El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales urge a hacer las infraestructuras de comunicación

Las infraestructuras de comunicación pendientes de ejecutar en  zonas rurales como la provincia de Teruel deberían ser una prioridad puesto que “limitan sustancialmente” el desarrollo de estos territorios, en donde urge además la puesta en marcha de un plan de acción coordinada que tenga en cuenta a quienes viven en ellos. Así lo advierte un amplio grupo de expertos, en su mayoría catedráticos universitarios de distintas disciplinas, en el informe Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos, elaborado a instancias del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), un organismo público adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El documento vio la luz a finales de diciembre del año pasado, aunque no se ha presentado a la opinión pública ni ha trascendido, si bien se puede adquirir en las librerías y es posible descargarlo en formato pdf desde el portal en Internet del CEPC. Se trata del Libro Blanco contra la despoblación que reclamó Tomás Guitarte cuando era diputado de Teruel Existe en el Congreso, durante una comparecencia parlamentaria en 2022 del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, que asumió el compromiso aunque no se había sabido más de este trabajo hasta ahora que ha sido publicado.

Aluvión de informes

Llama la atención que en medio del aluvión de informes y estudios que siguen haciéndose sobre la despoblación y la cohesión territorial, no se haya dado difusión al que resulta ser el Libro Blanco en la materia por la dimensión y prestigio de los investigadores que han participado en su elaboración.

El informe no es complaciente  y es muy crítico con las políticas públicas que se han desarrollado en los últimos sesenta años, más allá de la propia evolución que ha tenido la economía y de los cambios sociales que se han producido en todo este tiempo. Sus autores constatan el fracaso de la cohesión interna en España tras su entrada en la Unión Europea, así como las erróneas políticas comunitarias impulsadas en décadas pasadas, y consideran por ello que el Estado en connivencia con el resto de administraciones públicas, de forma coordinada y teniendo en cuenta a la gente que vive en el territorio, y aprovechando las nuevas oportunidades que ofrece Europa con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, debería revertir esta situación volcándose de forma determinante con el medio rural despoblado.

Los expertos alertan de la pérdida de competitividad ­de estos territorios e inciden en la obligación que tiene el Estado de contrarrestarlo mediante políticas públicas ante el abandono que han sufrido. La situación de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria sería paradigmática en este sentido tras haber autorizado la Comisión Europea las ayudas al funcionamiento empresarial mediante una bonificación de los costes laborales de hasta el 20%, cuando en cambio no se está aplicando ni el 2%.

Criterios

Son también críticos con el despliegue sin control de las energías renovables, y urgen a una ordenación del territorio en esta materia, puesto que de lo contrario se va a cercenar el impulso de otras actividades.

Defienden las iniciativas Leader y los Grupos de Acción Local, por ser los entes que están en contacto con el territorio y conocen mejor que nadie las soluciones. Reconocen el papel desempeñado en los últimos años por las organizaciones sociales reivindicativas que impulsaron las manifestaciones en Madrid de 2003, como fueron Teruel Existe y Soria Ya, y las más de 160 asociaciones constituidas a raíz de la multitudinaria manifestación de 2019, también en la capital de España.

En cambio, alertan de la irrupción de otras formaciones políticas oportunistas ante el descontento social que existe en el medio rural. Indican en este sentido que ese descontento ha sido “aprovechado por nuevos partidos ultraconservadores de carácter más populista”.

Oportunistas

Partidos, argumentan los expertos, que “son los que ofrecen soluciones simples para problemas complejos, que pueden convencer hoy, pero sin solución alguna”. Partidos cuyos líderes “se pronuncian sobre problemas que desconocen” y que lo único que hacen es “buscar conflictos”.

El documento elogia por otra parte la nueva orientación política a favor del medio rural y la lucha contra la despoblación que desde finales de la década pasada ha adoptado la Unión Europea, lo que unido a las oportunidades que ofrecen las zonas despobladas como “territorios recursos”, pueden constituir hoy día uno de sus principales potenciales para su dinamización.

Una dinamización que debe estar acompañada por las Administraciones públicas, con políticas que tengan en cuenta las zonas rurales desde la coherencia, no desde el simple discurso de buenas intenciones que después no se ve reflejado en las acciones adecuadas. Sobre esta cuestión, llama la atención por ejemplo la Ley de movilidad sostenible que el Gobierno central pretende aprobar este año, y que cuando se presentó el anteproyecto hace dos años iba acompañada de un nuevo mapa concesional del transporte público de viajeros que eliminaba las paradas de autobús en los pueblos pequeños de las líneas estatales de autobús.

En ese sentido, en el primer capítulo del informe, titulado El proceso de despoblación: desequilibrios e inequidades sociales. El tiempo de las políticas públicas, los académicos que lo han elaborado urgen a garantizar esa movilidad en el medio rural, junto con los servicios públicos y el apoyo a la iniciativa ciudadana después de haber sido relegados estos territorios ahora despoblados a un segundo plano con políticas de cohesión que, si bien han hecho reducir las brechas entre España y el resto de países europeos más avanzados, han supuesto un fracaso en lo que respecta a la cohesión interna.

Conclusiones

Este primer capítulo ha sido elaborado por Mercedes Molina Ibáñez, catedrática emérita de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid; Luis Camarero Rioja, catedrático de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; José María Sumpsi Viñas, catedrático emérito de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la Universidad Politécnica de Madrid; Isabel Bardají Azcárate, catedrática de Economía y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid; y la colaboración de Rocío Pérez Campaña, profesora de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid.

