El juez incide en la conducta “peligrosa” y “agresiva” del concejal al engañar a un joven de 20 años para intentar mantener relaciones no consentidas

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Teruel, Carlos Aranda, fue puesto en libertad provisional por el juez de guardia, con medidas cautelares, tras ser detenido en la madrugada del domingo por un presunto delito de agresión sexual contra un joven de 20 años, al que realizó tocamientos en contra de su voluntad, después de hacer que fuese a su casa mediante engaños e intentar mantener allí relaciones sexuales no consentidas. El juez incide en el auto en que Aranda llevó a cabo un comportamiento “potencialmente peligroso y sexualmente agresivo” contra la víctima, que huyó del domicilio del concejal, al que había acudido porque le ofreció cobijo para dormir puesto que se encontraba ebrio, y denunció la agresión ante la Policía Nacional.

Carlos Aranda está investigado por un presunto delito de agresión sexual y el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha abierto diligencias judiciales para esclarecer los hechos. Fue detenido en la madrugada del domingo y permaneció en los calabozos de la Comisaría hasta las 8 de la mañana del lunes, cuando fue conducido a los juzgados de la plaza San Juan para ser puesto a disposición judicial.

El juez decretó pasado el mediodía su puesta en libertad provisional, con medidas cautelares, tras tomarle declaración tanto a él como a la víctima, un joven de 20 años cuya residencia habitual es Calamocha. De hecho, en el auto, el magistrado prohíbe a Aranda residir o acudir a esta localidad del Jiloca mientras duren las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Es una de las medidas cautelares que ha dictado el juez para proteger a la víctima ante el riesgo de que pueda intentar ponerse en contacto con el joven. Prohíbe también a Aranda que se aproxime a la distancia de menos de 300 metros de la víctima, así como a su domicilio, lugares de trabajo o estudio y aquellos que frecuente habitualmente, además de intentar comunicarse con él por cualquier medio.

En caso de que incumpliese  esas medidas de alejamiento,  incurriría en un delito de quebrantamiento de medida cautelar y se procedería entonces a su detención. La situación en la que quedó es la de libertad provisional. Ahora el juez deberá completar la instrucción con todo el proceso que le acompaña antes de que las partes formulen sus escritos de acusación o de defensa y se señale la celebración del juicio, que es cuando se resolverá definitivamente la situación penal del investigado.

Al concejal se le investiga por un presunto delito de agresión sexual previsto y penado en el artículo 178 del Código Penal, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años. Durante el proceso deberá determinarse la gravedad de los hechos.

Aranda es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Teruel y tenía a su cargo las delegaciones de Deportes y Barrios Rurales, responsabilidades de las que fue cesado el lunes mismo por la alcaldesa. Entró como concejal de Cs en la corporación municipal a finales de 2019, después de que dimitiese su predecesor, Francisco Blas, al verse implicado en otro asunto judicial y por el que fue condenado por un delito leve de hurto al apoderarse del dinero y de un boleto de lotería que había en un bolso que su propietaria había olvidado en un carro de la compra de Alcampo.

La situación de Aranda es más complicada porque a él se le investiga por un tipo penal grave, puesto que el juez considera que podría haber incurrido en un delito contra la libertad e indemnidad sexual, “incluyendo el empleo de una dosis de violencia psicológica”, según recoge el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Madrugada del domingo

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, cuando el concejal y la víctima coincidieron en un pub de la Zona. Posteriormente, Aranda habría quedado por teléfono con la otra persona, al parece en la carpa de los Planos, y allí le habría ofrecido que se quedase en su casa para que pudiera descansar debido a su estado etílico. En la vivienda del concejal, y sin consentimiento de la víctima, habría realizado los tocamientos para intentar mantener relaciones sexuales. El joven aprovechó un descuido de Aranda para huir de la vivienda y acudir a la Policía Nacional para presentar una denuncia.

