El ministro de Transportes es partidario de priorizar la relación “coste-beneficio” en las infraestructuras

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se mostró partidario de atender la relación “coste-beneficio” en las infraestructuras de comunicación que se acometan. Durante su intervención en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados omitió cualquier referencia a las infraestructuras turolenses que están pendientes en algunos casos desde hace más de veinte años y se mostró partidario de la “cordura” a la hora de abordar las inversiones, así como de priorizar la conservación frente a la construcción de obra nueva, si bien también habló de tener en cuenta la “cohesión territorial” en las actuaciones que se acometan.

El diputado del PP por Teruel, Alberto Herrero, que es miembro de esta comisión y uno de sus portavoces, alertó del riesgo que las palabras del nuevo ministro tienen para una provincia como la turolense, puesto que ese criterio no debería aplicarse en territorios que están por detrás de otros en el desarrollo de infraestructuras al restarles competitividad.

Óscar Puente dio a conocer durante su primera comparecencia en sede parlamentaria las principales líneas de actuación que piensa desarrollar su ministerio en esta legislatura. No hubo anuncios ni compromisos que afecten a la provincia de Teruel, a diferencia de lo que hacían sus predecesores en la pasada legislatura obligados por el acuerdo de investidura que el PSOE suscribió en 2020 con Teruel Existe.

Tras haber desaparecido de las Cortes Generales en esta legislatura el partido surgido del movimiento reivindicativo turolense, cualquier referencia a Teruel que antes era habitual brilló por su ausencia. Y no solo eso, sino que a pesar de incorporar el ministro en su intervención el leitmotiv de la “cohesión territorial”, dejó bien claro que los criterios que piensa seguir estarán basados en la relación “coste-beneficio”.

El ministro detalló las líneas generales que piensa desarrollar, entre las que incidió en la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible que no pudo aprobarse durante la anterior legislatura al adelantarse las elecciones. Anunció que el anteproyecto volverá a llevarse al Consejo de Ministros en febrero para que pueda aprobarse lo antes posible dentro de este mismo año.

Esta ley pretende fomentar el transporte público colectivo urbano, pero tal como se planteó la vez anterior que se llevó a las Cortes, recoge un mapa concesional que elimina las paradas de las líneas de bus estatales en los pueblos para comunicar con mayor rapidez las poblaciones más importantes, que son las más pobladas en detrimento de las menos habitadas.

El ministro aseguró que los que conocen la realidad de la España menos poblada “tenemos claro que movilidad es sinónimo de inclusión y de cohesión social y territorial”. Respecto al transporte rural, dijo que el Gobierno es “claramente partidario de la lealtad institucional” y de que “cada cual asuma sus competencias”. Se refería así a que el transporte que se produce dentro de cada comunidad “es una competencia claramente autonómica” y cada territorio debe “afrontar su responsabilidad”.

Desconocer la realidad

Con estas palabras Puente volvía a poner de manifiesto, como su predecesora, su desconocimiento de la realidad del medio rural. Y preocupante también es que la nueva directora general de Políticas contra la Despoblación, Ana de los Ángeles Marín, fuese en la pasada legislatura la coordinadora de la redacción y tramitación de ese anteproyecto de ley, que con el nuevo mapa concesional que planteaba dejaba a 54 pueblos turolenses sin parada de autobús de las líneas estatales, aunque se abrió a hablarlo con las comunidades autónomas.

El problema es que en los pueblos, para tener que coger un autobús de las líneas estatales, deberán trasladarse a otros municipios más alejados para poder hacerlo, con el empeoramiento que para ellos supone. Con ese planteamiento solo se beneficiarán los núcleos más poblados al reducirse los tiempos de viaje, en detrimento de los más despoblados.

Lo más preocupante de la intervención del ministro fue, no obstante, su apuesta por priorizar la relación “coste-beneficio” en las nuevas infraestructuras que se acometan, pese a que a la vez habló en varias ocasiones de “cohesionar” el territorio y “mallarlo”.

Abogó por un acuerdo de país para desarrollar las infraestructuras con independencia de los cambios políticos, y apeló a la “cordura” para acometer futuras inversiones. En este sentido dijo que se prometían “muchas cosas que no se pueden ejecutar” como llevar conexiones de alta velocidad “hasta en el último rincón de nuestra geografía”. Apuntó que había que realizar “estudios serios de relación coste-beneficio de las infraestructuras” y “ser conscientes de cuáles son las posibilidades reales de acometerlas”.

En Teruel hay infraestructuras que podrían peligrar en esa tesitura como el corredor de doble vía y altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo, al que no se refirió en ningún momento, al igual que tampoco lo hizo a la autovía con Cuenca, la A-40, ni la A-25 entre Alcolea y Monreal. En estos dos casos había compromisos de hacer autovías, pero los estudios en marcha contemplan también la alternativa de mejorar las carreteras convencionales actuales en lugar de construir vías de alta capacidad.

El ministro destacó que en Aragón se habían ejecutado en cinco años de gobierno “más de 1.660 millones, un 35% más” que el anterior Ejecutivo, y que si lo oían los extremeños “se tienen que enfadar”. Incidió además en que se habían licitado 1.570 millones, “más del doble que en el periodo anterior”, a la vez que recalcó que en ferrocarriles fuese un “3.770% más que en los años anteriores”. Aludió también a las obras de la A-68 en Zaragoza pero sin concretar cómo iban a avanzar los tramos de la provincia turolense.

El diputado del PP por Teruel y portavoz en la comisión, Alberto Herrero, manifestó al término de la misma en declaraciones a este periódico, que el ministro no había adquirido “ningún compromiso” y era “preocupante por no decir decepcionante” para la provincia de Teruel.

Aseguró que el criterio de hacer obras teniendo en cuenta la relación “coste-beneficio” como había anunciado el ministro “daña muchísimo al medio rural” porque equivale a que “no van a desarrollar ninguna infraestructura” en el territorio. Opinó que ya no hay españoles de primera y de segunda sino de “tercera como los de la provincia de Teruel”, puesto que consideró contradictorio el discurso del ministro al decir que “iban a trabajar por la igualdad de los españoles, cuando es todo lo contrario”.

El PP pide no ampliar más la brecha entre el mundo rural y el urbano

El diputado del PP por Teruel, Alberto Herrero, aseguró en relación a la Ley de Movilidad que pretende impulsar de nuevo el Gobierno con un mapa concesional que se desentiende del territorio, que “no podemos ampliar más lo que es la brecha entre el mundo rural y el urbano”. Anunció que en esa materia van a trabajar “duramente” para incluir “enmiendas que mejoren” la ley para que entre otras cuestiones  siga habiendo paradas de autobús en los pueblos. Recalcó que la ley debe mirar hacia el territorio y no solo fijarse en la comunicación entre los grandes núcleos de población desplazando a los pequeños.

A la vista de las palabras del ministro, Herrero opinó que los próximos presupuestos van a ser “muy dañinos” para Teruel y Aragón porque se va a producir un “desarrollo mínimo en las infraestructuras”. Aseguró que los socialistas están viviendo de las “rentas” de los últimos presupuestos del PP de Mariano Rajoy, y que el actual Ejecutivo está “más preocupado en contentar a sus socios independentistas” que en hacer las infraestructuras pendientes de Teruel. Indicó que en comisión va a trabajar para intentar mejorar eso.