El Gobierno central niega que haya relajación en las evaluaciones medioambientales de las renovables

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, negó en el Congreso de los Diputados que se haya producido una relajación en las evaluaciones medioambientales de los proyectos para la implantación de parques de energías renovables con el Real Decreto Ley 20/2022. Morán aseguró que era una percepción falsa, y puso como ejemplo que solo 35 de los 118 resueltos dentro de esta nueva regulación habían contado con una valoración favorable. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, discrepó con esa apreciación y reprochó al secretario de Estado que se esté priorizando el desarrollo de renovables especulativas, frente a la generación distribuida como debería impulsarse.

Morán y Guitarte discreparon abiertamente en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja sobre la incidencia que van a tener los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 20/2022 en la afección ambiental de los proyectos de energías renovables que se evalúen con este nuevo marco normativo.

El diputado turolense votó en contra de este Real Decreto de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania cuando se votó en el Congreso en enero. El mismo incluye dos artículos, el 22 y el 23, que modifican la normativa existente en la evaluación  de los proyectos de renovables, con la intención de impulsar y acelerar la implantación de estas energías limpias, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, compareció en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para aclarar cómo afecta en realidad a la tramitación administrativa.

Teruel Existe viene denunciando desde el año pasado que con ese Real Decreto se exime de forma excepcional y transitoria la evaluación medioambiental para la instalación de energías renovables con el fin de acelerar su implantación, pero Hugo Morán lo negó frente a las críticas de Guitarte, y aseguró por contra que el procedimiento de evaluación ambiental es el mismo y que lo único que se acortan son los plazos.

Guitarte argumentó durante su intervención en la comisión que el Gobierno ha aprovechado la aceleración del reglamento “para rebajar las exigencias ambientales a las instalaciones renovables”, haciéndolo además cuando “no está impulsando suficientemente la generación distribuida”.

El parlamentario turolense consideró que “no está justificado que las instalaciones de energías renovables tengan la condición de utilidad pública”, puesto que se trata de un “puro negocio”, por lo que tampoco está justifica “la disminución de las exigencias medioambientales, ni siquiera por el nuevo reglamento”, situación que se viene denunciando en Teruel y Aragón desde 2019 por Teruel Existe.

Guitarte dijo que lo que se está haciendo es “priorizar el desarrollo de renovables especulativas”, de manera que se favorece a las corporaciones a la vez que se cierra el mercado a los pequeños actores y entes locales. “Se impulsan los macroproyectos”, incluso para agentes que aseguró que una vez obtenidas las licencias lo que van a hacer es “vender el proyecto a empresas energéticas”. Todo ello a la vez que se paraliza la generación distribuida, el autoconsumo, la eficiencia energética y el ahorro, como debería priorizarse.

Denunció en este sentido que el Miteco ha trabajado este asunto priorizando sobre todo la “actividad extractiva” con el fin de “maximizar los beneficios del sector, con objeto probablemente de que acudan inversores”. Incidió en que esto provoca importantes impactos territoriales y sociales, lo que lo convierte en “una política territorial que transforma radicalmente los usos del suelo” con un nuevo uso, el energético, que se ha implantado sin tener reconocimiento jurídico.

Insistió en que la regulación progresiva que ha hecho el Miteco ha entregado las renovables a los intereses “monopolísticos” de las “grandes compañías energéticas y los fondos de inversión”, en contra de lo que preconizan las instituciones internacionales y europeas, que defienden que la transición energética debe ser un proceso de “cambio social”.

Guitarte exigió que en los proyectos de renovables se vuelva a la ley 21/2013 de evaluación ambiental y “que se aplique de manera rigurosa, al menos tan rigurosa como se aplica para impedirnos la aplicación de infraestructuras de comunicación en nuestro territorio”. Recalcó la incidencia que está teniendo esta política errónea en el territorio y cómo se están traspasando los límites, para lo cual puso como ejemplo el clúster del Maestrazgo, donde se han autorizado 58  aerogeneradores “sobre superficies de la Red Natura 2000 y en el entorno de zonas Lic y Zepas, superando los propios límites que el Ministerio ha dicho marcarse”.

En su contestación, el secretario de Estado de Medio Ambiente negó que los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 20/2022 supusiesen una rebaja de las exigencias ambientales. “No lo suponen en absoluto”, dijo Hugo Morán, puesto que “la evaluación ambiental sigue siendo la misma con las mismas exigencias”. Aclaró que lo único que permite es agilizar la tramitación acortando los plazos, y apuntó que podía garantizar “con absoluta seguridad que no hay ni un ápice de relajación en los procedimientos de evaluación ambiental en cuanto a la exigencia de las garantías ambientales, porque no se han modificado las directivas europeas”.

Guitarte replicó que lo manifestado por el secretario de Estado era “música celestial” porque lo que decía no tenía nada que ver “con la realidad que nosotros vivimos en nuestro territorio”. Por el contrario, aclaró que se ha producido un “cambio muy sustancial” porque con la nueva regulación se ha eliminado la participación pública al no poder alegar los ciudadanos en el proceso, donde se ponían de manifiesto el mayor volumen de contradicciones de los proyectos presentados.

“Suprimir eso es reducir a valores ínfimos nuestro sistema democrático”, dijo el diputado turolense, que argumentó que lo que realmente se está haciendo es “abrir las expectativas a un proceso especulativo, buscando la maximización del beneficio, sin ningún compromiso con el desarrollo territorial para aquellos territorios que sufren la implantación” de los parques, condenando a las mismas zonas rurales de siempre a “sacrificarse” no ya solo por el resto de España sino del continente, porque nadie les ha preguntado si quieren ser “la pila energética de Europa”.