César Cierco, catedrático de Derecho Administrativo: “La vacunación tiene una huella en el Derecho Administrativo”

Teruel acogió este martes la tercera y última sesión del XXXIII Foro de Derecho Aragonés bajo el título Las tensiones entre las libertades individuales y la protección a la salud en torno a la vacunación, en la que participaron César Cierco, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Lérida, y Vanesa Álvaro, magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 22 de Zaragoza. El tema principal del debate giró alrededor de las vacunas desde el punto de vista jurídico y la importancia que tiene para el colectivo el ejercer la vacunación o no, y estuvo moderado por Javier Oliván, asesor jefe del Justicia de Aragón.

César Cierco abrió su ponencia indicando que “la vacunación tiene una huella en el Derecho Administrativo” y lo plasmo bajo la doble posición de lo individual y lo colectivo, pues ambos puntos son inescindibles en el terreno de la inmunización. Para ello tomó dos recorridos: la vacunación en lo contencioso-administrativo y la vacunación en el ámbito civil (lo privado), y qué conflictos surgen o cuál es la labor de los jueces al respecto. “Aunque parezca que no hay mucha relación entre el Derecho y la Vacunación, sí que la hay”, explicó César Cierco y continuó diciendo que “el mensaje de la Justicia es la importancia que tiene la vacunación tanto individual como colectivamente, ya que las dos confluyen”. Esta confluencia se produce sin menoscabo de la protección de los derechos individuales frente a los del conjunto de la sociedad, pues “lo público no puede anular lo individual”, aclaró. En el apartado individual existe la prevención o protección y en la colectiva juega en papel de freno para que no se propague ni se extienda más allá de lo medicamente controlable.

Para reforzar su argumento, el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Lérida dijo que “se puede contener las epidemias a través de la vacunación” y describió los cinco sistemas que existen en el mundo: Voluntario, Obligatorio, Recomendable, Condicionante y Forzoso. Después se detuvo en el que hace referencia a España, como es el recomendable, que no obliga pero sí indica la conveniencia (prevención y protección) y que por ello establece un calendario que guia hacia la inoculación tanto del individuo como de la sociedad.

En el otro lado de las ponencias, Vanesa Álvaro analizó la jurisprudencia constitucional a raiz de la pandemia de covid-19, sobre las 30 sentencias que recoge el Tribunal Constitucional, entre 2023 y lo que llevamos de 2024, con respecto a las autorizaciones que dieron los tribunales en el caso de las discrepancias, bien entre progenitores para con sus hijos o en el caso de las vacunaciones en las Residencias Geriátricas. “Estas sentencias han obligado a ponderar los riesgos frente a los beneficios, ya que esto excede de lo meramente médico”, puntualizó.

Las sentencias seleccionadas recogen el fallo a favor de los individuos frente a las presiones de las administraciones, debiendo ceder ante el fallo de los jueces y “reconocían la legitimación, ya que los familiares tenían un interés legítimo y que la administración no consentida de la vacuna suponía una vulneración del derecho a la integridad personal”, afirmó la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 22 de Zaragoza. A este respecto, la magistrada hizo hincapié en que el papel del juez civil es hacer prevalecer los intereses de las personas con discapacidad frente a intereses públicos o de terceros.

Pero ante esta situación queda patente la importancia de la ausencia de una Agencia de Salud y el problema que se crea por la relevancia que tiene lo médico y con evidencia científica, que debería prevalecer ante las opiniones o posturas de fuerza que ejercen determinados individuos o colectivos, que basan su actuación en creencias o pensamientos sin base empírica. “En las fricciones es importante que la Justicia sea clara para generar seguridad”, dijo Cierco.

El Foro de Derecho Aragonés es una iniciativa común de las instituciones y entidades jurídicas aragonesas que nació en 1991 para favorecer el conocimiento y la comprensión del Derecho foral Aragonés y está coordinado desde su creación por el Justicia de Aragón, a la vez que apoyado por numerosas instituciones y entidades jurídicas como el Gobierno de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia, la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, las Facultades de Derecho, los Colegios de Abogados, el Colegio Notarial de Aragón o los Registradores de Aragón.

Teruel acogió este martes la tercera y última sesión del XXXIII Foro de Derecho Aragonés bajo el título Las tensiones entre las libertades individuales y la protección a la salud en torno a la vacunación, en la que participaron César Cierco, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Lérida, y Vanesa Álvaro, magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 22 de Zaragoza. El tema principal del debate giró alrededor de las vacunas desde el punto de vista jurídico y la importancia que tiene para el colectivo el ejercer la vacunación o no, y estuvo moderado por Javier Oliván, asesor jefe del Justicia de Aragón.

César Cierco abrió su ponencia indicando que “la vacunación tiene una huella en el Derecho Administrativo” y lo plasmo bajo la doble posición de lo individual y lo colectivo, pues ambos puntos son inescindibles en el terreno de la inmunización. Para ello tomó dos recorridos: la vacunación en lo contencioso-administrativo y la vacunación en el ámbito civil (lo privado), y qué conflictos surgen o cuál es la labor de los jueces al respecto. “Aunque parezca que no hay mucha relación entre el Derecho y la Vacunación, sí que la hay”, explicó César Cierco y continuó diciendo que “el mensaje de la Justicia es la importancia que tiene la vacunación tanto individual como colectivamente, ya que las dos confluyen”. Esta confluencia se produce sin menoscabo de la protección de los derechos individuales frente a los del conjunto de la sociedad, pues “lo público no puede anular lo individual”, aclaró. En el apartado individual existe la prevención o protección y en la colectiva juega en papel de freno para que no se propague ni se extienda más allá de lo medicamente controlable.

Para reforzar su argumento, el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Lérida dijo que “se puede contener las epidemias a través de la vacunación” y describió los cinco sistemas que existen en el mundo: Voluntario, Obligatorio, Recomendable, Condicionante y Forzoso. Después se detuvo en el que hace referencia a España, como es el recomendable, que no obliga pero sí indica la conveniencia (prevención y protección) y que por ello establece un calendario que guia hacia la inoculación tanto del individuo como de la sociedad.

En el otro lado de las ponencias, Vanesa Álvaro analizó la jurisprudencia constitucional a raiz de la pandemia de covid-19, sobre las 30 sentencias que recoge el Tribunal Constitucional, entre 2023 y lo que llevamos de 2024, con respecto a las autorizaciones que dieron los tribunales en el caso de las discrepancias, bien entre progenitores para con sus hijos o en el caso de las vacunaciones en las Residencias Geriátricas. “Estas sentencias han obligado a ponderar los riesgos frente a los beneficios, ya que esto excede de lo meramente médico”, puntualizó.

Las sentencias seleccionadas recogen el fallo a favor de los individuos frente a las presiones de las administraciones, debiendo ceder ante el fallo de los jueces y “reconocían la legitimación, ya que los familiares tenían un interés legítimo y que la administración no consentida de la vacuna suponía una vulneración del derecho a la integridad personal”, afirmó la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 22 de Zaragoza. A este respecto, la magistrada hizo hincapié en que el papel del juez civil es hacer prevalecer los intereses de las personas con discapacidad frente a intereses públicos o de terceros.

Pero ante esta situación queda patente la importancia de la ausencia de una Agencia de Salud y el problema que se crea por la relevancia que tiene lo médico y con evidencia científica, que debería prevalecer ante las opiniones o posturas de fuerza que ejercen determinados individuos o colectivos, que basan su actuación en creencias o pensamientos sin base empírica. “En las fricciones es importante que la Justicia sea clara para generar seguridad”, dijo Cierco.

El Foro de Derecho Aragonés es una iniciativa común de las instituciones y entidades jurídicas aragonesas que nació en 1991 para favorecer el conocimiento y la comprensión del Derecho foral Aragonés y está coordinado desde su creación por el Justicia de Aragón, a la vez que apoyado por numerosas instituciones y entidades jurídicas como el Gobierno de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia, la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, las Facultades de Derecho, los Colegios de Abogados, el Colegio Notarial de Aragón o los Registradores de Aragón.