El Estado da tumbos con las ayudas al funcionamiento mientras Aragón no admite más excusas ni retrasos

Las expectativas que se crearon hace un año con la autorización de la Comisión Europea para que las provincias de Teruel, Cuenca y Soria pudieran recibir ayudas de Estado al funcionamiento de las empresas, con bonificaciones en los costes laborales de hasta un 20%, se han convertido en incertidumbre y malestar ante la inconcreción del Gobierno central, que no ha ido más allá del compromiso de aplicarlas y que no deja de dar tumbos sobre esta cuestión. Mientras los empresarios aseguran que no piensan tirar la toalla, el presidente aragonés, Javier Lambán, ha insistido esta semana en que deben aplicarse sin más demora porque no hay excusas que valgan.

A la vez que crece la reclamación de que se apliquen ya estas ayudas sin más rodeos, Madrid sigue haciendo oídos sordos a la vista de lo recogido en la primera versión que se conoce del Acuerdo de Asociación entre el Estado español y la UE para los años 2021-2027, donde la despoblación rural acaba diluida en un reto demográfico que acucia por igual a las ciudades, según el Gobierno.

Este documento detalla las políticas estatales de cohesión que piensan aplicarse durante ese periodo y omite por completo cualquier referencia específica a estas tres provincias, a pesar de que las nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional aprobadas por la Comisión Europea en abril del año pasado se refieren exclusivamente a Teruel, Cuenca y Soria como los únicos NUTS 3 (provincias) españolas que pueden ser beneficiarias de ayudas al funcionamiento al tener una densidad demográfica por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

En cambio, el Acuerdo de Asociación que ha elaborado el Estado español para el periodo que llega hasta 2027 generaliza el problema de la despoblación sin hacer distinciones al 80% de los municipios españoles, incluidas las capitales de provincia. Ignora la clasificación y zonificación de territorios que aplica la CE en las políticas de cohesión y, como se diría en términos coloquiales, pretende que haya café para todos con el argumento del reto demográfico.

Los términos en que está redactada esta primera versión del Acuerdo de Asociación son muy preocupantes porque desdibujan por completo lo establecido en las directrices europeas sobre ayudas estatales de finalidad regional. Por ignorancia o de forma premeditada para evitarse problemas con otros territorios, el Gobierno central está haciendo una interpretación muy particular de las directrices del mapa de ayudas estatales que fija Europa.

Dichas directrices establecen los criterios por los que cada Estado puede fijar las ayudas a las empresas, y contempla dos tipos, a la inversión y al funcionamiento, fijando los topes máximos que pueden otorgarse.

Las de inversión llevan tiempo aplicándose. Se fija un máximo de ayudas en porcentaje cuando una empresa hace una inversión para crear una nueva industria o ampliarla. En cambio, las de funcionamiento son ayudas que consiguieron los países nórdicos para impulsar el desarrollo de sus territorios despoblados y que hasta ahora la UE solo les reconocía a ellos.

Esta clase de ayudas, que en realidad no son una fiscalidad diferenciada, tienen como objetivo favorecer de forma constante el funcionamiento de las empresas que se ubican en territorios con problemas de desarrollo para dotarlas de mayor competitividad. Las mismas abren un abanico de posibilidades para su aplicación.

A partir del modelo noruego, lo que piden las tres provincias españolas es que con ellas se bonifiquen hasta un 20% los costes laborales que tienen. Eso permitiría a las empresas reinvertir ese dinero en mejoras productivas o incluso salariales para fijar y atraer población, algo que no iría mal en Teruel ante los problemas que los empresarios tienen para conseguir trabajadores.

Directrices europeas

Las directrices europeas en estos momentos establecen que las únicas provincias que pueden beneficiarse de esas ayudas al funcionamiento al estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado son Teruel, Cuenca y Soria. La zonificacion que hace para establecer el criterio de quiénes se pueden beneficiar es por NUTS 3, es decir, por provincias, nada de comarcas ni mucho menos municipios.

