El Justicia considera adecuado en términos generales el proceso de vacunación pero pide concretar las instrucciones

 El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, considera adecuado, en términos generales, el proceso de vacunación en la Comunidad, pero insta al Gobierno autonómico a concretar instrucciones previas y sobre el seguimiento y ejecución del mismo.

Así se resuelve en el expediente abierto en la institución del Justicia el pasado 27 de enero sobre el Plan de Vacunación de Covid 19 y a raíz de varias quejas ciudadanas que derivaron en ocho expedientes y ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre diversas incidencias en el proceso.

El Justiciazgo solicitó información a los Departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales y al de Sanidad sobre diferentes aspectos relativos a dicho proceso de vacunación, y de manera más concreta al grupo que en ese periodo era objeto de vacunación: centros residenciales de mayores, de personas con discapacidad y trabajadores de dichos centros.

Según explica el Justiciazgo en una nota de prensa, para la tramitación del expediente se han mantenido diversas conversaciones con sanitarios directamente implicados en el proceso de vacunación y sin relación directa, tanto de atención primaria como de hospitalización, y se ha accedido a material formativo del personal que directamente debía asumir las labores de vacunación, y a protocolos de entidades privadas donde la misma se ha producido.

De la información obtenida, el Justicia no aprecia ningún tipo de generalización en las posibles irregularidades de dicho proceso y reconoce la labor de los profesionales sanitarios que, ante una situación epidemiológica y científica cambiante a nivel global, han tenido que adoptar, en ocasiones, decisiones en circunstancias que los diferentes protocolos no especificaban.

Por ello, la institución considera necesario que se proceda a valorar por parte de las administraciones si las instrucciones y protocolos pudieran adolecer de alguna omisión, falta de concreción o inexistencia de regulación al respecto de dicho proceso de vacunación y que pudieran subsanarse ante las novedades científicas, como el caso de la sexta dosis, o situaciones excepcionales que se planteen en plena fase de ejecución material del mismo.

Asimismo, sugiere mayores mecanismos de control, con carácter previo y posterior, que no solo garanticen la vacunación de los grupos prioritarios establecidos, sino que además otorgue a la ciudadanía en general una mayor confianza en el proceso.

"Confianza que, en este esperado principio del fin de la crisis sanitaria, se impone tan necesaria como desde su comienzo; y en el que la sociedad en su conjunto debe contribuir a su erradicación mediante la eficacia de sus instituciones, la ejemplaridad de los gestores y la responsabilidad individual ciudadana", sentencia el Justicia.