El informe de los empresarios sobre la situación socioeconómica de Teruel exige actuar antes de alcanzar un punto irreversible

El informe sobre la situación socioeconómica que las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria han presentado a la Comisión Europea junto con las alegaciones al mapa de ayudas comunitarias para el periodo 2021-2027 es incuestionable, ya que muestra un tejido productivo y una evolución de la población en franco retroceso que si no se actúa ahora será irreversible. La documentación que aportan las confederaciones empresariales de estas tres provincias, muy trabajada por sus técnicos, ofrece una radiografía clara de cuál es la situación de estos territorios y de sus desventajas frente al resto del país. Europa debería reflexionar con esos argumentos porque el panorama que muestra es crítico, una situación que además se puede agravar con la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Los técnicos de las tres organizaciones empresariales y de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA por sus siglas en inglés) han hecho un dibujo milimétrico de cuál es la situación de cada una de estas tres provincias con un tejido productivo débil que es consecuencia de la despoblación y el envejecimiento de sus territorios.

En el informe que acompaña a las alegaciones presentadas ante la Comisión Europea, y que forma parte del mismo porque son los argumentos que se esgrimen para que estas tres provincias se equiparen a los territorios nórdicos despoblados que gozan de ayudas de estado para el funcionamiento, se pueden ver las claras desventajas en las que se mueve Teruel con respecto al resto del país, junto con sus compañeras de reivindicación, Soria y Cuenca.

Estos argumentos pretenden hacer ver a Europa que la situación de las tres provincias es equiparable a la de Noruega, Suecia y Finlandia, en cuyas zonas despobladas las empresas, además de ayudas a la inversión, reciben ayudas al funcionamiento, que permiten eximir de cotizaciones sociales a lo largo del tiempo y que convierten en atractivos estos lugares para atraer actividad empresarial, generar empleo y de esta forma combatir la despoblación y evitar el éxodo de sus habitantes, además de reequilibrar las pirámides de edad de la población por el envejecimiento.

En España no se conceden esas ayudas al funcionamiento, que los reglamentos comunitarios han hecho exclusivas de las zonas despobladas de los países nórdicos, y que es ahora lo que quieren romper las organizaciones empresariales de las tres provincias españolas para poder beneficiarse también de ello, ya que pueden suponer exenciones fiscales de hasta el 20%. La competencia es lo que ha impedido hasta ahora la aplicación de medidas de este tipo, pero de la documentación y análisis que aportan las organizaciones empresariales se desprende que está más que justificada la necesidad de poder acceder a esas ayudas de funcionamiento en aras al principal mandado de la Unión Europea tal como recoge su Tratado de Funcionamiento en su su artículo 174, como es la cohesión social.

En el informe se constata la pérdida de población, de sobras conocida desde hace tiempo, pero se incide en cuestiones como la situación del tejido productivo, clave para entender no solo a qué se debe el problema actual sino su irremediable evolución futura a peor si no se interviene ya.

Con un tejido productivo potente y empleo se generará trabajo y riqueza, y la gente se asentará en el territorio y crecerá como ha sucedido en otras partes, pero la radiografía que hacen las organizaciones empresariales en su informe muestra una situación preocupante por las grandes diferencias que existen con el resto de España.

Zonas despobladas

Si la tendencia de las tres provincias es seguir avanzando hacia umbrales de densidad de población cercanos a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, como sucede en las zonas despobladas del norte de Europa, la estructura económica muestra una deriva constante hacia la desigualdad con el resto de territorios del país.

Sucede con el PIB per cápita, que coloca a Teruel, Cuenca y Soria entre las últimas de España en peso económico, pero es el análisis de la estructura productiva la que muestra mayores desequilibrios.

Así, el conjunto del tejido productivo de Soria, Cuenca y Teruel está constituido de forma mayoritaria por pymes sin trabajadores (51% del total de las tres provincias), seguido de micropymes de entre 1 y 9 trabajadores (44,7%); las empresas entre 10 y 49 trabajadores, que representan el 3,5% del total; las medianas empresas con entre 50 y 249 empleados, que constituyen el 0,37%; y las grandes empresas con más de 250 trabajadores que suponen solo el 0,06%.

En el caso de la provincia de Teruel, tres cuartas partes del total de centros de cotización que hay no supera los 5 afiliados, seguidas de pequeñas empresas que tienen entre 6 y 25 afiliados en su centro de trabajo. Solo 5 empresas superan los 500, lo que constituye un 0,10% de los centros de cotización, que agrupan al 8,75% de los trabajadores.

El informe de las tres patronales concluye que “la reducida dimensión de las empresas de Soria, Cuenca y Teruel da cuenta de la situación de clara desventaja para competir en los mercados nacionales e internacionales, pues la productividad es menor como consecuencia de la imposibilidad de acceder a economías de escala y por ello, de verse beneficiadas de la reducción de costes de producción”.

