El 81% de los hombres y el 94% de las mujeres de Teruel eran analfabetos en el año 1860

En el siglo XIX eran los ayuntamientos, con una capacidad económica más bien escasa, los que se ocupaban de construir y mantener los colegios y pagar a los maestros. Esto se traducía en que los docentes cobraban poco y, en muchas ocasiones, en especie. También en el elevado porcentaje de analfabetismo que había en la provincia de Teruel en el año 1860, situado en el 80,79% en el caso de los hombres –cinco puntos por encima de la media española en la época– y de hasta el 94% en las mujeres, 8 puntos mas alto que la media nacional. Los datos procedente de una investigación desarrollada por Lourdes Alcalá y José Luis Castán que se ha materializado en el libro Los orígenes de la escuela rural en Teruel. La creación de un sistema escolar en el siglo XIX, publicado por la Editorial Caligrama y ya a la venta en librerías.
Alcalá explica que la escuela era el único foco de cultura que llegaba a los pueblos, pero, hasta el año 1902, dependía directamente de los ayuntamientos y la escuela casi siempre compartía edificio con otras dependencias municipales. Niños y niñas no asistían juntos a clase y en muchos pueblos solo había una escuela, de ahí la escasa escolarización femenina de la época. 
En 1845 había en la provincia de Teruel 337 escuelas elementales para 12.857 alumnos, de los que 11.029 eran niños y 1.778 niñas, según las cifras recopiladas por Pascual Madoz. “Es decir, de todos los concurrentes a las escuelas, solo el 13,82% eran niñas niñas. Es un dato coherente con el número de escuelas que existían en la provincia”, argumenta Lourdes Alcalá. 
Si se analiza por partidos judiciales, en todos ellos se confirma esta tendencia de priorizar a los niños sobre las niñas a la hora de la escolarización. Los datos más significativos están en el partido judicial de Aliaga, con un 97,06% de escuelas de niños frente a tan solo un 2,94% de niñas. Le siguen los partidos de Calamocha y Segura con unos porcentajes de escuelas de niños del 96,97% y del 96,36%, respectivamente, y con tan solo un 3,03% de escuelas de niñas en el partido de Calamocha y un 3,64% en el de Segura. 
En el caso contrario estaba el partido de Alcañiz, con un porcentaje de escuelas para los niños de un 59,09% al que se aproximaban las de niñas con un 40,91%, debido posiblemente a que aquí había tres escuelas privadas para niñas, entre ellas la de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que sigue abierta aún hoy, según las investigaciones recogidas ahora en el libro. 

La Ley Moyano
La Ley Moyano de 1857 establece que la Enseñanza Primaria Elemental es obligatoria para todos los españoles entre los 6 y los 9 años, aunque permitía que se recibiese de forma particular en las casas. Según relata Lourdes Alcalá, el artículo octavo establecía que los padres que viviesen en una localidad con escuela o la tuviesen cerca y no llevasen a sus hijos serían amonestados y tendrían que pagar una multa de 2 hasta 20 reales. Las autoridades turolenses no hicieron uso de esta potestad y, a pesar de ser obligatoria la enseñanza, “se quedó en una declaración de intenciones”, dice la investigadora, que añade que “nunca se pasó a la acción ni hubo multas”.
El director de la revista La Concordia, Pedro Pablo Vicente, exigió a las autoridades de forma reiterada y a través de distintos artículos el cumplimiento de la ley incluso a través de la imposición de multas. También criticaba el escaso interés por la educación de las familias, que preferían emplear a los niños “desde que saben andar, en guardar ovejas, en escarchar mieses o en recoger estiércol”.
Y es que en 1879 un 29% de los niños matriculados en la provincia de Teruel no asistía a clase –De  14.488 acudían 10.320– y la cifra de absentismo aún era mayor en las niñas, de las que solo iba habitualmente el 64% de las matriculadas. 
Las escuelas podían ser elementales o superiores, de las que en Teruel solo había tres, todas ellas masculinas, las de los padres escolapios en Albarracín y Alcañiz, con 28 alumnos en total, y una última en Teruel a la que asistían 19 educandos. “Es decir, que en toda la provincia los estudios primarios superiores solo se podían estudiar en Albarracín, Alcañiz y Teruel”, aclara Lourdes Alcalá.
Por otro lado, las escuelas elementales se diferenciaban entre completas o incompletas o de temporada, que eran aquellas que no impartían todas las materias establecidas y solo se permitían en los pueblos de menos vecindario. La ley no estableció el currículo de estas escuelas, y en la práctica dependía de la preparación y conocimientos de los docentes, según explica la investigadora. Precisamente el maestro Miguel Vallés criticó en varios artículos de prensa que la ley permitiera esta división y planteaba el agravio comparativo que suponía para un niño educarse en un pueblo. “¿Se quiere acaso hacer responsable al tierno infante de la desgracia que le cupo al venir al mundo naciendo en un pueblo de escaso vecindario? ¿Se intenta sancionar con una ley el absurdo de que cuanto mayor sea el número de individuos que habitan en un pueblo, mayores deben ser las ventajas que estos obtengan del Estado?”, planteaba Vallés.