Son ayudas que aplica el Estado y Europa lo único que hace es autorizarlas como un mecanismo más de cohesión territorial, pero desde el Gobierno central se está confundiendo a la opinión pública, hasta el punto de que uno de los argumentos que está esgrimiendo en estos momentos es que se produciría un agravio comparativo con otros municipios y zonas repartidas por toda la geografía española que están también por debajo de esa densidad demográfica.

De aquel “rotundamente sí” en el Senado a finales de 2020 de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al responder a Teruel Existe que se aplicarían  esas ayudas cuando ni siquiera podían darse todavía porque no las había autorizado Europa, se ha pasado ahora a estudiar la “efectividad” de las mismas, como se refieren insistentemente a ello la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el secretario general del Reto Demográfico, Francesc Boya.

Cada vez que Boya dice algo nuevo sobre este tema siembra más dudas y hace temblar a las tres provincias españolas con mayores problemas de despoblación, que es un hecho diferencial reconocido por Europa. Son territorios que llevan años peleando para que se les compense por esta cuestión para poder ser más competitivos frente a las desventajas que han tenido con respecto a otros.

Los empresarios turolenses aseguran que no van a tirar la toalla, mientras que el presidente aragonés, Javier Lambán, insiste en reclamarlas porque ya no valen las excusas y considera que hacerlo no es cuestión de estudiar nada sino de voluntad política y de cumplir con lo que ha autorizado la Comisión Europea dentro de sus políticas de cohesión.

Hace justo un año, en la Cumbre de Albarracín celebrada entre los presidentes autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, los tres dignatarios celebraron el acuerdo de la Comisión Europea y pidieron a Madrid que las ayudas de hasta el 20% se aplicasen lo antes posible. Fueron estos tres gobiernos autonómicos, liderados por el de Aragón, los que consiguieron que la Comisión Europea, yendo de la mano con las organizaciones empresariales de las tres provincias agrupadas en la SSPA, modificara las directrices de los mapas de ayudas regionales y abriera la posibilidad de ser perceptores de las ayudas al funcionamiento, cuestión que está en manos ahora exclusivamente del Estado español.

El Gobierno central lo incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 cuando presentó el proyecto en otoño, y así quedó reflejado en la disposición adicional centésima vigésima tercera del texto definitivo finalmente aprobado, pero sin referirse explícitamente a Teruel, Cuenca y Soria.

La forma como dicha disposición adicional está redactada, al igual que la manera como se ha tratado la despoblación en el Acuerdo de Asociación con la UE, y las continuas manifestaciones de los responsables del Gobierno, parecen revelar que no hay voluntad de hacer una excepción con estas tres provincias, sino buscar una fórmula genérica para todos los territorios con problemas de despoblación.

La disposición adicional de los presupuestos lleva por título  Ayudas a las provincias escasamente pobladas y se expresa en los siguientes términos: “Dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, así como velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas”. No cita explícitamente a las que ha reconocido Europa.

El Gobierno central en los últimos meses está encallado en el discurso de que está estudiando la “efectividad” de las ayudas al funcionamiento -eficacia que está fuera de toda duda por el éxito que han tenido en Noruega-, a la vez que se refiere a ellas como fiscalidad diferenciada, lo que está confundiendo más todavía a la opinión pública de otras provincias que miran con recelo a Teruel, Cuenca y Soria. Además, frente a la pretendida transversalidad del Ejecutivo en la lucha contra la despoblación, cada departamento se pasa la pelota sin desatascar nada.

Una de las últimas manifestaciones realizadas en ese sentido las hizo el secretario general del Reto Demográfico, Francesc Boya, en una entrevista coloquio de Click Radio TV el pasado 13 de mayo, cuya grabación está disponible en Internet. En la misma, Boya incide en que se está estudiando y vuelve a hablar de las ayudas al funcionamiento como fiscalidad diferenciada a la vez que introduce una reflexión sobre el agravio comparativo que sufrirían otros territorios españoles, para concluir argumentando que es un asunto del que no es competente, pese a ser este organismo el encargado de la coordinación de las políticas de lucha contra la despoblación.

