El Congreso de los Diputados insta a dar continuidad al Plan de 130 medidas frente al reto demográfico
Raquel Clemente (PP) reclama que haya un balance para que tenga eficaciaLa Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados aprobó este lunes una Proposición no de Ley del PSOE en la que se insta al Gobierno central a dar continuidad al Plan de 130 medidas frente al reto demográfico para la lucha contra la despoblación, ya que el periodo de vigencia del mismo era entre los años 2021 y 2023. El PPâÂÂrespaldó la iniciativa, pero reclamó que se haga un balance para conocer qué medidas están teniendo efecto.
La iniciativa socialista la expuso el diputado del PSOE por Soria Luis Alfonso Rey de las Heras, que defendió la importancia que ha tenido para las zonas despobladas el Plan de 130 medidas puesto en marcha durante la anterior legislatura, y cuyo periodo de ejecución finalizó el año pasado.
De las Heras indicó que las medidas están teniendo sus efectos desde la perspectiva de la “solidaridad social” y la “solidaridad territorial” que persiguen las políticas socialistas para que “nadie se quede atrás”. Argumentó que se han invertido más de 12.000 millones en tres años, por encima de los 10.000 millones contemplados inicialmente, habiéndose aprobado 141 medidas, “también por encima de las 130 inicialmente establecidas, que desglosadas han supuesto más de 200 actuaciones”.
El parlamentario socialista aseguró que las medidas han tenido sus resultados con un efecto positivo “en muchos pequeños municipios que han crecido”, y detalló algunas de ellas como el programa DUS 5000, los planes de conectividad, los planes de sostenibilidad turística en destino, o los programas aula mentor y de vivienda. También se refirió a las ayudas de funcionamiento y al impulso de la descentralización. La PNL aprobada plantea que se dé continuidad a ese Plan 130 para el periodo 2024-2027 “que posibilite una acción coordinada en materia de cohesión territorial y permita seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos en la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida de los pequeños municipios y las áreas rurales, con la colaboración e implicación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y la participación de la sociedad”.
Un plan sin estrategia
La diputada del PP por Teruel, Raquel Clemente, explicó que que aunque apoyaban la iniciativa, la misma no respondía al enunciado inicial que hacía el PSOE, puesto que anunciaba un balance y luego pedía dar continuidad al plan. Un plan, advirtió, que “viene sin estrategia, sin indicadores de cumplimiento, sin objetivos, sin zonificar las zonas más sensibles, sin presupuestos, y sin fechas de realización”, además de considerarlo “un sumatorio de todos los títulos presupuestarios que de forma ordinaria se invierten en el medio rural”, en lugar de ser un plan estratégico como tal.
La parlamentaria popular argumentó que rehabilitar edificios o cuarteles es algo que el Gobierno de España hace en general, y no son políticas específicas contra la despoblación. Clemente reprochó además al portavoz socialista que hablase de “solidaridad territorial” cuando el Plan de 130 medidas equivalía a 12.000 millones mientras la condonación de la deuda a Cataluña asciende a 15.000 millones. De igual forma apuntó que mientras los acuerdos de Cercanías en el País Vasco suman 500 millones, en el medio rural la ley de movilidad plantea con el mapa concesional quitar 1.417 paradas de autobús; algo, apuntó que no es solidaridad territorial, por lo que le pidió que dejasen de “mezclar conceptos”.
Raquel Clemente puso como ejemplo de una política errónea en Teruel el cierre prematuro de la térmica de Andorra “dejando atrás a todos los vecinos de una comarca” sin hacer antes un plan estratégico. Argumentó que eso no es una transición justa.
Afeó también al diputado socialista que en su relación hubiese incluido propuestas que no se han puesto todavía en marcha y que no han dado por tanto resultados. Dijo que el PP apoyaba la PNL para que se invierta en el medio rural, pero pidió que “se haga con un balance” para ver lo que funciona y lo que no. YâÂÂle puso como ejemplo medidas que se aplican en Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, como una fiscalidad especial, bonificaciones y educación de 0 a 3 años para apoyar a las familias y la conciliación.
El diputado de Sumar por CHA, Jorge Pueyo, defendió también que se haga un balance para ver lo que funciona y poder extraer lecciones para avanzar en el desarrollo del mundo rural.
