Condenados a tres meses de prisión por cazar en Teruel y Guadalajara sin permiso

La Audiencia Provincial ha condenado a tres meses de prisión y a una multa de 360 euros a cuatro hombres que organizaban cacerías con clientes en cotos de las provincias de Teruel y Guadalajara para las que no habían pedido permiso.
Los  dos delitos de los que se les acusaba eran contra la fauna y de pertenencia a grupo criminal. En el juicio celebrado ayer los cuatro acusados reconocieron los hechos y se conformaron con la pena que había propuesto el Ministerio Fiscal. 
Los acusados, vecinos de Guadalajara, -J.A.S.R, A.G.L., E.M.T. y P.A.H. M.- han sido condenados también a indemnizar a la Sociedad de Cazadores San Blas, de Gargallo, en 6.000 euros, con intereses legales, indemnización ya abonada.
 El 20 de enero de 2016, los acusados contactaron y se trasladaron con un cliente, quien previamente había pagado todo o parte del precio estipulado, para dar caza a tres ejemplares de machos de cabra montés en este coto.
El modus operandi de los acusados consistía en localizar la zona para vislumbrar los ejemplares, y posteriormente acudir en vehículos a cazarlos, dirigiendo al cliente, para luego decapitar las piezas abatidas, utilizando varios vehículos. Realizaban contramarchas para detectar la presencia de testigos o agentes de la autoridad y regresaban al lugar donde habían cazado para recoger la pieza. Igualmente, las armas que utilizaban, las cambiaban de un vehículo a otro, al igual que todos o alguno de sus ocupantes, para camuflarse y avisarse ante posibles controles de agentes de la autoridad.
Cuando los miembros del coto de caza comprobaron que se había dado muerte a cabras  que estaban fuera de los cupos y precintos administrativos que habilitan al uso cinegético del mismo, denunciaron los hechos que conllevó una investigación, en la que, ante el alto nivel de profesionalización y organización de esta actividad, se autorizó judicialmente la intervención de las conversaciones telefónicas, y se comprobó que los cuatro acusados, hablaban, ofrecían, pactaban, concretaban, gestionaban y ejecutaban, continuas prácticas de caza furtiva, sin autorización de los titulares de terrenos cinegéticos en Guadalajara y Teruel, causando un claro perjuicio al patrimonio cinegético de los cotos, ya que abatían las piezas de mayor valor cinegético, haciendo también un uso fraudulento de precintos de caza mayor, que obtenían, dentro y fuera de cauces legales.
En las escuchas telefónicas se comprobó que era habitual la caza no autorizada tanto por parte de los propios integrantes del grupo de acusados, como de otras personas, que podrían calificarse de “clientes, amigos o conocidos” de la organización, sin estar  acreditado que tuvieran conocimiento de los hechos delictivos más allá, de lo que serían irregularidades administrativas en el ejercicio de la caza de ejemplares de especies. 
De esta manera, los acusados dieron salida al menos a 162 piezas de caza mayor durante el año 2016 y los primeros meses de 2017. La carne la vendían a empresas del sector cárnico de la provincia de Guadalajara.
Cada uno de los acusados ejercía una función diferenciada. Uno se encargaba de la logística, otros de captar clientes y acompañarlos y otro de la dirección ideológica y de dar salida a la carne de los animales cazados  y encargar la taxidermia para la elaboración, entrega y abundante posesión de trofeos. Finalmente, la banda fue desarticulada por la Guardia Civil en marzo de 2017.