El movimiento ciudadano Teruel Existe denuncia la complacencia que ha habido en Aragón con las empresas de renovables

El movimiento ciudadano Teruel Existe denunció este lunes en las Cortes de Aragón la complacencia que ha habido con las empresas de renovables en la Comunidad Autónoma e insistió en la necesidad de una moratoria como se ha hecho en otros sitios, durante la comparecencia de dos de sus portavoces en la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el Inaga en este proceso.

En otra sesión maratoniana de tarde, en la que se aportaron muchos datos sobre todo en la última comparecencia, los miembros de la comisión escucharon primero a Julio Mendo Buetas, abogado especialista en medio ambiente y energía, que habló del marco jurídico general del sector, que aseguró que estaba “tremendamente regulado” por la Unión Europea desde 1996. Manifestó que en el derecho medioambiental la “única constante es el cambio” por las adaptaciones continuas que se producen.

La segunda intervención corrió a cargo de Pedro Machí Iturria, presidente del Clúster de la Energía de Aragón, que argumentó que los municipios donde se han instalado las renovables están contentos por lo general, como pusieron de manifiesto las últimas elecciones municipales. Argumentó que en la mayoría de los pueblos “va todo bien” y que es “muy puntual” los sitios donde ha habido tensiones. La coordinadora en desarrollo de renovables de Greenpace España, Sara Pizzinatto, que compareció en tercer lugar acompañada de José Manuel Marraco, dijo que la transición energética era esencial “pero no puede ocurrir de cualquier manera”, respetando el medio ambiente y materializando a nivel local mayores beneficios.

Intervenciones

Cerraron el turno de intervenciones los portavoces del movimiento ciudadano Teruel Existe en materia de renovables, Mariano Tomás del Río y Ernesto Romeo, que denunciaron la complacencia que ha habido con el sector en Aragón, lo que ha provocado “muchas irregularidades administrativas que pueden ser delito de prevaricación”, y otros presuntos delitos medioambientales como han denunciado en los juzgados.

Aportaron numerosos datos sobre el exceso de potencia de renovables en marcha y del despliegue de macroproyectos hasta llegar a lo que calificaron de “desastre medioambiental”, al haber elegido los promotores los territorios movidos exclusivamente por sus intereses económicos consideando la evaluación de impacto ambiental como “un mero trámite y lo peor es que las Administraciones estatal y autonómica también lo han considerado como tal”, dijo Tomás del Río.

Detallaron lo que a su juicio han sido incumplimientos producidos en la normativa sobre evaluación ambiental con la fragmentación de macroproyectos, admisión de expedientes incompletos, admisión de estudios sin tener en cuenta sus repercusiones, o la modificación de documentos sin volver a someterlos a información pública, entre otros.

Ernesto Romeo denunció ante los miembros de la Comisión que  veían en las Cortes “una clara falta de voluntad política para cambiar las cosas” y abogó por una moratoria mientras se ordena el sector con el Plan energético porque el despliegue de renovables en el territorio se está concibiendo como “un negocio puro y duro, que está destrozando el medio rural, sus mejores paisajes y la biodiversidad sin ningún tipo de límites”.