Las conclusiones de este primer capítulo incluyen unas propuestas estratégicas para revertir la situación, a partir de la constatación de que la convergencia con Europa “no se ha proyectado en una verdadera cohesión socioterritorial” a nivel interno del Estado español, y que ahora los esfuerzos deberían ir dirigidos a los que han estado olvidados, desde el convencimiento de que la despoblación no ha de verse como un problema demográfico, “sino como una verdadera crisis de territorio”.

Abogan los expertos en primer lugar por impulsar un verdadero Desarrollo Rural, y no solo como el segundo pilar de la PAC que está cofinanciado por el Feader, puesto que el mismo deja fuera muchas acciones, medidas políticas e inversiones públicas “que son fundamentales para mantener un medio rural vivo para hacer frente al reto demográfico y a la crisis territorial” de España. Plantea a este respecto que algunos PERTES como es el caso de la economía de los cuidados o de la industria agroalimentaria  podrían impulsar un nuevo modelo territorial policéntrico.

Inciden los expertos en que es esencial la generación de la cadena de valor en la actividad agraria, apoyando a las pymes y “especialmente a la empresa familiar”, que son los que sientan arraigos en el territorio. De igual forma proponen potenciar las iniciativas Leader junto con la diversificación productiva.

No obstante, sobre el desarrollo de las energías renovables, si bien consideran que es necesario para contribuir al proceso de descarbonización de la economía, aclaran que “debe ser compatible con la agricultura y otras actividades y evitar la agudización del reto demográfico y la crisis territorial de las zonas rurales”.

Control sobre las renovables

Sobre esta cuestión, en la que profundizan con insistencia en el informe, se indica que “la ordenación del territorio” es imprescindible como considera el Consejo de Europa y “constituye el principal instrumento para evitar conflictos de uso en territorios rurales”. Sentencian los autores  que “la producción de energía no debe ser a costa de una nueva desagrarización con influencias negativas en la producción de alimentos”, y que las “transiciones estatales o globales, como la energía, no se deben hacer a costa, de nuevo, sobre la ruralidad, ni determinar ganadores sobre perdedores”.

El impulso de un turismo cultural asociado con las identidades territoriales, un desarrollo rural vinculado con el subsector forestal y el apoyo a las zonas rurales con muy escasas capacidades de cambio como “custodios de sus tierras”, son otros aspectos que deberían desarrollarse.

Inciden a continuación los autores en el desarrollo de las infraestructuras de comunicación terrestres, una carencia que en el caso de la provincia de Teruel se arrastra durante décadas, con compromisos desde el siglo pasado que no se cumplen y que se dilatan en los Presupuestos Generales del Estado. Para los catedráticos, no valen la excusas que se ponen sobre la nueva conectividad digital, que debe desarrollarse también en igualdad de condiciones pero ejecutando a la vez las vías de comunicación tradicionales.

En este sentido, el informe señala que “las infraestructuras por sí solas no generan desarrollo, pero su ausencia lo limita sustancialmente”. Constatan que su crecimiento y transformación a nivel del Estado “han sido espectaculares, pero también desmedidos y sin proyección territorial equitativa y jerarquizada”, y que a día de hoy la accesibilidad, tanto en transportes como en comunicaciones “detecta grandes desigualdades, tanto inter como intra comunidades autónomas”.

Documentación

Argumenta el documento que “la digitalización es clave para cualquier cambio socioeconómico, pero lo que ahora se considera más imprescindible no debe olvidar situaciones que lo obstaculizan y que deberían haberse modificado antaño”. Pone como prueba de ello la existencia en las zonas despobladas de carreteras en mal estado, sobre todo en áreas de montaña; un transporte a media y corta distancia en retroceso; deficientes conexiones de telefonía móvil y falta de infraestructuras energéticas.

Considera que “innovar en los territorios exige integrar retos de futuro y estrangulamientos del presente con origen en el pasado”, y que por ello las nuevas infraestructuras y las tradicionales “se deben planificar de acuerdo con las singularidades territoriales, aunando accesibilidades globales y locales y en consonancia con las exigencias del cambio económico y de la calidad de vida”, lo que se traduce en servicios.

Añade que aunque todo no puede estar en todos los sitios, sí que “toda la población tiene que poder acceder a todo”, para lo cual se deben articular “sobre una jerarquía territorial rural-urbana, en la que las comarcas son esenciales a efectos de configurar verdaderos Territorios Funcionales, en los que las cabeceras de comarca deben ser la base de una auténtica ordenación del territorio”.

Servicios

Por último, en este primer capítulo del Libro Blanco contra la despoblación y la cohesión territorial, los autores argumentan que “si se asocia la despoblación a una desigualdad social, tenemos la obligación de integrar los derechos y servicios sociales en los territorios afectados”. Y ello porque las carencias propias del abandono que han sufrido son  las responsables de las grandes brechas rurales existentes y “requieren una atención especial”.

Consideran por ello esencial la reestructuración y fortalecimiento de los servicios de salud; la estructuración y fortalecimiento de los servicios educativos; el impulso de los servicios privados de primera necesidad para garantizar su prestación en el territorio, y de aquellos servicios adaptados a la conciliación de la vida familiar y laboral. Considerar la inclusión social en su conjunto y promover el acceso a la vivienda son otras cuestiones sobre las que inciden.

Los catedráticos universitarios que han elaborado el informe consideran el momento actual como el más propicio para actuar, tanto por los cambios productivos como por la conciencia socioterritorial existente. Inciden en que “el tiempo de las políticas públicas integradas ha llegado”, puesto que “sin ellas la reversión es imposible”.