El Justicia aboga por la videovigilancia para la mejora de la seguridad en los pueblos

El Justicia de Aragón es partidario de la instalación de sistemas de videovigilancia en los accesos de los pueblos que así lo crean conveniente. La colocación de cámaras se ha enfrentado durante años a la reticencia de las autoridades administrativas por una cuestión de garantía jurídica, pero cada vez hay mayor predisposición a este recurso para mejorar la seguridad en las zonas rurales, que afrontan el reto de hacer frente a la delincuencia ante el fenómeno de la despoblación. En la provincia hay cinco pueblos que cuentan con autorización de videocámaras, aparte de la capital, y nueve municipios tienen en tramitación expedientes para instalarlas.

El último informe especial que ha realizado el Justicia de Aragón, presentado el mes pasado, aborda el problema de la seguridad en el medio rural ante la intranquilidad que ha detectado en los pueblos. El documento, titulado Informe Especial del Justicia sobre Seguridad en el Ámbito Rural, que está accesible en la página web de la institución, constata que esa sensación de inseguridad existe, además de la dificultad manifestada por agricultores y ganaderos a la hora de interponer una denuncia por los robos que acontecen en el medio rural.

Eso genera una “cifra oculta” de delitos que no se denuncian y que tampoco figuran en las estadísticas de criminalidad, que después son las que se valoran para la adopción de determinadas medidas como la autorización de cámaras de videovigilancia.

El informe del Justicia recurre a datos del Balance de Criminalidad que trimestralmente ofrece el Ministerio del Interior. Los últimos datos que aporta son los del tercer trimestre de 2022, y advierte que la situación en el cuarto trimestre no iba a mejorar, como así ha sucedido con la actualización de esa información con cifras correspondientes ya a todo el ejercicio.

En la provincia de Teruel, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones aumentaron el año pasado un 122,4% con respecto al ejercicio anterior, cuando todavía se estaba con la pandemia y la movilidad de los ciudadanos estaba limitada. Pero es que si se compara ese dato con el de 2019, antes de la covid, se observa también un incremento del 70,9%. Este tipo de delitos son a los que más expuestos están los habitantes del medio rural por el fenómeno de la despoblación, al estar muy dispersos los núcleos de población y existir pocos residentes, lo que facilita la comisión de estas infracciones penales.

La diferencia en términos porcentuales con la evolución en Aragón y la media nacional es considerable, puesto que el incremento de estos delitos en Aragón fue del 18,2% con respecto al ejercicio anterior, y del 2,5% en relación a antes de la pandemia. De igual forma, a nivel estatal aumentó un 14,6% la evolución anual, si bien con respecto a la situación que había antes de la pandemia se observa un descenso del 15,3% en estos robos con fuerza en los domicilios.

La delegada del Gobierno de España en Aragón, Rosa Serrano,  indicó que a pesar de ello Aragón sigue siendo una Comunidad Autónoma segura, la cuarta de España, mientras que en Teruel la criminalidad está 22,3 puntos por debajo de la media española. Precisó que mientras en la provincia se cometen 26,7 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, la media nacional está en 49. Además, apuntó que se está trabajando en facilitar que los ayuntamientos puedan solicitar la instalación de videocámaras de seguridad cuando ven esa necesidad.

El subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, indicó que existe el compromiso de informar favorablemente todas las peticiones, y que si ven algún resquicio que pueda echarlas para atrás, “nos anticipamos y hablamos con los alcaldes para intentar corregirlas”. Argumentó que conociendo las características del territorio, es una medida por la que están “apostando firmemente”, puesto que aporta seguridad a los vecinos y además facilita el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad para sus investigaciones.

Rosa Serrano apuntó que es algo que “se está demandando por parte de las localidades pequeñas”, si bien precisó que eso “no sustituye esa seguridad que tenemos en el territorio” y la colaboración con los ayuntamientos cuando existe alguna necesidad concreta.

La semana pasada la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley instando al Ejecutivo central que “apoye a los municipios aragoneses a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y a colaborar en la tramitación ante la Delegación del Gobierno dando cobertura legal en la instalación de videocámaras de seguridad en aquellos municipios que lo soliciten”.

La iniciativa se aprobó en consonancia con el reciente pronunciamiento del Justicia de Aragón en su informe, en el que entre sus propuestas plantea la instalación de sistemas de videovigilancia en los accesos a los pueblos.

