El empresario de los coches eléctricos del TechnoPark se enfrenta a penas de 8 años de cárcel

El empresario David Monforte, promotor de la sociedad Corporación Industrial Z-Mobile cuyo objetivo era la fabricación de coches eléctricos en el parque tecnológico TechnoPark de Alcañiz, se enfrenta a una petición de penas de hasta 8 años de cárcel por los presuntos delitos de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil. La Sala de lo Penal de Teruel lo juzgó acusado de haberse quedado con casi 1,8 millones de euros de subvenciones y préstamos procedentes de la Administración central y de la Comunidad Autónoma. 

El emprendedor argumentó en el inicio de la vista que las ayudas se invirtieron, pero que le falló la inversión privada y le pilló todo en plena crisis económica, a pesar de lo cual el proyecto está “prácticamente terminado”. Su abogada, Carmen Sánchez, pedirá hoy por ese motivo su libre absolución cuando las partes presenten sus informes finales cuando concluya el juicio.

La Fiscalía considera en cambio que desvió ese dinero a su favor y para usos personales, según su calificación inicial, una acusación que comparten tanto el Abogado del Estado como la letrada del Gobierno de Aragón, personados ambos en la causa para intentar recuperar los cerca de 1,8 millones de euros que dieron a la empresa en concepto de ayudas para facilitar el desarrollo de este proyecto empresarial que generó en su día unas grandes expectativas en el TechnoPark de Alcañiz, el parque tecnológico que alberga MotorLand.

La Corporación Industrial Z-Mobile, cuyo administrador es David Monforte, se instaló a principios de esta década en el TechnoPark, donde llegó a construir una nave industrial para la fabricación de coches cien por cien eléctricos, para lo cual se involucraron investigadores de la Universidad de Zaragoza con el fin de impulsar los desarrollos tecnológicos necesarios.

La iniciativa empresarial fue respaldada por las administraciones públicas debido a su carácter innovador en un sector con futuro, y la empresa recibió ayudas, tanto subvenciones como préstamos, del programa Reindus del Ministerio de Industria y de distintos programas del Departamento de Industria del Ejecutivo aragonés a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), incluidas partidas del Miner.

En total el empresario recibió ayudas por valor de 1.765.695,70 euros entre los años 2010 y 2012, cuya devolución solicitaron ambas administraciones con posterioridad al ver que el emprendedor no cumplía con el desarrollo del proyecto de acuerdo con la convocatoria tras haber recibido el dinero.

El empresario sí llegó a construir una nave industrial en TechnoPark, con no pocos problemas al entrar en concurso la empresa constructora, y a poner en marcha un equipo de profesionales para hacer los desarrollos del futuro coche eléctrico que quería fabricar.

Durante el primer día de la vista oral se puso de manifiesto que en la nave no había máquinas ni tenía el equipamiento para fabricar coches cuando se hicieron inspecciones para supervisar el desarrollo del proyecto. Tras no devolver el dinero de las ayudas a requerimiento de las instituciones que las habían concedido, el caso llegó a la Fiscalía de Alcañiz, cuya investigación acabó a mediados de 2016 con la detención de David Monforte por parte de la Policía Nacional.

La Fiscalía le acusa de un delito de fraude de subvenciones por haberse quedado con parte del dinero recibido en lugar de destinarlo al proyecto de investigación y desarrollo del vehículo eléctrico, y de otro delito continuado de falsedad en documento mercantil por haber falseado documentación en todo ese proceso.

Declaraciones falsas

El ministerio público argumenta en sus conclusiones iniciales que hizo declaraciones falsas para conseguir las ayudas de unas y otras administraciones evitando su incompatibilidad, además de aportar las mismas facturas justificativas a los cuatro organismos que le dieron las ayudas. 

De acuerdo con la investigación judicial esgrimida por la Fiscalía, el acusado obtenía facturas y justificantes bancarios de pago a proveedores, y tras conseguir estos documentos mercantiles pedía una retrocesión de los pagos realizados, de manera que volvía a recuperar el dinero. Las facturas conseguidas previamente le servían para justificar gastos ante las administraciones que le habían dado las ayudas.

