El nuevo reto de las ayudas de funcionamiento para Teruel, Soria y Cuenca será lograr adaptarlas al objetivo que persiguen

La lucha que iniciaron las organizaciones empresariales de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria hace más de una década para conseguir un trato diferencial para las empresas de estos territorios por su particular situación demográfica no ha terminado, por más que la Comisión Europea haya reconocido y autorizado la aplicación de ayudas estatales de funcionamiento, un mecanismo de cohesión exclusivo para los territorios con graves problemas demográficos cuando están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. El nuevo reto al que se enfrentan ahora, agrupadas en la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), es que Madrid, gobierne quien gobierne en el Estado, entienda que las intensidades aprobadas son insuficientes para cumplir con el objetivo que persiguen.

Las ayudas de funcionamiento que empezarán a percibir las empresas turolenses este año han dejado un sabor agridulce tras las expectativas creadas, si bien nadie daba por hecho que algún día pudieran conseguirse hasta que la Comisión Europea las autorizó en abril de 2021.

Si entonces se consiguió y en los Presupuestos Generales del Estado de este año figura ya su aplicación, aunque con unos porcentajes ínfimos con respecto a los máximos autorizados, el reto al que se enfrentan las organizaciones empresariales ahora es hacer ver al Gobierno central que tal como las ha planteado no van a cumplir con el objetivo que persiguen.

Como aseguraban esta semana las tres organizaciones empresariales en una reunión telemática con los asociados de las tres provincias, la lucha solo acaba de empezar y ahora los esfuerzos se van a centrar en que la Administración central entienda la realidad de estos territorios, porque la intensidad y criterios acordados para su aplicación indican un absoluto desconocimiento de lo que de verdad está pasando en Teruel, Cuenca y Soria.

En dicho encuentro los empresarios constataron que las ayudas no van a incentivar la creación de empleo, más bien todo lo contrario. No obstante, valoraron en positivo que empiecen a aplicarse y que haya sido recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023. “Abre el camino a reconocer esta particularidad”, señala el vicepresidente de CEOE Teruel y asesor fiscal de la entidad, Francisco Ibáñez, que constata que lo importante ahora es seguir trabajando para que la intensidad de esas ayudas permita cumplir con los objetivos que persiguen, que es dotar a estos territorios de la competitividad que necesitan, puesto que se ve seriamente mermada con respecto a otras provincias por su situación demográfica.

La finalidad de las ayudas, recuerdan, es conseguir generar un reequilibrio territorial, puesto que las empresas no son el fin último de la medida, sino el vehículo para alcanzar ese objetivo. Así lo han estado insistiendo a la Administración central en los sucesivos informes y requerimientos que le han hecho, pero la intensidad que se ha aplicado a las ayudas es tan baja, que no va a servir para lograrlo, ni para conseguir consolidar el empleo que ya existe, ni para generar nuevo y atraer más actividad empresarial, por más que en este último caso los porcentajes que se aplican son ligeramente mayores.

Mapa de ayudas regionales

El nuevo mapa de ayudas regionales aprobado por la Comisión Europea en abril de 2021 autoriza por primera vez a España a aplicar ayudas de funcionamiento a las tres provincias cuya tasa demográfica está por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Estas ayudas se suman a las de inversión, de manera que ya no solo se apoya la creación o ampliación de empresas, sino que además se permite que el Estado ayude al coste de funcionamiento de las mismas.

Lo permitido por Europa es hasta un 20% de los costes laborales que tienen las empresas ubicadas en esos territorios. Son ayudas de Estado, de manera que quien las tiene que dar es el propio Gobierno, no la Unión Europea.

La regulación de estas ayudas, recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 por primera vez, se va a aplicar en España mediante reducciones en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, no sobre el total de los costes laborales.

Las ayudas se aplicarán a todos los trabajadores del régimen general con independencia del sector y del tamaño de la empresa, siempre que se trate de contratos indefinidos. Lo que varía es el porcentaje, puesto que está en función de que sean empleos que ya existían antes de este año, o contratos nuevos creados a partir del 1 de enero. Además, diferencia en el caso de los de nueva creación entre los municipios de más y de menos de mil habitantes, siendo estos últimos los más favorecidos.

