvalis y la Universidad de Zaragoza, en cuyo Campus turolense se han celebrado las mesas de trabajo y los talleres ciudadanos.

En la mesa sobre el Pacto de Estado por la España Despoblada hubo una gran sintonía entre lo expresado por los representantes políticos de las autonomías que intervinieron como ponentes, Castilla-La Mancha y Galicia, que forman parte de un grupo de trabajo de ocho regiones, entre las que está Aragón, que han celebrado diferentes encuentros en los últimos años para impulsar de forma conjunta cuestiones relativas a la lucha contra la despoblación, además de hacer un frente común en materia de financiación autonómica.

Cumbre en Galicia

El próximo encuentro lo celebrarán el día 23 en Santiago de Compostela, donde territorios gobernados por distintas fuerzas políticas volverán a hacer un frente común para reclamar una financiación acorde con el coste real de los servicios, puesto que no cuesta lo mismo prestarlos en zonas urbanas que en zonas rurales.

Ayer tanto la conselleira gallega como el vicepresidente castallano-manchego coincidieron en que es necesario y posible ese Pacto de Estado, además de fijar una estrategia compartida que pueda ser desarrollada por las diferentes administraciones, puesto que eso permitirá su continuidad en el tiempo. Ambos reclamaron flexibilidad en las leyes y políticas que se impulsen, atendiendo a las necesidades de estos territorios, que varían de unos sitios a otros.

Los dos responsables políticos debatieron sobre esta cuestión con Vicente Pinilla, director de la Cátedra de la Diputación de Zaragoza sobre Despoblación y Creatividad y profesor de la Universidad de Zaragoza, en una mesa que estuvo moderada por la periodista y directora de la Cadena SER Teruel, Silvia Lacárcel.

Martínez Guijarro explicó que el pacto político institucional se hizo primero en Castilla-La Mancha para sacar adelante la ley contra la despoblación que aplica ya esta Comunidad Autónoma, y que para su aprobación se hizo un proceso participativo porque a su juicio hay que “escuchar a la gente que está en el territorio”.

En este sentido, Vicente Pinilla consideró que solo se podrá avanzar en la lucha contra la despoblación si se atienden las iniciativas que llegan del territorio y se escucha “lo que quiere la gente desde abajo”. Además, consideró que el pacto tiene que tener una evaluación continua, algo que, lamentó, “es una práctica poco frecuente en España”.

“Es imprescindible, si queremos tener un mínimo de posibilidades de éxito, que haya un pacto a nivel nacional que implique a los partidos políticos, a las instituciones y a los agentes sociales y económicos, para que todos asumamos el compromiso de mantener determinado tipo de medidas en el tiempo”, dijo Martínez Guijarro, con independencia del signo político de los gobernantes en cada momento para que así pueda haber continuidad en la aplicación de esas políticas.

La conselleira gallega precisó que cada territorio tiene sus singularidades y por tanto las soluciones deberán estar adaptadas a cada lugar. El representante de Castilla-La Mancha reconoció que si bien es cierto que existe un clima complicado en el terreno político, a nivel institucional es más factible abordar un pacto y opinó que es en ese ámbito donde hay que hacerlo, que es lo que se ha hecho en dicha autonomía.

Pinilla opinó que “no es tan complicado” hacerlo si se atienden las necesidades, para lo cual debería acordarse un cierto nivel de servicios públicos accesibles que garanticen desde los básicos de sanidad y educación hasta la movilidad, la vivienda y también la cultura y el ocio. “Hay que buscar soluciones imaginativas de accesibilidad a estos servicios que lo hagan viable”, dijo el profesor de la Universidad de Zaragoza.

Ángeles Vázquez opinó que hay que dar servicios, para los que se requieren unos recursos, con independencia de quién gobierne. Abogó por que en la Conferencia de Presidentes se “olviden las ideologías para tomar las decisiones” y se actúe con “sensatez” asesorados por los mejores. “Si somos capaces de saltar esos pequeños inconvenientes, al final le haremos la vida más fácil al ciudadano y no vamos a conseguirlo todo, pero por lo menos sí que podemos avanzar”, apuntó.

Durante las intervenciones se puso énfasis en esa flexibilidad que deben tener las leyes ideadas desde Madrid con los territorios rurales, donde la realidad es distinta, además de alentar soluciones en materia de vivienda que es uno de los principales problemas para asentar población, y pensar nuevas formas de movilidad a demanda, además de ver la inmigración como una oportunidad que debe ir acompañada de políticas de integración.

Otro de los debates abordados ayer fue el futuro de las ciudades medias como Teruel, y su papel vertebrador de las zonas rurales, en el que intervinieron el profesor de análisis Geográfico de la Universidad de Valladolid, Ignacio Molina, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), y el alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), que también fueron coincidentes en muchos aspectos.

Buj reclamó una segunda descentralización hacia los ayuntamientos porque las ciudades actúan como prestadoras de servicios al territorio, y en este sentido demandó poder prestarlos con unas buenas comunicaciones buscando nuevos modelos de transporte.

Planificación del territorio

La alcaldesa de Teruel apostó también por una fiscalidad diferenciada que, recalcó, “urge poner en funcionamiento”, y por una política real de vertebración de los servicios. A este respecto se definió como una defensora de la planificación del territorio que suponen las diputaciones provinciales, que deben ser aprovechadas por el Estado. Buj se refirió igualmente a la necesidad de que se diseñen políticas de empleo público con incentivos de tipo económico y de otra clase para estabilizar servicios.

Carlos Martínez demandó la conjunción de una normativa adecuada, la dotación de presupuestos y una estrategia coodinada multinivel a medio y largo plazo para las ciudades medias, mientras que Ignacio Molina advirtió que se está perdiendo población en “grandes cantidades” en estos núcleos urbanos que son vertebradores como prestadores de servicios al medio rural, y que ese proceso conlleva una “pérdida de oportunidades”.

El alcalde de Soria aseguró que es una oportunidad la que se abre ahora porque la “lucha contra la despoblación es la lucha contra el cambio climático”. Añadió que este fenómeno “es posible resolverlo invirtiendo el modelo de desarrollo y de las políticas públicas”. De hecho, en la mesa se constató que si el proceso de pérdida de población rural arranca en los años 60 del pasado siglo, el retroceso demográfico de las ciudades medidas comienza a principios de este siglo, lo que no hubiese ocurrido de haberse aplicado entonces medidas correctoras.

El taller ciudadano que coordinó el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Luis Antonio Sáez, planteó la necesidad de un cambio de paradigma, un nuevo estilo de gobierno diferente, así como de investigar sobre estas cuestiones, y de ser y estar de las personas en sociedad, además de arraigo hacia un territorio, que calificó de fundamental.

La alcaldesa de Teruel clausuró las jornadas, tras la intervención del director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, y aseguró que habían sido “tremendamente productivas”, que se había escuchado al territorio, y refrendó la idea que trascendió ayer de que ese pacto necesario para revertir la situación era más fácil desde las instituciones, desde donde tienen que alcanzarse acuerdos. Buj incidió, como ya manifestó en la inauguración, que las leyes deben tener en cuenta las zonas rurales, que hay que escuchar de abajo a arriba para construir una España más vertebrada, que hay que definir qué zonas son en las que hay que intervenir, y que se abre una oportunidad si se trabaja con seriedad, huyendo de titulares y desde la firme voluntad de llevar a cabo esas políticas. Concluyó asegurando que “Teruel tiene futuro”.