Fueron los propios proveedores los que advirtieron a la administración de esta presunta práctica fraudulenta. Otra práctica llevada a cabo por el acusado fue la confección de facturas falsas, según la Fiscalía. En una ocasión llegó a presentar dos facturas falsas, de acuerdo con el ministerio fiscal, por importe de 408.200 euros, que en realidad había emitido una consultora propiedad del propio acusado.

El fiscal le acusa igualmente de haber hecho uso personal de las ayudas públicas mediante reintegros en efectivo y cargos de tarjeta por valor de 200.836 euros, incluidos viajes al extranjero y otros conceptos, además de pago de nóminas con cargo a estas subvenciones por valor de 181.839 euros. 

Por otra parte, el ministerio público incide en que hubo fraude en las justificaciones y que de las inspecciones llevadas a cabo por la Administración se deduce que la nave estaba prácticamente vacía y no se habían cumplido los objetivos de creación de empleo.

Por el delito de fraude de subvenciones la Fiscalía pide para el acusado 5 años de prisión, además de una multa de algo más de 3,5 millones de euros, equivalente al doble de las ayudas percibidas, y aparte, la devolución de las ayudas supuestamente defraudadas en concepto de responsabilidad civil: 1.065.227 euros a favor del Ministerio de Industria, y 700.468 euros a favor del Gobierno de Aragón, con un incremento del 25% por los intereses legales devengados.

Por el otro delito continuado de falsedad en documento mercantil pide 3 años de prisión y una multa de 240 euros.

El abogado del Estado le acusa únicamente de dos delitos de fraude de subvenciones, no de falsedad, solicitando 4 años por cada uno aparte de la devolución del dinero y la multa que fija el tipo penal, lo mismo que la abogada de la DGA. En este caso pide 4 años por el fraude de subvenciones y 3 años por falsedad documental, aparte de la multa y la responsabilidad civil.

Carmen Sánchez, abogada del acusado, pide la libre absolución porque su representado invirtió las ayudas en el proyecto empresarial, pero fracasó “por problemas de proveedores y de financiación”. Además, advirtió que las ayudas se entregaban “de manera ligera” y “sin los controles debidos”. Argumentó por ello que el acusado no había cometido “ningún delito”.

Declararon como testigos responsables de la DGA cuando se dieron las ayudas, como el exconsejero de Industria, Arturo Aliaga, quien aseguró que las ayudas se habían dado por concurrencia competitiva y con control, y que al haber incumplido las condiciones para el desarrollo del proyecto se le exigió el reintegro. Explicó que casos así son “excepcionales” puesto que “los controles administrativos son tan rigurosos que solo se dan casos puntuales”.

David Monforte: “Lo que nunca he hecho es ni rendirme ni tirar la toalla”

El acusado por el presunto fraude de subvenciones del caso Z-Mobile, David Monforte, defendió tanto dentro de la sala de vistas como fuera su inocencia, argumentando que no había dejado de trabajar en el proyecto del coche eléctrico y que el mismo estaba prácticamente terminado. “Lo que nunca he hecho es ni rendirme ni tirar la toalla”, dijo antes de iniciarse la vista, para precisar que tuvieron “mala suerte” al encontrarse con tres proveedores “con problemas” y por la falta de inversión. Aseguró que había dos prototipos funcionando y que a falta de tres moldes estaba todo avanzado para ensamblar vehículos “a demanda”. Precisó que casi todo lo que recibió fueron préstamos que pueden devolverse cuando se empiece a fabricar el coche eléctrico.

En el juicio oral defendió su gestión ante las preguntas de las partes, aseguró que el dinero lo había empleado para desarrollar el proyecto, incluidos desplazamientos a ferias internacionales, aunque no llegó a explicar el gasto de varios viajes a Cuba. Sobre las empresas cuyas facturas utilizó para justificar las inversiones ante las instituciones, a pesar de que después pidió la devolución del dinero a los proveedores, dijo que fue al no cumplir ellas y criticó al IAF de tutelarles “como si fuéramos tonticos”. En la vista también declaró su madre, socia única de Z-Mobile, quien precisó que hacía lo que le decía su hijo.