El Centro de Innovación Territorial alerta del riesgo de parálisis en la gestión por el exceso de análisis demográfico

Uno de los primeros trabajos que ha llevado a cabo el Centro de Innovación Territorial de Teruel (CIT) ha sido un diagnóstico de la situación en la provincia que permita impulsar políticas para dinamizar el medio rural, y entre sus conclusiones hay una contundente, que no se puede producir “la parálisis por el análisis” ante el ingente volumen de estudios y normativas ya existentes. Urge por ello a aplicar ya políticas con liderazgos fuertes y con visión a muy largo plazo.

El informe, que se configura como una síntesis de la gran multitud de trabajos, estudios y normativas que se han llevado a cabo en los últimos años, ha sido realizado por profesores de la Universidad de Zaragoza en el marco de un convenio OTRI con Apadrina un Olivo, que han desarrollado dos equipos de investigadores pertenecientes al Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES), y el Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID).

El Centro de Innovación Territorial de Teruel es una de las iniciativas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dentro de las políticas del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico, y que en la provincia se desarrolla a través de un convenio con la Diputación de Teruel. Su finalidad es marcar nuevas estrategias que permitan combatir la despoblación a través de políticas activas.

Los convenios OTRI, como es el que se ha hecho con los dos grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza, son contratos para acciones e iniciativas que permitan generar conocimiento desde lo académico para abordar a partir de ellos determinadas cuestiones  y afrontar ciertos problemas, como en este caso es el de la despoblación.

Los autores del trabajo señalan en este sentido que el estudio ha consistido en hacer un diagnóstico que permita abordar la innovación territorial en la provincia de Teruel desde dos ámbitos, la población y la vivienda, que es un problema añadido al del reto demográfico.

Lo han hecho a través de un enfoque multifacético que proporcione “una base sólida para la formulación de políticas y estrategias orientadas a abordar los desafíos demográficos específicos de Teruel”, en un esfuerzo por “promover un desarrollo sostenible y equilibrado”.

Una de las principales conclusiones a la que llegan, lógica y coherente a estas alturas cuando se han hecho multitud de estudios e informes, y se ha aprobado una amplia normativa que en muchos casos está todavía por desarrollar, es que lo que hay que hacer es ponerse a aplicar medidas a partir de los diagnósticos  y las propuestas que ya se conocen, y dejar de dar vueltas a la madeja constantemente.

Se tiene el diagnóstico, se sabe con claridad cuáles son los problemas, y el mundo académico ha hecho ya sus consideraciones desde una base científica, lo mismo que las administraciones públicas con el desarrollo de una amplísima normativa que en Aragón, por ejemplo, se retrotrae a hace un cuarto de siglo, y que en la última década ha estado marcada por la aprobación, entre otras, de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, siendo presidenta la popular Luisa Fernanda Rudi; o la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación, o la Ley de Dinamización del Medio Rural durante los gobiernos del socialista Javier Lambán.

Pasar a la acción

Choca por tanto el planteamiento que hace este estudio académico del CIT, en el sentido de que está todo estudiado y dicho y lo que hay que hacer es pasar a la acción, con el reciente anuncio de creación de un Centro de Estudios contra la Despoblación, anunciado por el actual Ejecutivo aragonés, con un presupuesto para este año de un millón de euros y que incluye la celebración de un congreso internacional, con el objetivo de que desde el mundo académico se estudie el problema para que a partir de esos resultados científicos se puedan aplicar medidas.

En cambio, los autores del trabajo encargado por el Centro de Innovación Territorial deja claro que informes hay ya más que suficientes, lo mismo que normativa, y que lo hay que hacer es pasar a la acción. Algo, por cierto, en lo que se lleva tiempo insistiendo desde otras entidades.

El informe sobre Población elaborado por los profesores universitarios se acompaña de una exposición de “los principales hallazgos de los análisis públicos y los estudios académicos sobre la despoblación en Teruel”, y pone el foco en las diversas propuestas que ya existen con medidas claras dirigidas a revertir la situación demográfica de este territorio. Dichas medidas las agrupa en tres bloques, el fomento de la natalidad, las políticas activas de atracción de extranjeros, y la retención y atracción de jóvenes.

Los autores consideran que todos los análisis que ya hay y lo realizado por instituciones y organismos, “debe dar paso a acciones sobre el terreno, y no cotribuir a la parálisis por el análisis”. Argumentan que es un “gran reto” que llevará décadas porque el cambio demográfico condicionará la economía en los próximos años, y que si bien conlleva “riesgos”, también entraña “oportunidades en múltiples dimensiones”.

Considera el diagnóstico realizado por expertos para el CIT, que “sólo mediante la aplicación de forma intensiva durante años de políticas integrales interconectadas entre sí”, que se desarrollen simultáneamente sobre cuestiones socioeconómicas, culturales e institucionales, “podrá revertirse muy paulatinamente la dramática situación demográfica actual hasta reconducirla hacia parámetros que aseguren la supervivencia del territorio a largo plazo”.

Lo que hay que hacer es actuar porque ya se sabe lo que se debe hacer en materia de incentivos, asentamiento y atracción de la población, así como en servicios y sobre todo vivienda, a lo que se dedica el otro de los informes elaborado por el CIT.

