El grupo socialista en la DPT pide a la alcaldesa de Teruel voluntad real para llegar a un acuerdo sobre los bomberos

El grupo socialista en la Diputación de Teruel ha pedido a la alcaldesa de la capital, Emma Buj,  “voluntad real” para llegar a un acuerdo sobre la prestación del servicio de bomberos. Los diputados y diputadas creen que las declaraciones de ayer de la regidora, tachando de “”insensibles” al equipo de gobierno de la institución provincial no solo no responden a la realidad sino que no suponen un buen comienzo para dar inicio a la negociación, este mismo miércoles, informa el PSOE en una nota de prensa.

La portavoz del PSOE en la Diputación de Teruel, Ana Cristina Lahoz ha lamentado la “actitud victimista” de la alcaldesa de la capital de Teruel y la queja constante ante un problema de dejación de competencias que, ha recordado, compete exclusivamente al ayuntamiento que ella dirige. 

“Si viene a la Diputación mañana que venga con ganas de negociar y que sea de verdad. Que no sea  una puesta en escena más. Porque se le ha invitado en varias ocasiones y nunca lo ha tenido a bien, siempre ha puesto excusas. Y esta vez igual”, ha dicho Lahoz.

Respecto al momento en el que se produce el comienzo de la negociación y como respuesta a la queja de la alcaldesa de que “·es durante una pandemia”, la portavoz socialista ha recordado que la situación con el Servicio de Extinción de Incendios “viene de muy atrás y lo que hay que buscar es soluciones cuanto antes. Si quiere, que venga a buscarlas. Y si no, que no venga”. 

Los representantes del Grupo Socialista en la Diputación de Teruel han señalado que Emma Buj no puede pretender que el problema “acaba de crearse o que responde a motivos políticos” y han apuntado que son “sus propios incumplimientos y los de sus compañeros de partido los que nos han traído hasta aquí”.   

Han recordado que ya el 27 de abril de 2016, cuando el Partido Popular gobernaba la institución y Emma Buj era diputada, la Diputación de Teruel aprobó en pleno por unanimidad la necesidad de negociar un acuerdo con el ayuntamiento de Teruel para la prestación del Servicio de Extinción de Incendios. También en el propio Ayuntamiento de Teruel, en sesión plenaria de 3 de diciembre de 2018 y con Emma Buj como alcaldesa, se aprobó por unanimidad una propuesta que pedía iniciar antes del final de ese mismo año las negociaciones precisas para establecer un convenio con la Diputación de Teruel con el que “cumplir con la obligación legal de asumir su responsabilidad en este servicio”. 

“Son cinco años ya”, ha dicho el diputado José Luis López, “cinco años desde que se pidió unánimemente negociar sobre este tema en la Diputación de Teruel y tres años desde que el Ayuntamiento se pronunció a favor de iniciar la negociación enseguida. Y Emma Buj, alcaldesa durante todo este tiempo, no ha hecho nada, con la complicidad de sus compañeros de partido de la provincia. Ahora no puede ampararse en la situación actual porque el tema ya debía estar resuelto”. 

López ha señalado además que “está claro que no es una cuestión de oportunismo político ni tiene relación con los distintos colores que gobiernan en las instituciones, sino que es algo lógico, de cumplimiento de la legalidad y de los intereses generales de todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto de la capital como de las demás poblaciones”. 

Los diputados y diputadas socialistas esperan que las últimas declaraciones de Emma Buj no anticipen una postura enconada durante la negociación que comienza mañana. Han recordado que el equipo de gobierno de la institución provincial siempre ha estado abierto a la negociación y que el rechazo a asumir las competencias cuanto antes penaliza a todos los demás municipios de la provincia, en lugares lejanos y con medios menos adecuados, cuya asistencia ante incendios sí es competencia de la Diputación de Teruel.

Por último, han señalado que la pandemia afecta a todas las instituciones y tanto la propia Diputación de Teruel como los otros ayuntamientos de los municipios y barrios de la provincia han debido afrontar también sus consecuencias sociales y económicas. Por esto, han asegurado, es más necesario que nunca racionalizar los recursos atendiendo al reparto de las competencias.