El hospital de Teruel, banco de pruebas de la nueva ley de contratos públicos

Desde marzo de 2018, la obra pública cuenta con una nueva Ley de Contratos del Sector Público que cambia radicalmente el sistema. La construcción del Hospital de Teruel es pionera en su uso, y se ha convertido en banco de prueba en el que empresas y comunidades autónomas tienen el ojo puesto para utilizar, o no, como ejemplo a seguir.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha cambiado el paradigma de la construcción de obra pública en España. Con su puesta en marcha, entre otros aspectos, pretende evitar que unas pocas grandes constructoras se hagan con la inmensa mayoría de estos contratos millonarios. Para ello, obliga a la Administración pertinente a fraccionar las partes de un proyecto y poner en marcha un procedimiento concursal para cada uno de ellos. 

Por suerte o por desgracia, Aragón se ha convertido en la primera Comunidad Autónoma en tener que adaptarse a este método porque la legislación se ha puesto en marcha poco antes de iniciar este proceso de una obra de gran calado. Nada menos que el nuevo hospital de Teruel, que tiene una inversión prevista que ronda los 100 millones de euros y que se desarrollará a lo largo de cuatro años. 

Y con este nada despreciable cambio se han tenido que poner manos a la obra los funcionarios del Gobierno de Aragón encargados de la licitación. No es exagerado decir que han desempeñado esta labor a ciegas, sin otro proceso al que poder acudir como referencia, algo habitual en la Administración. Por este motivo, muchas comunidades autónomas tienen los ojos puestos en él, y si sale bien, sentará las bases de un nuevo método que se repetirá en años venideros. 

Pero no solo otras regiones están pendientes de este proceso. También empresas de la construcción que, analizarán cada detalle del proceso, en busca de alguna grieta, que les permita llevar ante la Justicia esta nueva concepción de la contratación pública. Así han tenido que trabajar desde la Administración, teniendo una espada de Damocles sobre sus cabezas, ya que cualquier fallo cometido en la elaboración de los pliegos podría derivar en procesos judiciales tremendamente gravosos para la Hacienda Pública aragonesa. 

Bien lo sabe el director del Área de Obras del Servicio Aragonés de Salud, Francisco Muñoz. “Hemos sido pioneros para lo bueno y para lo malo. Ha sido muy complicado y un trabajo enorme del equipo”, reconoce. Como buen trabajador de la Administración Pública, aunque reconoce que el cambio ha sido complejo, añade con resignación de la buena que “siempre un cambio es complejo y supone una cierta revolución”. 

Muñoz ya ha pasado por varias leyes en sus años de experiencia, y es plenamente consciente de que cada ciertos años los parámetros que rigen su labor van a cambiar. Y no entra a valorarlos: “El legislador entiende que era necesario ofrecer mayor concurrencia competitiva y mayor publicidad, y todos nos ponemos al servicio de esa idea. Quizás nos ha generado más trabajo administrativo, y los plazos, quizás, se han alargado un poco, pero no podemos permitirnos el lujo de cuestionar las reglas del juego. Tienes que adaptar el equipo de trabajo a intentar cumplirlo”. 

Muñoz reconoce así que supone un plus de esfuerzo, pero también relativiza esta lentitud añadida al proceso. “Igual sacaremos un poquito menos de trabajo -explica Muñoz-, pero hay más ingredientes de los que depende la marcha de la contratación pública, como los presupuestos autonómicos”.

Lo más duro, posiblemente, para Muñoz, ha sido saber que “todo el mundo esperaba a ver quién daba el primer paso”, y le ha tocado a él. Lo que, “nos ha hecho medir muy bien cada paso”, asegura. 

Desiertos cuatro de los 14 lotes

La construcción del hospital de Teruel se compone de catorce lotes. Nueve de ellos dividen la obra en fases, mientras que los otros cinco se refieren a la dirección de la misma y corresponden a las figuras de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, coordinador de seguridad y coordinador de planificación de los lotes. “Este último, es una figura inédita que se introduce por la nueva ley, ya que es quien tiene que aunar las planificaciones de los nueve lotes de obra y conjugarlos para hacerlos viables”, explica Muñoz. 

Este ha sido el mayor escollo del proceso hasta el momento, ya que fue el único de los cinco lotes de dirección que quedó desierto. Sin él, no se puede avanzar. Sin embargo, tal como prevé la ley, posteriormente se invitó a varias empresas a formar parte de un proceso negociado que ha permitido preadjudicar a una de ellas el contrato. 

También quedaron desiertos algunos de los nueve lotes correspondientes a la obra, concretamente fueron tres: medidas de protección contra incendios, gases medicinales y ascensores. Por suerte, ninguno de ellos es necesario para arrancar la obra, y, además, del mismo modo que el anterior caso, también han sido ya preadjudicados a alguna de las empresas a las que se invitó a un proceso negociado. 

Parece inevitable que, al dividir por lotes, cada uno parezca tener vida propia una vez sacados a licitación. En estos momentos, aunque se iniciaron al mismo tiempo, pasan por distintas fases. A algunos aún se puede presentar recurso, en otros se está todavía comprobando los requisitos de solvencia de los preadjudicatarios. Según Muñoz, si todo marcha según lo previsto, todos ellos, los 14, estarán firmado entre diciembre y enero, lo que permitirá poner la primera piedra en la primavera de 2019. 

Es más, en una comparecencia en las Cortes de Aragón del pasado mes de octubre de la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, respecto a este asunto se atrevió a concretar que empezarían en la próxima primavera.