En el libro se recoge el papel que jugaba el maestro porque, como apunta Lourdes Alcalá, “en esta provincia han hecho un gran esfuerzo para aumentar la cultura”. La investigadora detalla las “malas condiciones laborales que tenían”, y las limitaciones en la formación. 
En el libro explican que la mayor parte del sueldo lo recibían en metálico, pero también había una parte que se cobraba en especie. En Cantavieja la escuela de primeras letras de chicos, a la que acudían 84 discípulos, estaba dotada con 22 cahíces de trigo morcacho y 597 reales en dinero. A la femenina asistían 36 niñas y la maestra percibía una dotación de 8 cahíces de trigo.
La situación de los edificios donde se impartían clases en los pueblos de la provincia no era demasiada buena, aunque Alcalá matiza que los documentos analizados como base de la investigación son las actas levantadas por el mal estado de algunos: “Hemos encontrado las críticas, pero había algunos colegios en esa época que estaban muy bien, como la escuela de niñas de Fuentes de Rubielos”, reconoce.
En la publicación se recoge el acta de una visita realizada por el inspector provincial Antonio Ruperto Escudero a los partidos judiciales de Castellote, Calamocha y Valderrobres en el curso 1889-1890 en la que habla de “locales en general detestables” ya que “ninguno ha sido construido para ese objeto”. El inspector lamenta que muchos Ayuntamientos hayan recibido subvenciones para acondicionarlos y, “después de bastantes años, aún no se han empleado”.
De hecho, hay documentación que habla de la autorización a los maestros para que el dinero destinado a la compra de material vaya a parar a luz, colocación de cristales, seguridad de techos y suelos y otras reformas poco costosas pero necesarias.
A juicio de José Luis Castán, el gran error que se planteó en el siglo XIX es que, como se copió el modelo francés, el estado dejó en manos de los ayuntamientos la construcción, financiación y el pago de los maestros, lo que hizo que el sistema educativo solo se consolidara en aquellas provincias donde hubo interés por el tema, que no fue el caso de Teruel.
Esa escasa preocupación por el Magisterio quedaba patente ya en la propia escuela donde se formaban los docentes, que era “poco más que una Escuela Normal”, relata José Luis Castán. Hasta el primer tercio del siglo XX no cuentan con un edificio propio, que se crea en la II República en el edificio que actualmente ocupa el CEIP Ensanche de la capital. 
El origen del libro sobre la escuela rural turolense en el siglo XIX parte de un capítulo de la tesis de Lourdes Alcalá, doctora en Historia de la Educación, presentada en el año 2015, concretamente el que habla de la aplicación de la Ley Moyano en la provincia de Teruel. La investigadora quería que esos datos recabados fueran accesibles al público en general, ya que la tesis doctoral tiene un carácter eminentemente técnico, y decidió profundizar en el capítulo con ayuda de su colega José Luis Castán, que es doctor en Historia Moderna y en Historia del Derecho. La publicación del libro ha llevado tres años de investigación y ahora los estudiosos están recabando información sobre las primeras décadas del siglo XX para continuar con su trabajo.
El libro incluye una introducción sobre la escuela privada en la provincia, donde había varios colegios religiosos, como los Escolapios de Alcañiz y Albarracín o varios colegios femeninos. De hecho, la autora matiza que los Escolapios de Alcañiz iniciaron su andadura en el año 1729 y “todavía continúan hoy”. En Montalbán estaba el colegio de los Dominicos y en Alcorisa se creó en 1893 el de San Vicente de Paúl, congregación que estaba instalada en la capital desde 1867.
En lo que respecta a colegios de niñas, las monjas –como Clarisas o Dominicas, entre otras– impartieron clases en varias poblaciones, como Mirambel, Cuevas de Cañart, Estercuel, Valdealgorfa o Rubielos de Mora. Una mención especial requieren las hermanas de la Caridad de Santa Ana de Alcañiz, que empezaron en 1854 como casa de beneficencia y en 1884 crearon una escuela –actualmente abierta– que, en un principio atendía a la gente sin posibles, pero con el paso de los años se convirtió en un prestigioso colegio al que iban las hijas de las familias pudientes de la ciudad. 
Además de todos estos colegios, había una serie de profesionales de prestigio que daban clases particulares a gente muy pudiente y atendían desde niños de 4 años hasta adolescentes de 18.
Otro modelo de enseñanza lo constituían las fundaciones creadas a partir de legados testamentarios para dar educación a los niños de los pueblos donde no había escuela. En el año 1880 hay constancia de que había entidades de esta índole al menos en La Hoz de la Vieja, Olba y Ojos Negros.