Cinco grupos delictivos llevaban a cabo las ‘sextorsiones’ que investiga un juzgado de Teruel

Cinco grupos delictivos, entrelados entre sí, se dedicaban a realizar las sextorsiones que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel y que afecta a miles  de víctimas en toda España. Además, había un sexto grupo dedicado a la estafa y la falsedad documental mediante el cobro de cheques bancarios, sobre el que se ha abierto una nueva pieza separada. El jugador del Levante Toño García está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales, según se desprende del segundo levantamiento parcial del secreto del sumario que ha hecho el juez instructor y que se compone de cerca de 4.500 folios distribuidos en doce tomos.

El caso de las sextorsiones destapado hace un año por el Juzgado número 3 de Teruel se ramifica a través de varios grupos delictivos que actuaban de manera coordinada aunque con cierta autonomía, tal como se detalla en las nuevas diligencias sobre las que se ha levantado el secreto del sumario coincidiendo con la apertura de una pieza separada por presuntos delitos de estafa y falsedad documental por el cobro de cheques falsos y transferencias fraudulentas.

La mayor actividad del grupo se centraba en extorsionar a personas que habían solicitado servicios sexuales a través de páginas web de contactos, llamando a números de teléfono que se anunciaban en ellas. Los móviles quedaban registrados y los extorsionadores les llamaban después o les mandaban mensajes amenazándoles con poner en conocimiento de sus parejas y de sus familias que recurrían a la prostitución, y les chantajeaban exigiéndoles el pago de cantidades que oscilaban por lo general entre los 400 euros o varios miles de euros si veían que la víctima se asustaba o era famosa y estaba dispuesta a todo para que no trascendiera.

El pago se realizaba a través de mulas, personas que ponían a disposición de la organización sus cuentas bancarias para que las víctimas ingresaran en ellas el dinero de las extorsiones, que después recibían los cabecillas a cambio de gratificaciones.

De acuerdo con las nuevas diligencias cuyo secreto sumarial  parcial ha levantado ahora el juez -el segundo puesto que en octubre ya levantó el secreto de las actuaciones de dos tomos de la investigación-, la banda estaría  organizada en “varios grupos criminales diferenciados pero entrelazados entre sí”, según se recoge en un auto del 17 de junio del año pasado, cada uno de los cuales tendría su propia autonomía aunque todos estarían a la vez vinculados.

En unas diligencias anteriores, del mes de mayo de ese mismo año, se indica que la evolución de la investigación, tras las primeras detenciones producidas en febrero de 2017, había permitido “conocer la existencia de otros miembros que, posiblemente a una menor escala, ejercen esas mismas funciones directivas y de coordinación de otro grupo -más o menos autónomo- dedicado a la misma tipología delictiva”.

Las extorsiones se vendrían realizando por lo menos desde el año 2016 y la organización habría ido creciendo con la configuración de diferentes grupos, entrelazados entre sí. Una de las diligencias constata además  que muchos de los investigados cuentan con antecedentes anteriores por hechos similares, y que se han encontrado pruebas de que las extorsiones “se vienen realizando por la organización descrita desde 2016 o 2017, de forma continuada y con un volumen muy importante, con muy poca variación en los miembros que la conforman, forma de proceder y fines”.

En uno de los últimos autos cuyo secreto sumarial acaba de levantarse, correspondiente al 17 de junio de 2018, se indica que está “suficientemente acreditado que el ‘modus operandi’ utilizado para la comisión de este tipo de ilícitos penales, sería perpetrado por un grupo criminal organizado, en el que existirían diferentes escalones o roles con funciones claramente diferenciados”, cuya “conformación, estructura y medios empleados” para la comisión de los delitos detalla.

El primer grupo estaría liderado por Massinissa F.M., conocido con el alias de Erik, encargado de extorsionar y amenazar a las víctimas, que ingresaría el dinero de las extorsiones a través de otras personas que se encargaban de facilitar cuentas corrientes donde las víctimas tenían que ingresar el dinero por diferentes vías o cauces.

Un segundo grupo liderado por Ismael B.O. -en prisión actualmente al igual que el anterior- extorsionaría también a las víctimas a través de otro equipo organizado con sus propias mulas para recibir el dinero. En este grupo se investiga a tres personas que según los autos serían “los encargados de blanquear el dinero”, entre los cuales figura el jugador del Levante Toño García -detenido en febrero del año pasado y posteriormente puesto en libertad- y Abraham B.F., conocido por el programa Mujeres, hombres y viceversa.

Otro grupo estaría liderado por Peace Chika C.D., alias Chami, de origen nigeriano. Además, en esas fechas el juez tenía identificados otros dos grupos dedicados a las sextorsiones, cuyos cabecillas no se habían podido identificar entonces o cuyas identidades tampoco se había podido contrastar, aunque sí las de sus mulas.

El sexto grupo estaría dedicado “a la estafa y falsedad documental a través de cheques bancarios, utilizando mulas para el cobro y recepción de las cantidades”. El viernes pasado el juez instructor envió a prisión a ocho personas dentro de una pieza separada de las sextorsiones por estafa por el cobro y transferencia de cheques, que se encuentra bajo el secreto del sumario.

Las diligencias judiciales que han visto ahora la luz tras permanecer bajo el secreto de las actuaciones inciden en que los integrantes de estos grupos delictivos ejercían “diferentes funciones que facilitan la consumación final del delito”. Dentro de esas funciones, al jugador del Levante Toño García se le investiga por el “blanqueo de capitales, es decir, ocultando los beneficios obtenidos por la actividad ilícita”.

Dentro de las diligencias cuyo secreto de las actuaciones se ha levantado parcialmente no se especifica cómo Toño García podía realizar ese blanqueo, salvo en un atestado en el que se indica que ante el temor de uno de los cabecillas, Ismael B.O., de que la Guardia Civil pudiese realizar un registro domiciliario en su vivienda entregó una cantidad al futbolista.

Cuando declaró ante el juez, según recogen los autos, el deportista profesional reconoció haber recibido de esa persona “un total de 4.820 euros que guarda en su domicilio”, que desconocía su procedencia y que se lo había guardado porque el otro le había dicho que “tenía problemas de ludopatía y, de esta forma, evitaba gastarlos”. Por estos hechos se le investiga por un supuesto “delito de pertenencia a grupo criminal” al haber “conservado dinero procedente de la actividad ilícita investigada”.

En el caso de Abraham B.F., la investigación señala que este habría facilitado a Ismael B.O. sus datos personales “para ocultar los beneficios de la actividad ilícita investigada y, de esta forma, dejar en la ‘sombra’ las ganancias”. El investigado negó en su declaración ante el juez que conociera la procedencia ilícita de ese dinero.

Los extorsionadores eran insaciables con sus víctimas, algunas de ellas famosas

Los extorsionadores eran insaciables con sus víctimas, algunas de ellas famosas, a las que chantajeaban una y otra vez bajo amenaza de hacer público sus escarceos sexuales. Una de las diligencias señala que los implicados en los chantajes mantenían contactos a través de sistemas de mensajería “con la finalidad de efectuar extorsiones de forma coordinada”, y que una práctica habitual era que varios de ellos llamasen a una misma víctima para que realizara varios desembolsos, habiéndose detectado pagos de hasta 25.000 euros efectuados en diferentes ingresos.

Uno de esos casos es el del entrenador de fútbol Abelardo Fernández Antuña cuando estaba en el Alavés y pagó una extorsión de 25.000 euros en dos pagos, de 12.000 y 13.000 euros, con una diferencia de solo dos días en abril de 2018.

Los autos revelan ahora a partir de una conversación telefónica intervenida a uno de los cabecillas de la organización criminal, Ismael B.O., que intentaron extorsionar a este mismo entrenador exigiéndole el pago de otros 30.000 euros en enero de 2019. Para ello el extorsionador se puso en contacto telefónico con una mujer para intentar conseguir a través de un jugador valenciano que había sido fichado por el Alavés el nuevo número de teléfono de Abelardo Fernández. La investigación no aclara si volvió a ser víctima del delito.