Añaden las organizaciones empresariales que a su vez, “la menor productividad está directamente relacionada con la competitividad de las empresas”, y por otra parte, “la escasa dimensión empresarial dificulta el acceso al crédito a la vez que incrementa el coste de financiación de las pequeñas empresas (muy superior al de las medianas y grandes)”.

Señala por otra parte que “esta estructura mayoritaria de micropymes unida a la escasez de grandes empresas (solo 19 en las tres provincias) hace que no existan referentes de modernización para las empresas de los tres territorios”.

Analiza también el documento la forma jurídica de las empresas, donde constata que mientras en el conjunto del país los autónomos constituyen el 53,51% del tejido productivo, en las tres provincias de la SSPA ese porcentaje se eleva al 55,21%, que en el caso de Teruel es del 54,94%.

Los autores señalan que este dato “da cuenta de una mayor debilidad del tejido productivo, por cuanto el empresario autónomo tiene una menor productividad, así como una mayor dependencia del mercado local, mercado que en las tres provincias se caracteriza por una débil demanda de productos y servicios”.

En otro apartado se aborda la especialización productiva de estos tres territorios, y se llega a la conclusión de que tienen un menor peso del sector servicios frente a la media nacional: el 72,09% frente al 80,61% respectivamente. A la vez, tienen un mayor peso del sector agrícola, el 11,8% frente al 6,27% nacional.

Sobre las actividades en sectores punteros y de I+D, el documento constata su escasa presencia en las tres provincias. En Teruel la afiliación a la Seguridad Social de esos sectores es de solo el 0,82% sobre el total provincial, cuando en España es del 2,45%. 

Se da cuenta también del bajo nivel de exportaciones, el 0,075% en el caso de la provincia de Teruel frente al 6,1% de España, pero es al analizar el mercado laboral donde los autores inciden para demostrar el papel que desempeña la despoblación en la estructura económica. Las tres constituyen las provincias españolas con menor número de población activa en términos absolutos, mientras que la afiliación a la Seguridad Social muestra cómo el número de afiliados mayores de 55 años representa el 21,25% del total (20,84% en Teruel), frente al 17,66% a nivel nacional. Si a ello se suma el alto porcentaje de afiliados entre los 45 y 55 años, que como media en las tres provincias es del 28,9%, los autores sostienen que eso “supone un efecto perjudicial sobre el crecimiento económico en la década actual y siguiente, comprometiendo seriamente el futuro de las tres provincias”.

En el caso de la población ocupada se incide en la evolución negativa durante los últimos doce años, con un decrecimiento en mayor medida que la media española, con pérdidas del 13,6% en Teruel, el 11,4% en Cuenca y el 8% en Soria. A medio y corto plazo, los autores afirman que “esta negativa evolución plantea serios obstáculos a la posibilidad de crecimiento económico de estas provincias, teniendo a su vez en cuenta que tan relevante como la pérdida de población ocupada (en un grupo ya de por sí muy reducido), es el envejecimiento que se está produciendo en la misma”.

Los técnicos de las organizaciones empresariales analizan por otra parte los contratos por municipios y el peso del sector público, más elevado en las tres provincias estudiadas, donde de cada 100 personas ocupadas, más de 18 trabajan en la función pública, cuando esa ratio en el conjunto de España es de 13. “El peso del sector público, que resta de la parte privada, es otro elemento que refleja la debilidad de estas áreas en desarrollar nuevas oportunidades de ingresos y consecuentemente empleo”, considera el informe.

Lastre para las empresas

Por último, al ver los datos del paro, los autores argumentan que los datos muestran que el mismo está muy por debajo de la media nacional, pero aclaran que “este dato no es sino consecuencia de la situación demográfica, pues lejos de ser un dato positivo, supone un gran lastre para las empresas, por cuanto no existe mano de obra suficiente para atender a las necesidades de contratación”.

Además, al analizar el número de pensionistas sobre la población total en las tres provincias se observa un porcentaje por encima de la media española del 1,33%, que en Cuenca alcanza el 2,2%, en Teruel se sitúa en el 1,53% y en Cuenca en el 1,55%.

Todo ello lleva a los autores a concluir que “la situación de declive que sufren Cuenca, Soria y Teruel afecta sobremanera a su tejido empresarial, por lo que se hace necesaria una intervención urgente para resolver los enormes problemas a los que se enfrenta el mercado laboral y las condiciones restrictivas del entorno”. Obtener ayudas al funcionamiento empresarial, como se pide a Europa, sería una medida prioritaria para atraer el interés de la inversión por las exenciones fiscales, de manera que se creara un nuevo tejido, se consolidara el que ya existe y ayudara a la creación de empleo y riqueza que asentara y atrajera población.