Ciudadanos pregunta en el Congreso por el ferrocarril de Teruel y la A-40

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha presentado tres preguntas escritas al Gobierno sobre la línea de ferrocarril de alta velocidad entre Zaragoza y Teruel, el estudio informativo de la A-40 y la regulación de las actividades subacuáticas.

Según informa la agencia EFE, en las iniciativas planteadas por el diputado Rodrigo Gómez, pregunta en relación al ferrocarril si el Ministerio de Fomento tiene previsto acometer la construcción de tramos pendientes entre Teruel y Zaragoza licitados en el año 2000, entre Caminreal y Ferreruela y entre Villarreal de Huerva y Cariñena.

Pregunta además por la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado a la provincia de Teruel para reparación y mantenimiento del ferrocarril en los últimos quince años y por si el Gobierno tiene algún plan de actuación para las estaciones de ferrocarril fuera de uso.

Por último, el diputado demanda información sobre si el Ministerio tiene previsto actuar sobre los apartaderos de ferrocarril que existen en el Aeropuerto de Caudé y en Platea para convertirlos en "verdaderas" terminales ferroviarias.

Sobre la A-40 quiere saber qué cantidades se han abonado al contratista redactor del Estudio Informativo de esta vía, en qué situación administrativa se encuentra el estudio y cuál es el motivo por el que "en más de 7 años" la Dirección General de Carreteras, promotora de la autovía, no ha dirigido al "órgano medioambiental el documento inicial del proyecto".

En la pregunta recuerda que han pasado 17 años desde que se licitó el primer Estudio Informativo de esta vía y "se sigue en el mismo punto".

Pide concreción en los plazos para consultas previas a las administraciones afectadas por la ejecución de la autovía y le recuerda que se trata de un eje viario vertebrador en zonas afectadas por la despoblación.

Por último, el diputado también ha preguntado por la regulación de las actividades subacuáticas y su posible modificación, si el Gobierno tiene previsto aprobar un texto que reúna la normativa al respecto y regular el buceo.