Para los contratos ya existentes se aplica una reducción de la cotización a la Seguridad Social  del 5% de la aportación empresarial por contingencias comunes. Si son empleos nuevos creados a partir de este año la reducción es del 15% y si se ubican en municipios de menos de mil habitantes la ayuda llega al 20%, pero siempre en lo que son las contingencias comunes, no sobre el total de los costes laborales que es hasta lo que permite Europa.

Los autónomos no pueden acogerse a estas ayudas para aplicárselas a ellos mismos, solo a sus trabajadores en caso de que tengan personas contratadas. De lo que sí podrán beneficiarse, pero solo los nuevos autónomos dados de alta este año, es de una tarifa plana de 80 euros durante los próximos tres años.

De esta forma, tal como explica Francisco Ibáñez, para un salario medio de unos 21.500 euros al año, la reducción anual en las cuotas de la Seguridad Social supondría una bonificación para la empresa de unos 125 euros por trabajador con contrato indefinido. Eso con los empleos ya existentes, puesto que la bonificación en este caso es de un 5% de la aportación a las contingencias comunes, lo que supone algo menos de un 1% de los costes laborales.

En cuanto a los contratos indefinidos de nueva creación, ese porcentaje se eleva al 15% de las contingencias comunes, con lo cual la bonificación se multiplicaría por tres, pero seguiría siendo de apenas un 3% de los costes laborales totales. Para los municipios de menos de mil habitantes y en el caso del nuevo empleo creado, la bonificación para la empresa sería cuatro veces más, es decir, unos 500 euros anuales.

“Todo ayuda, pero al final se queda corto”, sostiene Ibáñez, puesto que está muy por debajo de los máximos autorizados por la Comisión Europea. La medida persigue dotar de competitividad a estos territorios, hacerlos más ventajosos, pero con esas cantidades es a todas luces insuficiente.

Fijar población

“Se trata de fijar población ante la sangría demográfica que sufrimos”, manifiesta Ibáñez, pero con esta medida tal como se ha empezado a aplicar no se va a conseguir. Estas ayudas deben tener un efecto incentivador para que las empresas afectadas emprendan una actividad adicional, que no desarrollarían sin la ayuda.

Es lo que se ha transmitido al Gobierno desde las organizaciones empresariales pero que sigue sin comprenderse, al igual que la importancia de entender estas ayudas como una oportunidad de Estado, ya que podría atraer hacia estas tres provincias la instalación de empresas deslocalizadas ante las transformaciones que se están produciendo en el mercado internacional a raíz de la pandemia.

Las organizaciones empresariales no han dejado de dirigirse al Gobierno para intentar explicarles cuál es la realidad de estos territorios y le han remitido numerosos informes en los que explican que no puede diferenciarse el empleo ya existente del de nueva creación, porque ambos necesitan por igual el apoyo de la administración para hacer más competitivas las empresas. Ese es el objetivo final de las ayudas. Y de igual forma, han insistido en que los autónomos son una pieza clave en estos territorios, puesto que son una parte importantísima de la actividad económica que se desarrolla en ellas debido a la realidad de estas provincias.

Ya argumentaron ante el Gobierno, y seguirán insistiendo en ello, que el total de las empresas de las tres provincias alcanza las 28.103, cuando el total de afiliados al régimen especial de autónomos, que queda excluido de las ayudas, es de 39.173. Esa cifra representa el 21,99% del total de los trabajadores registrados en los distintos regímenes de la Seguridad Social, pero es que además son los que están presentes en los pueblos, donde no hay empresas grandes.

Son ellos los que sostienen precisamente la actividad económica y la población en el medio rural, y en cambio han sido excluidos en la aplicación de las ayudas. Solo se entiende que sea así porque en Madrid no terminan de entender de lo que se está hablando. En un informe remitido al Gobierno, las organizaciones empresariales constatan que en el 48,25% de los municipios del territorio SSPA, el porcentaje de trabajadores autónomos supera el 50% del total de los trabajadores afiliados a los distintos regímenes.

Aunque finalmente las ayudas han empezado a funcionar sin atender a estas realidades, el Gobierno ha dado ya muestras de estar dispuesto a introducir cambios a la vista de los argumentos y la insistencia de las organizaciones empresariales, desde la postura colaboradora y constructiva que han mostrado, en lugar de haber optado por un enfrentamiento frontal.

