CEOE Aragón opta por bajar las cotizaciones y reforzar los servicios para luchar contra la despoblación

CEOE Aragón apunta que no hay una correlación clara entre incentivos fiscales y la creación de empleo en las zonas rurales y, en su lugar, defiende una mejora en servicios e infraestructuras, así como rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social para luchar contra la despoblación.

Estas son algunas de las conclusiones más destacadas de un estudio elaborado por la patronal aragonesa para proponer posibles soluciones para "retener y atraer" población en las zonas más castigadas por la despoblación.

En el informe la CEOE hace un repaso a la situación demográfica actual, que arroja datos como que 17 de las 33 comarcas aragonesas están en riesgo, a lo que hay que sumar el efecto del envejecimiento, que está "muy por encima" de la media nacional, algo que es compartido por la gran mayoría de la España interior.

Del mismo modo, se han analizado las políticas de incentivos fiscales que se aplican en el conjunto del país para frenar la despoblación del medio rural, que son generalizadas con la excepción de solo dos autonomías -Madrid y Murcia- y que colocan a La Rioja y Galicia como las más incentivadoras.

En el caso de Aragón, existe una deducción del 5 por ciento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por adquisición o rehabilitación de primera vivienda en municipios menores de 3.000 habitantes sujeta a límites de renta y a menores de 36 años.

Asimismo, se aplican deducciones en el IRPF entre 100 y 300 euros por nacimiento o adopción del primer y segundo hijo en municipios con menos de 10.000 habitantes y otra en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por arrendamiento de fincas rústicas con una renta anual que no supere los 9.000 euros.

En palabras del presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, estas medidas tienen un efecto "muy reducido" por el escaso número de posibles destinatarios y ha considerado que hay margen para eliminar los límites de edad y renta, así como ampliar las bonificaciones a explotaciones agrarias y ganaderas en el medio rural.

Ante esta situación, el estudio plantea el coste y el impacto en distintos escenarios y destaca la propuesta de rebajar en 10 puntos porcentuales las cotizaciones sociales que pagan las empresas a la Seguridad Social.

En ese escenario, aplicado al territorio incluido en la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) -que en España comprende las provincias de Teruel, Soria y Cuenca-, la medida costaría 271 millones de euros y supondría un impacto positivo en el PIB de 213 millones, un retorno fiscal de casi 64 millones y la creación de 3.235 empleos.

A todo ello Mur ha sumado la necesidad de no apostar únicamente por el sector primario y la agroalimentación, e incluir también industrias como la tecnológica por su capacidad para crear valor añadido, así como medidas que no suponen coste para las arcas públicas como la simplificación burocrática o la aprobación de una legislación diferenciada para las zonas rurales.

De igual forma, ha reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta que el coste de las escuelas, los consultorios médicos o el mantenimiento de las carreteras es mucho más elevado el comunidades del interior como Aragón.

En ese sentido, ha subrayado que "no tiene sentido" abordar este problema únicamente desde el punto de vista fiscal o de las cotizaciones, ya que nadie elige el territorio donde vivir por estos motivos sino por las posibilidades de desarrollo vital que le ofrece.

Por otro lado, Mur ha señalado que la lucha contra la despoblación ha entrado en la agenda política y que, incluso, hay un grupo "muy importante" trabajando dentro de CEOE, que aglutina representantes de ambas Castillas y Aragón que están liderando estas reivindicaciones en el seno de la patronal, que ahora es "sensible" a esta problemática.

Los casos de éxito en otros países de Europa indican, además, que "nunca es demasiado tarde", como demuestra el ejemplo de las Tierras Altas (Highlands) de Escocia,

Allí, desde la creación de una agencia de desarrollo territorial en 1965, despolitizada y con medidas a medio y largo plazo, se ha logrado que la población de las Tierras Altas haya aumentado en un 22 por ciento en los últimos 50 años frente al 2 por ciento del conjunto de Escocia.