El debate de la reforma electoral pone en guardia a Teruel ante el riesgo de perder representación

El debate abierto en las últimas semanas sobre la reforma de la ley electoral, al margen de la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados, ha alertado de los riesgos que podría suponer para la representación política que en estos momentos tiene la provincia de Teruel en las Cortes Generales. Ciudadanos y Podemos, que fueron los que abrieron el debate a nivel estatal, argumentan que están planteando un reparto más proporcional del que existe ahora, mientras que desde otras fuerzas políticas se oponen a que los cambios puedan tener como consecuencia una disminución del número de diputados que tiene hoy la provincia.

Tres son los diputados en el Congreso que le corresponden ahora a Teruel. La Constitución establece que la circunscripción electoral es la provincia y a cada una de ellas le corresponden como mínimo dos diputados, mientras el resto se reparte en función de la población. Eso hace que las provincias poco pobladas tengan proporcionalmente una mayor representación que los territorios más habitados y que para conseguir un diputado se requieran muchísimos menos votos en Teruel que en Madrid, por ejemplo.

Si a eso se suma la ley d’Hondt empleada para hacer el reparto, en las circunscripciones pequeñas los más favorecidos resultan los partidos más votados, beneficiando eso al bipartidismo, puesto que en estos territorios los escaños se los reparten únicamente dos formaciones políticas.

No es un debate nuevo y en el Congreso de los Diputados hay creada una subcomisión de estudio para la reforma de la ley electoral, que salvo cambios puntuales no se ha tocado desde el comienzo de la democracia. Modificaciones que, según cómo se abordasen, pueden requerir obligatoriamente una reforma de la Constitución, mientras que en otros casos no sería preciso.

Para cambiar las circunscripciones electorales tal como vienen contempladas ahora, sí que haría falta una modificación de la Constitución, ya que actualmente el ámbito de elección de parlamentarios es provincial. Para hacer una circunscripción de ámbito autonómico o incluso estatal habría que cambiar la Carta Magna.

No sería preciso hacerlo en caso de que se modificara solo la fórmula matemática empleada para el reparto de diputados. La conocida como Ley d’Hondt, que es la que se usa hoy día, favorece la representatividad de los partidos que obtienen promedios más altos de votos.

En las circunscripciones con mucha población y por tanto con un elevado número de diputados a elegir, como pueden ser Madrid, Barcelona y las provincias más pobladas, da igual el sistema de reparto que se utilice porque el resultado a la larga es el mismo.

El problema surge cuando las circunscripciones son provincias pequeñas como Teruel o Huesca, en las que el sistema d’Hondt favorece a los partidos con promedios más altos de votos, y los escaños se reparten entre las dos fuerzas mayoritarias, quedando excluidas el resto de la posibilidad de conseguir un representante y favoreciendo así el bipartidismo.

En Teruel, por ejemplo, el reparto de los tres diputados al Congreso que se eligen siempre queda igual: dos para la fuerza más votada y uno para el segundo partido en número de votos. Cuando están en juego solo tres escaños, con el sistema d’Hondt no sale otro reparto por lo general, salvo excepciones muy concretas como sucedió en Huesca en las elecciones de 2015 y 2016. 

Unidos Podemos rompió entonces el bipartidismo en la provincia oscense y consiguió el tercer diputado con un 19,15% de los votos, la misma representación que obtuvo la coalición PP-PAR con un 36,45% de los sufragios y el PSOE con un 25,71%.

El caso de Teruel

En cambio en Teruel, donde la tercera fuerza más votada fue también Unidos Podemos, se mantuvo el reparto bipartidista de 2 escaños para el PP-PAR (41,34%) y un escaño para el PSOE (26,33%). La formación morada en confluencia con otros partidos logró el 16,68% de los sufragios.

De haberse aplicado otro método para repartir los escaños, como el denominado sistema Sainte-Laguë, en Teruel hubieran obtenido también un diputado cada una de las tres fuerzas más votadas, como sucedió en Huesca, aunque allí se consiguió con la aplicación de la ley d’Hondt. 

Ambos son sistemas para el reparto proporcional de escaños en función del número de votos recibidos. Cuando hay muchos escaños a repartir, el resultado es prácticamente similar, pero cuando la circunscripción es muy pequeña y hay en juego tres diputados, el sistema d’Hondt favorece a los partidos más votados, mientras que el Sainte-Laguë beneficia a los que menos sufragios logran.

Conseguir una proporcionalidad exacta cuando se trata de circunscripciones pequeñas es imposible, pero mientras un sistema tiende a favorecer a los que más votos obtienen (d’Hondt), otros consiguen una mayor proporcionalidad (Sainte-Laguë), aunque entonces el precio del número de sufragios conseguidos para tener representación parlamentaria no es el mismo entre la fuerza más votada y la tercera.

En el caso de los resultados de las últimas elecciones generales en la provincia de Teruel, de haberse aplicado otro método de reparto, la coalición PP-PAR hubiese conseguido solo un diputado con 30.837 votos, en lugar de dos con el sistema d’Hondt, mientras que Unidos Podemos le hubiese arrebatado ese segundo escaño con 12.442 votos.