De acuerdo con lo que ha trascendido de las actuaciones judiciales practicadas, el concejal habría insistido por teléfono en sus intenciones mandándole mensajes de WhatsApp y llamándole  incluso en presencia de los agentes que intervinieron.

Tras ser puesto en libertad provisional, Aranda abandonó los juzgados por una de las puertas posteriores del Palacio de Justicia, la que tiene acceso directo al Juzgado de Menores, para intentar eludir a los periodistas. Al estar haciendo la prensa guardia tanto en la puerta de acceso principal como en las posteriores no pudo evitarlos, pero declinó hacer declaraciones.

Con aspecto cansado y semblante muy serio se dirigió a un vehículo blanco con conductor que le aguardaba con el motor encendido y, pese al requerimiento de los periodistas para que se pronunciase sobre lo ocurrido, no abrió la boca y caminó con la mirada fija puesta en el coche hasta introducirse en él.

Testimonio de la víctima

El juez, en su auto de medidas cautelares, que justifica por la “probada potencialidad agresiva del acusado” en la comisión del presunto delito, muestra su convencimiento del mismo por la firmeza en el testimonio de la víctima, el cambio de versión que hizo el acusado, los mensajes de móvil, el parte médico y el informe pericial psicológico.

La resolución judicial señala que “existen indicios razonables y fundados” para demostrar la “actuación sexualmente agresiva” de Carlos Aranda contra la víctima, de 20 años de edad.

El juez afirma en el auto que el concejal “engañó” al joven “para mantener relaciones sexuales no consentidas, llevándolo a su casa, prevaliéndose de la ingesta de alcohol” de la víctima, “a quien una vez en su domicilio y tras empujarlo contra su cama, le propinó tocamientos no consentidos, en los genitales y en los glúteos por debajo del pantalón, hasta que la víctima tras pedirle un vaso de agua, logró huir del domicilio, pese a la insistencia y requerimientos del presunto agresor, quien no paraba de llamarlo telefónicamente, incluso en presencia de los agentes actuantes”.

Se apoya el juez en la verosimilitud de los hechos denunciados por la víctima “inmediatamente después de acaecer los hechos en sede policial”, así como lo manifestado en la sede judicial, “dotado de credibilidad y sin margen de error alguno”.

También lo fundamenta en la existencia de mensajes de WhatsApp “que acreditan  las intenciones del investigado durante el devenir de los hechos”; así como en “las manifiestas contradicciones en que incurrió el investigado en el momento de su detención, al relatar delante de los agentes actuantes que el agredido sexualmente ni tan siquiera había subido a su domicilio, hecho totalmente mendaz del que tuvo que retractarse en el acto”; y en el parte médico del hospital donde fue asistido y el posterior informe pericial psicológico y forense realizado a la víctima. Recalca el juez que la valoración de todos estos elementos “esclarece, sustenta y apoya los hechos acaecidos” objeto de la denuncia.

Justificación de las cautelares

Sobre la necesidad de las medidas cautelares impuestas al concejal, el juez insiste en la parte final del auto en que las mismas responden a una “situación objetiva y concreta de riesgo”, puesto que Aranda “llevó a cabo una conducta o comportamiento potencialmente peligroso y sexualmente agresivo” contra el joven al menoscabar su integridad sexual al “realizar una serie de ‘tocamientos’ a sus órganos sexuales, sin autorización ni consentimiento alguno, prevaliéndose de una relación de superioridad merced a la diferencia de edad y al estado etílico en el que la víctima se encontraba, engañándole para que fuera a su casa, bajo pretexto de darle cobijo donde dormir o pasar la noche, para posteriormente consumar los actos sexuales”.

El tipo penal por el que se le investiga prevé la superioridad

El tipo penal por el que se investiga a Carlos Aranda es el 178 del Código Penal relativo a las agresiones sexuales. El mismo señala que “será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”. Incide en que “solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Este artículo añade que se considerará agresión sexual todo acto que se realice empleando la violencia, intimidación o el abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima.