Correos dispara el coste por repartir prensa en los pueblos y la polémica llega al Senado

El Grupo Correos ha decidido este año diferenciar, por primera vez, la tarifa para el envío de publicaciones periódicas, manteniendo el precio del año pasado para poblaciones de más de 50.000 habitantes, capitales de provincia o localidades con oficina de Correos, mientras que para el resto de destinos establece tarifas con gravámenes medios del 30%.

La decisión de la empresa, regulada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), discrimina precios en función del territorio en el que se reside y dispara el coste de envío de periódicos y publicaciones periódicas a las zonas rurales.

La polémica decisión, que ya fue criticada en enero por la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (Aeepp), ha llegado ahora al Senado con una batería de preguntas al Gobierno por parte de la senadora del Partido Aragonés (PAR) Rosa Santos.

La senadora interpela al Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre si considera, dentro de los principios de “equidad y no discriminacion”, aumentar un 30% las tarifas de un servicio que se presta al medio rural. 

Santos se pregunta también si esta decisión “podría perjudicar el acceso a la información de los habitantes de las zonas más despobladas”.

La senadora aragonesista termina cuestionando al Ejecutivo  sobre si esta medida de Correos “es acorde con la prioridad marcada el pasado 17 de enero de 2017 por la Conferencia de Presidentes, de elaborar y desarrollar una estrategia nacional frente al reto demográfico de naturaleza global y transversal que ayude a paliar el despoblamiento territorial”.

La senadora del PAR apunta que diferenciar el territorio en Zona A (manteniendo precios en ciudades) y Zona B (aumentando un 30% las tarifas en pueblos) es una clara discriminación hacia los territorios rurales, “algo que no está justificado”.

El aumento coincide “con la España rural más despoblada, la misma que está teniendo un acceso más lento y precario a internet y donde los ciudadanos carecen de alternativas para acceder a estos recursos informativos y de comunicación”.

Además, Santos recuerda que Correos es “adjudicatorio del servicio postal universal”, por lo que está obligado a distribuir las publicaciones “con los principios y condiciones que recoge la ley del servicio postal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal”. 

La decisión de Correos fue anunciada a los editores de publicaciones periódicas en el mes de enero, sin previo aviso y sin tener en cuenta que las empresas de comunicación realizan sus presupuestos con anterioridad, lo que ha provocado un desajuste en las contabilidades de las empresas.

Queja de los editores

La Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas ya mostró en enero su rechazo a la decisión del Grupo Correos, tomada sin previo aviso.

En un comunicado, la AEEPP denunció este aumento, “producido de manera unilateral, ha pasado a ser de una tarifa de envío de 0,62 a 0,80 céntimos de euro por ejemplar de cada revista (un 29% más). Pero algunos editores han detectado casos en los que el incremento ha llegado a ser hasta del 35%”.

La AEEPP manifestó “su total rechazo a estas nuevas tarifas que tanto afectan a la distribución de las publicaciones de los asociados y que discrimina a los lectores que viven fuera de las capitales de provincia”.

La Asociación anunció que se iba a poner en contacto en contacto con Correos “para pedir explicaciones por estas desmesuradas subidas e intentar llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes implicadas”.

Bonificaciones

El Grupo Correos sí que ha comenzado a negociar, de forma individual, algunas rebajas en las tarifas para la considerada Zona B, pero sin retirar la subida del 30%, que en cualquier caso sí será efectiva al 100% en 2019.

DIARIO DE TERUEL todavía no ha rubricado el contrato con Correos para este año a la espera de que el grupo reconsidere una decisión que afecta gravemente a la distribución de periódicos en los pueblos de la provincia.