Una de las claves del debate que hay abierta ahora sobre la reforma electoral es esa, la representatividad real que el sistema otorga a las fuerzas políticas en función del número de votos recibidos teniendo en cuenta las circunscripciones electorales y la fórmula matemática aplicada para hacer el reparto.

Eso ha llevado a Ciudadanos a   proponer la implantación de otros sistemas para conseguir un reparto de forma más proporcional a la población existente en cada circunscripción, de igual manera que Podemos defiende una mayor proporcionalidad en el método matemático de reparto empleado. 

A ese nivel se encuentra actualmente el debate, y aunque se han planteado otras propuestas como extender el derecho a voto hasta los 16 años u obligar a las listas cremallera para que haya el mismo número de hombres y mujeres en las candidaturas, lo que ha desatado la polémica ha sido la posibilidad de que las provincias con menos población se vean perjudicadas en beneficio de las que tienen mayor número de habitantes, incrementando así la brecha de representatividad entre la España del interior y la del litoral.  

Unos y otros tienen sus argumentos para defender sus posiciones así como para refutarlas, ya que actualmente la Constitución garantiza que a cada provincia le corresponden dos diputados, mientras que el resto se asignan de forma proporcional a la población. Si se redujera ese número, los territorios despoblados saldrían perdiendo, lo mismo que  si se incrementara en 50 diputados la Cámara Baja, como también se ha llegado a plantear, puesto que las provincias pequeñas perderían peso político 

Mientras que los partidos que defienden un cambio del sistema alegan la necesidad de que haya una mayor representatividad, y son los que más se beneficiarían con una variación del modelo matemático de reparto o de circunscripción, los otros sostienen que podría producirse un desequilibrio al dar mayor peso a las zonas más pobladas frente a las despobladas.

El debate político sobre la despoblación ha entrado así de lleno también en el debate sobre la reforma de la ley electoral, que ha saltado de la subcomisión creada en el Congreso a la opinión pública, a raíz de las propuestas que han hecho en las últimas semanas Ciudadanos y Podemos, a las que hay que sumar las que acaba de hacer el PP para facilitar la formación de gobiernos locales en medio de un arco político cada vez más fragmentado y plural.

Ese debate salpicó la interpelación que días atrás el diputado de Ciudadanos por Zaragoza, Rodrigo Gómez, hizo a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, sobre despoblación. Tejerina reprochó al parlamentario de Cs de querer dejar a la España interior sin representación.

“Ustedes proponen que la gente en el medio rural no tenga voz aquí en el Parlamento; les parece demasiada la que tienen”, le espetó la ministra a Gómez, para añadir seguidamente que Ciudadanos se ha unido a Podemos “para ahogar la voz de la España rural; para ustedes sí son españoles de segunda, su territorio aquí no cuenta: Teruel, Soria, aquí para ustedes no cuentan”. 

La ministra profundizó más en su argumentación para pedir a Cs que tengan “consideración hacia la gente que vive en el medio rural”, advirtiendo a la formación naranja que pese a su “novedosa” preocupación por el medio rural, “es incompatible” con la propuesta de reformar el sistema electoral que pretenden.

Rodrigo Gómez, que es de Teruel y dejó el cargo de concejal de Ciudadanos para presentarse a las Cortes Generales por Zaragoza, rechazó tras el pleno del Congreso las palabras de la ministra y aseguró que “lo que mata a la España del interior es que no haya inversiones, no una ley electoral”, porque lo que pretende su partido es “que crezca la población” para poder tener más diputados.

Falta de seriedad

El parlamentario de Ciudadanos consideró que “no era muy serio” por parte del PP atacar de esa forma a otro partido, cuando los populares se comprometieron a trabajar por la reforma electoral en el acuerdo de investidura que alcanzaron, y si bien reconoció que en su programa llevaron una propuesta que era la del modelo alemán, con una lista nacional y otra por distritos, aclaró que eso no lo están planteando ahora en aras del consenso.

“Nosotros tenemos dos premisas en la reforma electoral, que son aumentar la proporcionalidad y listas desbloqueadas”, aparte de otras cuestiones como el voto rogado, el mailing conjunto y los debates electorales.

Gómez aclaró que para conseguir esa mayor proporcionalidad, Cs no ha dicho cómo. “Nunca, nunca, nunca, hemos dicho que Teruel, que Cuenca o Soria iban a perder diputados, nunca; se nos acusa de algo sobre lo que no hay ningún papel que diga eso”, indicó, para precisar que “se puede aumentar la proporcionalidad sin tocar los diputados que tiene cada provincia”.

Lo que quieren, insistió el diputado de Cs, es sentarse a debatir y llegar a un consenso, porque tal como está ahora la ley solo se favorece a los nacionalistas. Opinó que por contra, la cerrazón del PP y el PSOE a abordar esta cuestión no es más que una “excusa para mantener el bipartidismo”.