El informe argumenta que en determinadas situaciones, la falta de medios personales para labores de seguridad ciudadana “puede ser coadyuvada por la introducción de medios materiales, especialmente de carácter tecnológico”, entre ellas la “instalación de sistemas de videovigilancia en los principales accesos a los municipios” de las zonas rurales.

El Justicia recuerda que los pueblos reclaman que se les faciliten los trámites burocráticos y la obtención de las autorizaciones pertinentes, “por lo que se debería establecer una coordinación y colaboración jurídica para la obtención de los permisos oportunos”.

La Delegación del Gobierno y la Subdelegación en Teruel están por la labor, pero no depende de ellos, ya que quien lo autoriza o deniega es la Comisión de Garantías de Videovigilancia. Si bien hasta ahora se ha sido poco receptivo por las garantías jurídicas de una decisión así, en este momento hay una mayor sensibilidad y demanda social puesto que es un elemento más de seguridad muy importante para la gente que vive en zonas poco habitadas. Cumple una función preventiva y los cuerpos y fuerzas de seguridad, que son los que tienen acceso a esas imágenes, son los más interesados en poder incorporar este recurso a la lucha contra la criminalidad en las áreas rurales.

Cámaras instaladas

Actualmente, según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Teruel, hay cinco municipios en la provincia, aparte de la capital, que tienen autorización de videocámaras. En total suman 37 cámaras y esa autorización caduca este año en todas ellas excepto en una, Huesa del Común-Rudilla, que la tiene hasta marzo del próximo año con 6 cámaras. Las otras localidades son Albarracín (22 cámaras), Valjunquera (2), Aguatón (4) y Calomarde (3).

Por otra parte, hay diez municipios y pedanías que tienen expedientes en trámite para autorizar o renovar videocámaras. La capital, siendo la Policía Local la autoridad competente, tiene un expediente presentado para la renovación de la autorización de las 18 cámaras de que dispone en la ciudad, además de una nueva autorización para colocar 2 videocámaras en el barrio de San Blas.

Alcañiz también tiene un expediente de trámite para que se le autorice la colocación de videocámaras, que en este caso dependerán también de su Policía Local, mientras que en el resto de municipios la autoridad competente será la Guardia Civil, si bien son los pueblos los que lo solicitan. Esos expedientes de autorización corresponden a Albalate del Arzobispo (5 cámaras), Blesa (4 ), Singra (1), Peñarroya de Tastavins (2), Alcaine (2), Loscos (5) y Bañón (11).

Son los ayuntamientos que quieren este tipo de instalaciones los que deben presentar su solicitud en la Subdelegación, y en caso de ser autorizadas corresponde a las entidades locales tanto el tratamiento de imágenes como su mantenimiento. Quien resuelve es la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que está regulada por la Ley Orgánica 4/1997, que analiza la utilización de estas cámaras de vigilancia en lugares públicos con la intención de su uso exclusivo para garantizar la seguridad de las personas, según indicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Las mismas fuentes señalaron que su uso debe ser “estrictamente respetuoso con los derechos y libertades de los ciudadanos de acuerdo con los principios de idoneidad e intervención mínima”.

La Comisión de Garantías que debe resolverlo está formada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el Fiscal Jefe del TSJA, un Abogado del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en Aragón y otro de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias. Junto a ellos están representados tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, además del Ayuntamiento que ha solicitado la instalación. La solicitud es analizada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, según la competencia territorial de cada cuerpo y en función de si tiene Policía Local o no, y posteriormente la evalúa y resuelve la Comisión de Garantías, que tiene en cuenta que no se vulneren los derechos individuales de los vecinos.

Más medios y la necesidad de aumentar la presencia de efectivos en el territorio

La institución del Justicia de Aragón va mucho más allá de plantear la instalación de cámaras de videovigilancia en los pueblos para mejorar su seguridad, puesto que insta igualmente a que se dote de más medios personales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en concreto aumentar el número de efectivos en el medio rural.

A este respecto, el informe señala que desde la Institución del Justiciazgo se es “consciente” del esfuerzo que ha realizado la Administración para dotar de un mayor número de agentes a los municipios aragoneses, pero que pese a ello, “no parece ser suficiente para poder cubrir la demanda de servicios y la prestación de un servicio donde se vea garantizada la dotación oportuna para una seguridad ciudadana de calidad”. Para ello considera que “se debería aumentar el número de agentes de la benemérita en el medio rural tras los estudios, análisis y reorganización oportunos”.

El informe se pronuncia igualmente sobre la situación de muchos puestos de la Guardia Civil y considera que debería tenerse en cuenta una reorganización de los mismos.