Ingente tarea

Y para coordinar esa “ingente tarea” que hay por delante, en la que están implicados diferentes actores a distintos niveles y todas las administraciones públicas, los expertos indican que es necesario que haya “liderazgos políticos fuertes y con visión a muy largo plazo”. Y no solo eso sino un compromiso de los ciudadanos desde la “corresponsabilidad de una sociedad civil sensible que debe implicarse activamente”.

Consideran los investigadores que hay que dejar de lado cualquier atisbo de “apatía o resignación” y empezar a trabajar ya desde la “complicidad social” y la “acción mancomunada” de todos para afrontar el reto de vencer la aparentemente “imparable inercia demográfica” que, si no se contiene, llevará al “colapso poblacional” de Teruel.

Como viene diciéndose desde hace tiempo, para afrontar el problema hay que abordarlo desde un planteamiento holístico, actuando desde múltiples ámbitos y de forma coordinada y continuada durante años.

Las medidas propuestas las agrupan básicamente en tres bloques de actuación y abarcan desde políticas que incentiven la natalidad y que favorezcan la conciliación, a incentivos fiscales a empresas que contraten a jóvenes, así como la mejora de los servicios y la puesta en marcha de un parque de vivienda habitable que permita tanto retener a la población existente como atraer a la de fuera como son los inmigrantes.

El “pilar fundamental” para garantizar un futuro demográfico sostenible pasa por “fomentar la natalidad” impulsando de forma decidida “políticas de apoyo integral a las familias jóvenes”, porque sin ellos no hay relevo generacional y cualquier intento de recuperar los censos de población será un puro espejismo mientras sigue envejeciendo el medio rural al no tener relevo generacional.

Consideran importante “facilitar el acceso a la vivienda”, en especial la de propiedad, además de mejorar la red de escuelas infantiles y la calidad de la enseñanza obligatoria dotándola de recursos suficientes para que el medio rural esté en igualdad de condiciones que el urbano.

La conciliación es otro factor clave, para lo que se propone el desarrollo de programas públicos que permitan a las familias “compatibilizar maternidad y desarrollo profesional” con medidas concretas como la ampliación de permisos de paternidad y maternidad, al igual que “implementando modelos laborales flexibles”.

Otra palanca importante que habría que aplicar serían los “beneficios fiscales directos” por nacimiento de hijos, algo que según los investigadores deberían estar “especialmente potenciados”. Y en esa línea recogen la propuesta hecha en otros estudios de garantizar la seguridad económica de las familias con políticas sociales como una posible “renta básica rural”. Al dar seguridad a las familias, eso tendría un “efecto incentivador” en la decisión de las parejas en tener hijos.

La inmigración es otra de las líneas prioritarias en la que debería actuarse, según este diagnóstico encargado por el CIT, mediante políticas activas de “atracción” de este colectivo. Actualmente el estudio señala que hay 17.000 extranjeros viviendo en la provincia, lo que supone que por lo menos una de cada diez personas que habitan en Teruel son extranjeros.

La llegada de esta población foránea puede contrarrestar, sólo “parcialmente”, los “desequilibrios demográficos endémicos” que padece la provincia. Para que haya una integración exitosa y que las comarcas turolenses no sean solo un lugar de paso para estas personas, se precisa de “ambiciosos” programas públicos de acogida. Y no solo eso, de campañas “intensivas de concienciación”.

Experiencias modélicas

Centros como el de acogida de migrantes que tiene Accem en Burbáguena se han revelado como exitosos y son un modelo a seguir por la convivencia con la población local que se ha producido y el mutuo beneficio que reciben unos y otros.

Para facilitar la integración de estas personas se requiere poder facilitarles su rápida incorporación laboral mediante la homologación “ágil” de sus credenciales, además de la posible aplicación de cuotas de empleo para residentes extranjeros en ciertos sectores, algo que los expertos creen que ayudaría a “maximizar su aportación positiva a la demografía y economía provincial”.

Y lo que no puede descuidarse, como han señalado hasta la saciedad múltiples estudios en los últimos años, es en la retención y atracción de la población joven con políticas como la ampliación de la oferta educativa, en particular la de formación profesional adaptada a las oportunidades cambiantes que ofrece cada territorio.

Otras medidas que se plantean es mejorar las opciones de empleo juvenil, recurriendo a los beneficios fiscales a las empresas para combatir la temporalidad en el caso de los contratos indefinidos que se firmen con menores de 30 años en la provincia.

El acceso a las redes de transporte, las telecomunicaciones y la banda ancha ultrarrápida, así como a una vivienda a “precio contenido” son estrategias fundamentales para “retener el talento joven”. Y unido a eso abogan por fórmulas flexibles de empleo público que permita a los jóvenes “compatibilizar el trabajo con periodos prolongados de estancia en sus localidades de origen”.

Por último, los investigadores inciden, a partir del amplio volumen de trabajos y propuestas públicas planteadas, actuar de forma “enérgica” en aspectos como el refuerzo de los sistemas públicos de salud, que abarquen desde el cuidado y asistencia social de larga duración ante el amplio envejecimiento que ya existe y que seguirá incrementándose.

A través del estudio, que entra también a explorar al detalle cada una de las diez comarcas puesto que cada solución que se adopte tiene que adaptarse al territorio, se pretende facilitar una comprensión “profunda” de cuál es la situación para que se puedan ir articulando las medidas que urge empezar a aplicar ya sin más dilación.