Logro importante

De hecho, la SSPA insiste constantemente en lo positivo e importante de que las ayudas empiecen a aplicarse, de igual forma que no deja de insistir en la necesidad de intensificarlas para que pueda cumplirse con los objetivos por los que fueron autorizadas por Europa, en la línea de como vienen aplicándose en los países del norte de Europa.

A finales de año las organizaciones empresariales ya recibieron una carta de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en la que reconocía que había que seguir trabajando y se comprometía a reunirse con ellas. Además, expresaba su voluntad de poder acordar un programa de actuaciones más amplio para potenciar la competitividad empresarial y la capacidad de atracción de nuevas iniciativas a estas provincias. La también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico les transmitió igualmente su intención de hacer un seguimiento de la aplicación de las ayudas, así como de garantizar su eficacia y “adecuación con los objetivos pretendidos”. Apuntaba en este sentido su predisposición a “ajustar alguna de sus condiciones inicialmente establecidas”.

Es la nueva batalla que han abierto las organizaciones empresariales. Van a insistir en hacer ver al Gobierno que las ayudas son buenas, pero que para cumplir con los objetivos pretendidos de lucha contra la despoblación es preciso otro tipo de intensidades, además de incorporar a los autónomos, para ayudar a que estos territorios sean más competitivos.

Así lo manifestaron sus dirigentes en la reunión telemática celebrada esta semana con los asociados para explicarles las dudas sobre su aplicación. Tras el encuentro indicaron que se van a dirigir al Gobierno para pedir esa reunión tras la voluntad expresada por la vicepresidenta en la carta que envió a las tres organizaciones integrantes de la SSPA a finales de 2022.

En esa misiva, Ribera reconocía el papel de los agentes sociales junto a las administraciones públicas para lograr conseguir el reto que todos tienen por delante para hacer revertir la despoblación. Se comprometió a “intensificar el trabajo conjunto” con las organizaciones empresariales a través del grupo de trabajo de diálogo social constituido hace un año, pero en el que no se ha hablado todavía de estas ayudas.

El secretario general de Reto Demográfico, Francesc Boya, también anunció en las Cortes Generales que se haría un seguimiento para evaluarlas y su impacto. Ahora el reto de la SSPA es seguir insistiendo para conseguir hacer ver a Madrid la realidad socioeconómica de estos territorios, para que asuman que de lo que se trata es de dotarles de competitividad frente a las ventajas de las zonas más pobladas, y que ayudando a las empresas con 124 euros al año por trabajador será totalmente imposible. Como decían esta semana los empresarios, esta carrera no se ha terminado sino que acaba de empezar una nueva etapa.

Entre reivindicaciones, confrontaciones políticas y el compromiso de una evaluación para ver su efectividad

La aplicación de las ayudas de funcionamiento a las empresas de los territorios SSPA ha empezado en medio de reivindicaciones para que se incremente la intensidad de las mismas, compromisos de hacerlo por parte de otras fuerzas políticas en un año electoral en el que se va a oír hablar mucho de esta cuestión y va a entrar de lleno en la confrontación política, y el compromiso por parte del Gobierno de que se hará una evaluación de su desarrollo para ver su efectividad e incluso poder modificarlas.

Las ayudas de funcionamiento han llegado para quedarse, pero no solo en su limitada intensidad que tienen por el momento, sino para engrosar el debate y el ruido político. El problema de fondo es que más allá del uso político que pueda hacerse de estas ayudas, desde el Gobierno o la oposición lo que no parece entenderse desde Madrid es cuál es su objetivo, puesto que la finalidad última no es ayudar a las empresas sino revertir la situación que padecen estas provincias de falta de competitividad por su escasa población, dispersión geográfica y problemas de desarrollo económico. Mientras no se entienda que las ayudas son para dotar de una ventaja competitiva a estos territorios para asentar población y atraer más habitantes, no se conseguirá lo que pretende la Comisión Europea con ellas, revertir el desequilibrio territorial existente. Las empresas son las colaboradoras necesarias, pero se trata de no competir en desventaja con otros territorios.