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El Juzgado número 3 de Teruel investiga a un sacerdote por un presunto delito contra la libertad sexual El Juzgado número 3 de Teruel investiga a un sacerdote por un presunto delito contra la libertad sexual
Palacio de Justicia de Teruel, donde ha declarado este jueves el sacerdote denunciado

El Juzgado número 3 de Teruel investiga a un sacerdote por un presunto delito contra la libertad sexual

Adoptadas medidas cautelares de alejamiento de la víctima tras ser puesto este jueves en libertad provisional
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El párroco de una iglesia de Teruel capital, cuyo nombre responde a las iniciales M. O. D., está siendo investigado judicialmente por un presunto delito de agresión sexual a una catequista. Ayer declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel tras su detención el día anterior después de que la víctima presentase una denuncia contra él. El clérigo reconoció ante el juez la existencia de esa relación sexual, prolongada en el tiempo, pero aseguró que había sido consentida. Fue puesto en libertad condicional con cargos y el magistrado decretó medidas cautelares para proteger a la mujer, consistentes en el alejamiento y la prohibición de comunicarse con ella.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre enero y junio de este año, según el auto de medidas cautelares dictado por el juez, que hizo público ayer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). De acuerdo con el mismo, sacerdote y catequista habrían mantenido en ese tiempo una relación que “excedía de la mera amistad”, consistente en “tocamientos” y la “estimulación” sexual de partes íntimas de la mujer.

En el auto se indica que el clérigo ha reconocido la existencia de “una relación sexual consentida por la víctima en la que no hubo penetración, pero sí tocamientos”. La mujer en cambio niega que hubiera consentimiento, según indicó el TSJA. Sobre esas contradicciones entre las partes se centra la investigación judicial para esclarecer las posibles responsabilidades penales del párroco por un presunto delito de violencia sobre la mujer en su modalidad de agresión sexual.

El magistrado considera a partir del contenido del atestado de la denuncia y lo manifestado por la víctima en sede judicial, que su relato “no adolece de error o vicio alguno” y que el mismo resulta “temporalmente coherente sin margen a las ambigüedades”.

En el auto dictado se indica que hubo una “relación continuada y prolongada en el tiempo que excedía de ser un mero encuentro casual y fortuito de carácter sexual”. Añade que existen posibles indicios del “empleo de cierta dosis de violencia, abuso o situación de superioridad física o psíquica”.

Califica el juez de “desmesurada e inadmisible” la actuación del sacerdote entre enero y junio de este año con la catequista, una mujer joven mayor de edad, a la que hizo tocamientos sexuales y estimuló sus partes íntimas tanto por dentro como por fuera de la ropa. Argumenta el magistrado que por la forma de actuar el clérigo existen indicios de que pudo hacerse prevaler de una “relación de superioridad”, dada “la condición de sacerdote del presunto agresor y de dama catequista de la perjudicada”. Incide igualmente en la “vulnerabilidad de la víctima” debido a la “fragilidad psicológica de esta última y la posible manipulación del agresor”.

La relación entre el párroco y la catequista fue conocida por el obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, a comienzos del mes de junio, según informó ayer la diócesis en un comunicado al hacerse público que el sacerdote había sido detenido y puesto a disposición judicial. En el comunicado se indica que el obispo tuvo conocimiento a través de la propia mujer, y que “además de acogerla y escucharla con el máximo respeto y credibilidad, se puso a su disposición, brindándole la ayuda que pudiera necesitar”.

Declaraciones

En el día de ayer prestaron declaración en el juzgado tanto el investigado como la víctima, y hoy el juez ha citado a declarar como testigo al obispo de Teruel, José Antonio Satué, y a una psicóloga. También ha solicitado al Instituto de Medicina Legal una valoración íntegra de la víctima.

En el comunicado emitido por la diócesis se indica que tras varios encuentros del obispo con la mujer y con el sacerdote por separado, resolvió retirar a este último de sus responsabilidades pastorales, decisión que se hizo efectiva con anterioridad a que la víctima presentara la denuncia por vía judicial. Las mismas fuentes precisaron que el clérido, a propuesta del obispo, ha iniciado un proceso de “acompañamiento psicológico y espiritual en un centro especializado de ayuda a sacerdotes”.

En declaraciones del obispo difundidas por la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué manifestó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos denunciados habían procurado “acompañar y ofrecer” a la mujer “la ayuda que pudiera necesitar”.

Responsabilidades

Añadió que desde la diócesis esperan que “el juicio que seguirá a la denuncia sirva para determinar la responsabilidad del sacerdote”, y expresó la disponibilidad del Obispado “para colaborar en todo lo que haga falta en este proceso”. También puso a disposición de las personas que hayan podido sufrir abusos los servicios de acompañamiento y asesoramiento del equipo Repara en Teruel.

El juez decretó la libertad provisional del sacerdote denunciado por la catequista, mientras se completa la investigación judicial. Queda así en situación de investigado y podría ser juzgado por un presunto delito de agresión sexual, salvo que a partir de las pruebas testificales y periciales que se practiquen se resuelva el archivo del caso si finalmente no se aprecian indicios de delito.

Para proteger a la víctima, puesto que según recoge el auto judicial  existe un “riesgo o peligro que altera la integridad física, psíquica o salud mental, incluyendo la sexual, de la denunciante”, se han dictado varias medidas cautelares para proteger a la víctima y “evitar una posible reproducción de hechos similares, dada la probada potencialidad agresiva del acusado”. Además, obliga al sacerdote a que comparezca los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

Las medidas cautelares consisten en la prohibición de que el sacerdote se aproxime a una distancia de menos de doscientos metros respecto de la dama catequista, así como a su domicilio, lugares de trabajo y estudios, lo mismo que a otros sitios que frecuente. También le prohíbe comunicarse con ella por cualquier medio mientras duren las actuaciones judiciales.