El Gobierno de Aragón pondrá en marcha un centro en cada provincia para atender a mayores con coronavirus que viven en residencias y no requieren ingreso hospitalario

El Gobierno de Aragón pone en marcha un Dispositivo especial de cuidados Covid-19 para evitar la propagación del virus en residencias mediante un protocolo de actuación conjunta entre los Departamentos de Sanidad y de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. Esta nueva forma de actuar comprende el traslado a centros específicos (uno por provincia) de personas que viven en residencias de mayores y han dado positivo por coronavirus; son sospechosos y tienen vínculo epidemiológico; o han estado ingresas por esta patología y deben pasar un periodo de aislamiento de 14 días.

El protocolo prevé también la puesta en marcha, por parte de Sanidad, de una estructura organizativa para el seguimiento médico y sanitario de las personas afectadas por Covid 19 en residencias (fijando los criterios de actuación con estos pacientes) y que el personal de las residencias sea considerado “esencial” y reciba el mismo trato que el sanitario.

Para poner en marcha este dispositivo especial -que tiene como principal objetivo aminorar el avance de la pandemia en las residencias de mayores, donde vive la población de más riesgo- el Departamento de Ciudadanía está habilitando tres residencias (una por provincia) con capacidad para atender de forma aislada y con todas las garantías a los pacientes que sean derivados a ellas.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha explicado, en la rueda de prensa celebrada esta mañana en el edificio Pignatelli, que “este protocolo de actuación para identificar y derivar a centros especiales a pacientes de coronavirus tiene como objetivo proporcionar a las personas enfermas una atención sanitaria y social adecuada y dotar de las mejores condiciones de seguridad a los trabajadores”. A estos centros podría derivarse también a personas que viven en residencias de discapacitados, den positivo por coronavirus y no –por las características de sus centros- no puedan ser atendido en ellos con los requerimientos fijados.

La decisión y priorización de las personas que serán trasladadas a estos centros será adoptada por profesionales sanitarios y –además de los criterios médicos anteriormente citados- en ella se tendrá en cuenta la situación de la residencia en la que vive la persona afectada, su estructura y capacidad. Los nuevos dispositivos estarán operativos a lo largo de la próxima semana con la dirección sanitaria del Departamento de Sanidad y la gestión asistencial no sanitaria del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Está prevista la contratación de XXX profesionales para su puesta en funcionamiento.

El director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, que ha acompañado a la consejera en la rueda de prensa, ha hecho hincapié en que todos los traslados se realizarán con “el consentimiento de los familiares, que recibirán información de su estado de salud desde el nuevo centro”. Santos ha recordado también que la estancia de los pacientes en estos dispositivos especiales terminará cuando se haya cumplido con los protocolos de aislamiento y las pruebas de coronavirus resulten negativas.

María Victoria Broto ha recordado durante su intervención que la creación de estos dispositivos nace de la necesidad de dotar del mejor cuidado a posible a las personas mayores que viven en residencias, dado que la pandemia les está afectando con especial virulencia y hacen falta infraestructuras adecuadas para poder atenderles y evita la propagación del Covid-19.

9,9 millones de los 300 anunciados para colectivos vulnerables

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ha anunciado también que Aragón recibirá 9,9 de los 300 millones anunciados por el Ejecutivo central para repartir entre las Comunidades Autónomas para atender a los colectivos más vulnerables; una cantidad que se destinará a protección a las familias, atención a la pobreza infantil y prestaciones básicas de los servicios sociales. Del mismo modo, de los 25 millones anunciados por el Gobierno de España para alimentación infantil, Aragón recibirá 899.250 euros.