El obispo de Teruel dice que se siguió el protocolo en el caso de la denuncia a un sacerdote por abusos

El obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué,  aseguró que se ha seguido el protocolo en el caso de los presuntos abusos sexuales denunciados por una feligresa contra un párroco de la capital. Así lo manifestó tras prestar declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, que investiga un presunto delito de agresión sexual cometido por el el sacerdote M. O. D. contra una catequista.

El investigado, que se encuentra en libertad provisional con cargos, declaró el jueves ante el juez tras su detención, al igual que lo hizo la víctima, y lo hicieron tanto el obispo como una psicóloga. Contra el presunto agresor sexual se dictó una orden de alejamiento de la víctima, así como la prohibición de intentar comunicarse con ella mediante cualquier medio.

El obispo declaró a primera hora de la mañana y media hora después, a su salida de los juzgados, atendió a la prensa que aguardaba a la puerta del Palacio de Justicia. Allí mostró su confianza en las decisiones que tome el juez y aseguró que desde un principio se siguió desde el Obispado el protocolo para estos casos, puesto que fue conocedor de la relación entre el clérigo y la feligresa a comienzos del mes de junio, si bien la mujer no presentó la denuncia hasta esta semana.

Comentó que en estos dos meses que han pasado ha estado “acompañando” e “intentando ayudar” tanto a la mujer como al sacerdote. Manifestó que entendía por ello que el juez le hubiese llamado a declarar como testigo, y que había respondido a sus preguntas “con absoluta sinceridad a lo que he podido ver y a lo que he podido escuchar durante este tiempo”. Apuntó que ahora tocaba “esperar que el tribunal sea quien determine la responsabilidad del sacerdote”.

Valoración de la Justicia

A requerimiento de la prensa eludió decir qué le había preguntado el juez y qué había respondido, por ser un asunto que tenía que “valorar” el magistrado, pero  sobre la cuestión concreta de por qué no había denunciado los hechos antes si se conocían desde junio, manifestó que “tenemos una legislación en la que si hay personas menores de edad existe esa obligación”, pero que en este caso era una persona mayor de edad.

“Lo que creo que a mí me toca es respetar su voluntad y apoyarla denuncie o no denuncie, y en ese sentido yo creo que mi actitud en concreto ha sido de máximo respeto y de máximo apoyo a la decisión que en cada momento ha tomado esta mujer”, explicó.

Añadió que al principio ella “decició no denunciar”, mientras que “ahora ha decidido denunciar”. “Yo no solamente respeto su decisión, sino que en todo momento le he manifestado que contaría con mi apoyo decidiera lo que decidiera”, concluyó.

Sobre si era conocedor de que  la relación había sido forzada o consentida, ya que investigado y víctima manifiestan versiones distintas, el obispo dijo que “eso será lo que tiene que valorar el juez”.

Los hechos, de acuerdo con el auto judicial, ocurrieron entre enero y junio de este año, cuando hubo entre el clérigo y la catequista una “clara e inequívoca relación de afectividad de carácter y contenido sexual”, con tocamientos y estimulaciones, sin penetración.

El juez en su auto incidió en que la versión de las partes era diferente, ya que el sacerdote sostiene que se trató de una relación consentida entre ambos, pero la víctima dice que no lo fue. El magistrado apuntó también en el auto que dictó que se trató de una relación prolongada en el tiempo de carácter sexual en la que “pudieran existir indicios de abuso de una situación de superioridad”, debido a la condición de sacerdote del presunto agresor y la vulnerabilidad de la víctima por la “fragilidad psicológica” de esta y la “posible manipulación” del investigado.

El obispo tuvo conocimiento de los hechos denunciados a principios de junio, y mantuvo varios encuentros tanto con la mujer como con el sacerdote para afrontar la situación. Fue entonces cuando resolvió retirar al párroco de sus responsabilidades pastorales y le propuso iniciar un proceso de acompañamiento psicológico y espiritual en un centro especializado de ayuda a sacerdotes.

El mismo día que el denunciado fue puesto a disposición judicial, la diócesis expresó su “disponibilidad absoluta” para colaborar con la Justicia. El obispado cuenta con un servicio para la atención de víctimas y la prevención de agresiones sexuales desde el pasado mes de marzo. Satué recordó que el objetivo del mismo era prestar asesoramiento “psicológico, terapéutico y jurídico” a las personas que lo necesitasen, así como realizar un trabajo de “sensibilización y prevención”.

A preguntas de los periodistas sobre el impacto que había tenido la noticia en la sociedad turolense al ser muy conocido en la ciudad el sacerdote investigado, el obispo dijo que la diócesis, con los recursos de que dispone, “va a intentar apoyar y acompañar a las personas que denuncien cualquier tipo de abuso”, además de reiterar que se pondrá al servicio de la Justicia por ser quienes tienen los medios correspondientes para poder determinar “las responsabilidades en cada caso”.

En este asunto el juez ha solicitado también al Instituto de Medicina Legal de Aragón una valoración íntegra de la víctima, además de declarar una psicóloga, ya que es determinante para intentar esclarecer cómo fue esa relación, sobre la que el sacerdote asegura que hubo conformidad pero la mujer dice que no.