El Gobierno garantiza la conectividad entre Madrid, Molina de Aragón, Teruel y Valencia por autobús compensando económicamente a la empresa
El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes y a iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha autorizado el otorgamiento de una compensación económica por las obligaciones de servicio público impuestas en los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid, Molina de Aragón (Guadalajara), Teruel y Valencia, así como el resto de municipios incluidos en la concesión, recorriendo un total de 647.460 vehículos-kilómetro anuales, informa el Ministerio.
La parte oriental de la provincia de Guadalajara, así como la de Teruel y el interior de Valencia, cuentan con densidades de población que en muchas ocasiones no alcanzan los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo de los 93 habitantes por kilómetro cuadrado de la media nacional. Del mismo modo, se observan en la zona unas altas tasas de envejecimiento, bajas tasas de natalidad y mayor velocidad de despoblación que en otros territorios.
Esto justifica, dice el Ministerio, ”un mayor esfuerzo por parte de las Administraciones Públicas, con el objetivo de dotar a la zona de unos mejores equipamientos y servicios públicos que garanticen la conectividad, la cohesión territorial y el desarrollo rural, en el marco del Reto Demográfico”.
Por otro lado, esta concesión también se ha visto afectada, al igual que en general el sector del transporte de viajeros por carretera, por la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, lo que ha supuesto una drástica reducción de la demanda, acompañada de cambios estructurales debido a cambios en los patrones de movilidad y una mayor difusión del teletrabajo y la teleformación.
Mitma destinará en torno a 366.000 euros para financiar estas compensaciones económicas, como muestra de su acción decidida para mantener el nivel de servicios públicos adecuado en un sector gravemente afectado por la pandemia, en un territorio con unas condiciones socioeconómicas y poblacionales particulares, asegurando así la continuidad de estos servicios públicos de transporte por carretera que garantizan la conectividad de las poblaciones afectadas y constituyen un medio esencial para la movilidad de los ciudadanos.
