Los concejales del Ayuntamiento de Teruel Diego Piñeiro y José Antonio Guillén, junto a la Cruz de los Caídos
El Gobierno de España estudiará cómo evitar la restauración de la Cruz de los Caídos de Teruel
El PSOE recuerda que debe retirarse por la Ley de Memoria Democrática
Los servicios jurídicos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática estudiarán la denuncia del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel relativa al destino, por parte del gobierno municipal, de unos 31.000 euros para restaurar la Cruz de los Caídos, ubicada en la plaza del Seminario, y una vez derogada la ley de memoria de Aragón.
En declaraciones a los medios en Zaragoza, donde se reunió con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, indicó que habían conocido este miércoles esta noticia y que serán los servicios jurídicos de la Secretaria del Estado de Memoria Democrática los valoren qué se puede hacer.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén, denunció este miércoles esta inversión procedente de los remanentes del Presupuesto de 2023 en un elemento que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón requirió que se retirara por ir contra la Ley de Memoria Democrática. Apunto que el ayuntamiento recibió el requerimiento hace justo un año, sin que haya respondido, y para lo que tenía tres meses de plazo, por lo que se enfrenta a una sanción de hasta mil euros mensuales por no cumplirla y a la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas de cualquier administración.
Guillén argumentó que además “es una vergüenza que el ayuntamiento se aferre a un elemento franquista que debería estar fuera de nuestras calles”. El propio Francisco Franco depositó una corona de flores en la Cruz de los Caídos bendecida el 15 de junio de 1953 durante una visita a la ciudad, en la que también inauguró el Seminario, la Biblioteca, el grupo escolar Juan Espinal (ahora Pierres Vedel), la Diputación Provincial, la Residencia Sanitaria y el grupo de 46 viviendas Virgilio Aguado.
“Creo que hay muchos elementos patrimoniales que necesitan atención por parte del ayuntamiento antes que esa cruz que ni siquiera debería de estar aquí”, concluyó.
En Zaragoza, Espada dijo que en cualquier caso el Gobierno de España está por el cumplimiento de la propia ley estatal y de los compromisos internacionales y, entre estos últimos, se encuentra el derecho a la verdad, a la memoria y a la reparación.
Espada recordó que este martes el Consejo de Ministros aprobó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y lamentó que el ejecutivo autonómico rehusara dialogar con el gobierno central, “lo que no es habitual”.
Un recurso que el Consejo de Ministros aprobó basándose en un informe del Consejo de Estado, que es preceptivo, y que marca dos cuestiones fundamentales: la primera, el reconocimiento de la obligación que tiene España de cumplir el derecho a la memoria que marcan los estándares internacionales de Derechos Humanos y de protección de las víctimas que han sufrido la dictadura y también de la Guerra Civil española.
Y la segunda, que existe una vulneración del deber de cooperación que tiene el Gobierno de Aragón para hacer cumplir esas obligaciones internacionales y la Ley Estatal de Memoria Democrática.
Espada apeló a la empatía de los ciudadanos que pudieran encontrarse en la situación de desconocer qué ocurrió o dónde están los restos de sus seres queridos y aseguró que, desde esa perspectiva, no se trata de abrir polémicas sino al contrario, “de cerrar heridas para miles de familias” que vieron cómo desaparecían sus familiares y que es el objetivo de la ley estatal y por lo que no entiende, ahondó, la derogación de la ley aragonesa.
En declaraciones a los medios en Zaragoza, donde se reunió con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, indicó que habían conocido este miércoles esta noticia y que serán los servicios jurídicos de la Secretaria del Estado de Memoria Democrática los valoren qué se puede hacer.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén, denunció este miércoles esta inversión procedente de los remanentes del Presupuesto de 2023 en un elemento que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón requirió que se retirara por ir contra la Ley de Memoria Democrática. Apunto que el ayuntamiento recibió el requerimiento hace justo un año, sin que haya respondido, y para lo que tenía tres meses de plazo, por lo que se enfrenta a una sanción de hasta mil euros mensuales por no cumplirla y a la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas de cualquier administración.
Guillén argumentó que además “es una vergüenza que el ayuntamiento se aferre a un elemento franquista que debería estar fuera de nuestras calles”. El propio Francisco Franco depositó una corona de flores en la Cruz de los Caídos bendecida el 15 de junio de 1953 durante una visita a la ciudad, en la que también inauguró el Seminario, la Biblioteca, el grupo escolar Juan Espinal (ahora Pierres Vedel), la Diputación Provincial, la Residencia Sanitaria y el grupo de 46 viviendas Virgilio Aguado.
“Creo que hay muchos elementos patrimoniales que necesitan atención por parte del ayuntamiento antes que esa cruz que ni siquiera debería de estar aquí”, concluyó.
En Zaragoza, Espada dijo que en cualquier caso el Gobierno de España está por el cumplimiento de la propia ley estatal y de los compromisos internacionales y, entre estos últimos, se encuentra el derecho a la verdad, a la memoria y a la reparación.
Recurso
Espada recordó que este martes el Consejo de Ministros aprobó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y lamentó que el ejecutivo autonómico rehusara dialogar con el gobierno central, “lo que no es habitual”.
Un recurso que el Consejo de Ministros aprobó basándose en un informe del Consejo de Estado, que es preceptivo, y que marca dos cuestiones fundamentales: la primera, el reconocimiento de la obligación que tiene España de cumplir el derecho a la memoria que marcan los estándares internacionales de Derechos Humanos y de protección de las víctimas que han sufrido la dictadura y también de la Guerra Civil española.
Y la segunda, que existe una vulneración del deber de cooperación que tiene el Gobierno de Aragón para hacer cumplir esas obligaciones internacionales y la Ley Estatal de Memoria Democrática.
Espada apeló a la empatía de los ciudadanos que pudieran encontrarse en la situación de desconocer qué ocurrió o dónde están los restos de sus seres queridos y aseguró que, desde esa perspectiva, no se trata de abrir polémicas sino al contrario, “de cerrar heridas para miles de familias” que vieron cómo desaparecían sus familiares y que es el objetivo de la ley estatal y por lo que no entiende, ahondó, la derogación de la ley aragonesa.
