El juzgado de lo Social de Teruel mantiene la medida cautelar sobre la obligación de DGA, Salud e IASS de entregar equipos de protección
Suprime el plazo de veinticuatro horas y lo sustituye por el deber de entregarlos diligentemente conforme dispongan de ellosEl juzgado Social de Teruel mantiene la medida cautelar sobre la obligación de la DGA, del Salud y del IASS de entregar equipos de protección individual a los profesionales sanitarios a medida que disponga de ellos. El juzgado ha resuelto el recurso de reposición interpuesto por la Administración autonómica ante la demanda de los sindicatos médicos de Aragón CESM Aragón y Fasamet,
El auto de la juez mantiene el requerimiento para que la administración proporcione a los empleados públicos sanitarios los equipos de protección individual (EPI´s) adecuados por riesgos de exposición ante el agente biológico virus SARS-CoV-2 y el riesgo y de contraer la enfermedad Covid-19. Además, suprime el plazo de veinticuatro horas que se pedía por carecer la administración de los equipos y lo sustituye por el deber de entregarlos diligentemente conforme dispongan de ellos.
Por otro lado, la juez rechaza que las formaciones sindicales no estuviesen legitimadas para solicitar la medida cautelar como alegó la DGA, el SAS y el IASS, aunque se circunscribe el requerimiento respecto al personal sanitario del Grupo A (médicos y enfermeros) por el ámbito profesional del Sindicato actuante, referido a empleados públicos del Grupo A (graduados), informan CESM Aragón y Fasamet en un comunicado de prensa.
Según la nota de prensa, el mantenimiento de las medidas cautelares implica que el juzgado reconoce el riesgo grave para la salud de los empleados públicos sanitarios y para los pacientes y ciudadanos atendidos. Expresamente se dice en el auto que la administración ha acreditado "la entrega de cierto material al personal sanitario, pero francamente, es del todo insuficiente …”.
DGA, SAS e IASS recurrieron, igualmente, el auto de 27 de marzo del Juzgado Social número 1 de Zaragoza y el auto de 30 de abril de 2020, del juzgado Social de Huesca sobre medidas cautelares, recursos resueltos con un contenido similar al dictado ahora por el juzgado de Teruel, añade la nota.