CSIF se concentra en Teruel para pedir la equiparación salarial entre administraciones
Reclama al subdelegado que traslade el malestar de los empleados públicosLa Unión Provincial de CSIF pidió al subdelegado del Gobierno en Teruel que traslade el malestar existente entre los empleados públicos de la provincia por la falta de voluntad por abordar sus reivindicaciones laborales. Los responsables sindicales registraron un escrito con sus peticiones tras concentrarse este miércoles ante la sede de la Subdelegación. Esta movilización se llevó a cabo en otras ciudades de España.
El presidente provincial de CSIF Teruel, José Luis Santafé, explicó que los empleados públicos de la Administración General del Estado perciben por la realización del mismo trabajo de media un 25 por ciento menos que los empleados públicos que realizan funciones en el mismo puesto de trabajo de las distintas Comunidades Autónomas.
Recordó también que el conjunto de las Administraciones Públicas ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 20 por ciento en los últimos años, como consecuencia de los recortes como consecuencia de la crisis.
CSIF entregó un estudio realizado por el sindicato donde se aprecia las diferencias entre las diferentes Comunidades Autónomas y los empleados de la Administración General del Estado. Con este trabajo, el sindicato quiere poner de manifiesto la necesidad de retomar las negociaciones en materia salarial con la inclusión en los próximos presupuestos de 200 millones de euros para iniciar la homologación retributiva entre las administraciones.
Las diferencias retributivas oscilan entre los mil euros menos que cobra un personal laboral de mantenimiento y servicios y los 21.600 euros menos que percibe un funcionario del grupo A1 respecto al País Vasco
El sindicato considera además que con la disminución de efectivos que se ha producido desde 2010 se ha perdido una masa salarial de 1.657,7 millones de euros que se podrían invertir en parte en la equiparación salarial de los empleados públicos.
CSIF reivindica también la jornada laboral de 35 horas, la estabilización de empleo público y la mejora de la oferta pública de empleo, ya que la anunciada por el Gobierno esta semana la consideran insuficiente.