Desde Podemos, el parlamentario autonómico y secretario general de la formación morada en Teruel, Héctor Vicente, también argumenta que el PP y el PSOE están desviando la atención sobre el auténtico debate y que no pretenden restar representatividad a las provincias pequeñas sino conseguir un reparto más proporcional.

“Lo que modificamos dentro de lo que sería el reparto de escaños, porque hay otras propuestas dentro de este plan, es la fórmula matemática de la ley d’Hondt a la de Sainte-Laguë”, precisó Vicente, de manera que la asignación del número de diputados sería más proporcional. De esa forma, Podemos habría conseguido en la provincia de Teruel un diputado en las generales e IU otro en las autonómicas.

“No es algo que nosotros hagamos de manera interesada para beneficio de Podemos”, dijo Vicente, quien rechazó cualquier tipo de oportunismo. Insistió en que el sistema d’Hondt da “poco juego a los partido pequeños”, mientras que si se aplicara el modelo que plantean, el efecto que se conseguiría sería un reparto “más plural, más justo y más proporcional”.

Vicente criticó la “hipocresía” parlamentaria que existe cuando hay diputados que argumentan ahora que defienden la España rural, pero en cambio se someten a la disciplina de voto. “Lo único que pedimos es que los que mandamos a Madrid se escojan de una manera más proporcional”, afirmó, para argumentar que lo demás es “mentir y engañar”, advirtiendo además que aquello a lo que se oponen ahora partidos como el PP y el PSOE, “en el futuro les podría beneficiar que hubiese un reparto más justo”.

Rechazo a perder escaños

Para el presidente provincial del Partido Popular en Teruel, Joaquín Juste, “todo lo que sea una pérdida de escaños de la provincia nos parece mal, porque si ya hay dificultad de que se nos escuche, si tenemos menos representantes se nos escuchará menos”.

Juste argumentó que ahora que se habla tanto de despoblación, no tendría sentido que esa España del interior “tuviese menos representación” en el Parlamento español porque generaría un mayor “desequilibrio” entre territorios.

En cuanto a la fórmula matemática para el reparto de escaños, el presidente del PP estimó que “al final tiene que ser la representación de lo que dice la gente, lo que mayoritariamente ha decidido”. Argumentó que ningún modelo consigue la proporcionalidad exacta, y que haciendo un reparto aplicando la fórmula Sainte-Laguë “también se puede dar tremendas injusticias porque se priman más las opciones con menos votos”.

Juste argumentó por otra parte que se está haciendo el debate con los resultados de las últimas elecciones, y advirtió que “hacer las reformas mirándose uno a sí mismo está mal porque solo se ven los propios intereses”. Discrepó igualmente con la propuesta de incrementar de 350 a 400 el número de diputados, que lo permite la Constitución, pero entra en contradicción además con que haya menos cargos públicos como proponen los propios partidos que lo están planteando.

Para el vicesecretario general del PSOE en Teruel y diputado en el Congreso, Ignacio Urquizu, quitar diputados a las provincias pequeñas para dárselos a las grandes tendría consecuencias nefastas para estos territorios, puesto que “si ya tenemos poca voz, todavía la tendríamos menos”. 

Los socialistas se oponen por tanto a cualquier modificación en ese sentido, mientras que sobre el cambio de aplicación de la fórmula matemática para que haya más proporcionalidad como argumentan Podemos y Ciudadanos, Urquizu aclaró que “no se aumenta la representatividad de la ciudadanía”.

El vicesecretario general de los socialistas turolenses argumentó que quienes están haciendo esos planteamientos ahora “lo que persiguen es, sin aumentar votos, conseguir más escaños”, algo que calificó de “ingeniería electoral”, cuando lo que hay que hacer “si uno quiere acceder al gobierno es que lo vote más gente”. Se mostró escéptico sobre estos debates fuera de lo que es la subcomisión del Congreso, “porque al final es hablar como de las reglas del juego en lugar de estar hablando de políticas públicas que tendría que ser lo que estuviese en la mesa”.

El presidente intercomarcal del PAR, Julio Esteban, calificó de “indignante” que se pueda estar planteando una reforma electoral desde criterios de proporcionalidad sin tener en cuenta el territorio, puesto que de esa forma se favorecerá a las zonas más pobladas porque tienen más votos. Lamentó que en lugar de “tener cabeza para sumar esfuerzos y favorecer la gobernabilidad”, haya gente que “por detrás nos metan estas estocadas; esto no es sentirse turolense ni aragonesista”.

Sistema matemático

El secretario territorial de CHA en Teruel, Adolfo Villanueva, manifestó por su parte que “el número de representantes no tiene que variar en absoluto”, pero sí opinó que habría que modificar el sistema matemático de reparto porque la ley d’Hondt ha dado problemas y otros sistemas resultan “más democráticos, por lo menos”.

También se mostró contrario a la ley d’Hondt, al penalizar a los partidos pequeños, el coordinador intercomarcal de IU, Daniel Palomo, quien recordó que a veces a ellos un diputado les ha costado medio millón de votos. Argumentó que cambiando la fórmula matemática para calcular los representantes de forma más proporcional, “se podrían tener los mismos representantes del territorio” pero con una distribución diferente.