El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel archiva la querella de Argo Navis por delitos societarios

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta hace casi dos años por la querella que la sociedad Argo Navis Levante presentó contra Caja Rural de Teruel y Construcciones Vicente Pérez en relación a la construcciones de dos residencias para la tercera edad en la capital turolense y Valderrobres. El juez estima en su auto que tras el largo proceso de instrucción seguido no se aprecian indicios de criminalidad, mientras que la Fiscalía tampoco aprecia ningún tipo de infracción penal.

El auto del juez, con fecha del pasado 9 de abril, acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al entender que “de lo actuado no  resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, a partir de la querella que presentaron los socios de Argo Navis Levante, justo al inicio de un proceso concursal que lleva paralizado desde mediados del año 2017, que es cuando se presentó la querella.

El fallo no es firme ya que puede ser recurrido tanto en reforma ante propio juzgado, como en apelación ante la Audiencia Provincial, como así ha anunciado que hará uno de los querellantes, David Pedrajas, quien aseguro que les había sorprendido el auto del juez y que lo estaban estudiando en profundidad para recurrirlo.

La resolución del juzgado se produce un mes después de que declararan los representantes legales de las dos entidades querelladas, Caja Rural de Teruel y Construcciones Vicente Pérez, a quienes los socios de Argo Navis acusaban de delitos societarios, con el argumento, entre otras cuestiones, de que hubo una sobrevaloración injustificada del coste de las obras que supuso un incremento del endeudamiento.

La denuncia se presentó el 10 de julio de 2017 y tras una larga instrucción la Fiscalía decidió a principios de este mes no presentar acusación al entender que de todo lo practicado no resultan indicios mínimos de infracción o infracciones penales para continuar con la causa, pidiendo por ello el sobreseimiento provisional.

Resolución

Así lo ha asumido el juez instructor, que en un auto dictado el pasado 9 de abril entiende que “no concurren indicios racionales de criminalidad que nos determinen a continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado, como fase intermedia para el posterior juicio oral”, acordando por ello el archivo provisional a expensas de lo que pueda decir la Audiencia Provincial si finalmente presentan recurso como han anunciado que harían los querellantes.

En el auto del juzgado, el magistrado señala que los querellantes hablan de multitud de delitos, reprochándose a los querellados “comportamientos y conductas genéricas”, pero “sin concretar en actuaciones individualizadas y precisas qué hechos se reprochan”. Añade que “se cuestionan grandes números y actitudes sin ninguna especificación”.

Los querellantes habían denunciado que fueron embaucados para incorporarlos a una operación que pretendía “limpiar” las cuentas de Caja Rural y paliar un “agujero” de Construcciones Vicente Pérez, pero en cambio el juez no aprecia que existiera una estrategia preestablecida por parte de los querellados: “no ha podido extraerse ni un solo indicio de una supuesta estrategia orquestada para desviar fondos a fines distintos de la propia financiación de la construcción de la residencia de Valderrobres y de la ampliación de los Paules”.

El juez argumenta también en el auto que no hay indicios tampoco de que Caja Rural tomara el control de la constructora ni de Argo Navis, “más allá del control que una entidad puede exigir para asegurar su inversión”. Incluso afirma que la entidad financiera “llegó a estar fuera de juego”, lo que evidenciaría que “no tuvo un papel protagonista”.