Boya asegura en dicha entrevista que “sobre la fiscalidad ya hemos discutido muchísimo”, reitera que la misma “es una herramienta más” y que “el Gobierno se lo está pensando, lo ha estudiado, en el sentido de que es cierto que en este momento la Unión Europea nos ha abierto a tres provincias la posibilidad de hacer esas ayudas al funcionamiento; pero claro, tenemos muchos territorios que están en situaciones parecidas”.

Zonas en peor situación

Pone a continuación ejemplos como Guadalajara -se encontraba hablando en un medio de esta provincia- e incide en que “no está dentro de las ayudas pero en cambio su situación, excepto el corredor del Henares, pues es muy parecida o incluso peor”. Añade que el “Gobierno está viendo qué fórmulas pueden funcionar y pueden dar respuesta a este proceso”, y señala que hasta ahora se ha estado inmerso en la negociación del marco operativo de los nuevos fondos europeos. Concluye aclarando que él “no tiene marco competencial sobre esta cuestión” y emplaza a esperar la decisión que tome el Gobierno de “hacia dónde orienta estas ayudas”, para ver cómo después pueden “crecer a otros territorios que lo necesitan y que lo están reivindicando”.

En síntesis, el Estado da la sensación de que no sabe dónde se ha metido y está buscando alguna fórmula alternativa para que otros territorios no se le echen encima si cumple con las directrices marcadas por la CE.

Esta semana, el presidente aragonés Javier Lambán reivindicó durante una visita a Teruel que solo el Gobierno de Aragón “tiene legitimidad” para pedir a Madrid su aplicación porque las descubrió el Ejecutivo autonómico en las normativas europeas y lo trabajó junto con las dos Castillas para que la Comisión Europea lo tomase en consideración. Lambán aseguró que “no hay ninguna excusa” para que el Gobierno de España las aplique, y recalcó que “machaca” e “insiste” a Madrid con esta reivindicación y que “no iban a ser comprensivos con muchos más retrasos”.

El presidente insistió en que no hay que estudiar nada sino que es una cuestión de “voluntad política”, y dijo que se imaginaba, aunque nunca se lo habían dicho así, que al Gobierno le podía dar “vértigo” que fuesen reclamadas esas mismas ayudas por otras provincias. “A eso no le tienen que tener ningún temor porque tal como está la normativa europea se pueden aplicar exclusivamente en estas tres provincias”, precisó.

En medio de esta situación, las ayudas al funcionamiento se han convertido en arma arrojadiza de la confrontación política, cuando deberían estar ya aplicándose, como hicieron los países nórdicos en su día cuando se les autorizó a ellos. La herramienta que ha facilitado Europa a España es una oportunidad de país, pero si el Estado sigue dando tumbos, la perderá mientras otros sacan tajada política y se aprovechan de la situación a costa de las provincias más despobladas.

El Acuerdo de Asociación Estado-UE interpreta la ratio de despoblación por municipios, no por NUTS 3

El primer documento del Acuerdo de Asociación entre el Estado español y la UE para el periodo 2021-2027 hace una interpretación a la carta de las unidades territoriales que fija Europa para las políticas de cohesión, y tergiversa así la directriz de las ayudas regionales aprobadas hace un año por la Comisión Europea. En aquel documento se refería a las NUTS 3 (provincias) como unidad territorial estadística válida para considerar un territorio con problemas de despoblación si estaba por debajo de los 12,5 habitantes por km2, ratio que solo cumplen en España Teruel, Cuenca y Soria.

Sin embargo, España en el Acuerdo de Asociación, que omite cualquier referencia a estas tres provincias, señala que “casi el 50% de los municipios españoles está por debajo de 12,5 habitantes por km2, ratio que la UE califica como riesgo de despoblación y, centrándonos en la última década, el 80% de los municipios del país han perdido población”.

En otro apartado relativo al reto demográfico en el Objetivo político 5 indica que “las actuaciones programadas incidirán en el entorno circundante de las ciudades a las que se dirige, y ayudarán a cambiar el ciclo de despoblación al que se enfrentan todo tipo de municipios, incluyendo cabeceras de comarca, ciudades intermedias y capitales de provincia”. Sentencia que el reto demográfico no es sinónimo de rural y que para estas zonas se recurrirá al Plan de 130 medidas aprobado.