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El Consejo de Gobierno da el visto bueno al proyecto de ley de Protección de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario El Consejo de Gobierno da el visto bueno al proyecto de ley de Protección de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario
Rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno de la DGA

El Consejo de Gobierno da el visto bueno al proyecto de ley de Protección de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario

La ley pretende dar respuesta al desafío de la globalización de los mercados agrarios, estableciendo criterios para un modelo de agricultura familiar
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El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, como paso previo a su remisión a las Cortes para su debate.

La ley pretende dar respuesta al desafío de la globalización de los mercados agrarios, estableciendo criterios para la definición de un modelo de agricultura familiar de suficiente dimensión como para resultar competitivo en los mercados hoy en día existentes, y estableciendo prioridades para un apoyo público específico que aseguren su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la administración autonómica.

El proyecto de ley actualiza y orienta hacia esta tipología de agricultura las principales políticas públicas en el ámbito de las estructuras productivas agrarias, tales como los regadíos las concentraciones parcelarias y la gestión del propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años, diseñados en su momento para un sector agrario que nada tiene que ver ya con el actual. 

La normativa plantea una nueva regulación en cuanto a planificación, financiación y gestión del agua en actuaciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo del liderazgo de las propias comunidades de regantes, se asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como en el ambiental, con la intención de que esta política siga siendo una herramienta útil en la fijación de la población en el medio rural.

También establece una nueva regulación en materia de reordenación de la propiedad de las tierras, adaptándola a la situación actual, en cuanto a la cada vez más marcada dicotomía entre propietario y cultivador.