Boya apela a innovar frente a la despoblación mientras Juste y Casañal reclaman ya hechos

El secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno central, Paco Boya, apeló este martes en Albarracín a la innovación para hacer frente a la lucha contra la despoblación, así como a la implicación de todas las administraciones desde sus distintos ámbitos competenciales. Boya asistió a la inauguración del IV Encuentro de la Red de Centros de Innovación Territorial, que acoge hasta hoy miércoles la Fundación Santa María de Albarracín, y en el que destacó el modelo de cogobernanza que hay en la provincia de Teruel. El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y el director general de Despoblación, Alberto Casañal, reclamaron que se pase ya a los hechos, y en la apertura de la jornada se pidió también que medidas como las ayudas al funcionamiento de las empresas se apliquen en su máxima intensidad como mecanismo que puede ayudar a que la provincia tenga una ventaja competitiva.

El IV Encuentro de la Red de Centros de Innovación Territorial (CIT) ha sido organizado conjuntamente por la Diputación de Teruel y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), del que depende la Secretaría General para el Reto Demográfico. Participan en torno a 120 personas de toda España procedentes en su mayoría de distintos CIT, y su objetivo es intercambiar experiencias, según explicó la coordinadora del centro de Teruel, Sara Anés.

El CIT de Teruel es fruto de la colaboración entre la DPT y el Miteco y está dotado con 1,5 millones de euros para un periodo de cuatro años con el fin de ayudar a generar actividad económica. La DPT aporta el 20% y el Ministerio el 80% restante tras el convenio que suscribieron en 2022. Cuenta con financiación de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y trabaja en la dinamización del territorio a través de varias líneas como el emprendimiento rural, el turismo sostenible, la vivienda y la formación y la innovación. La coordinadora recordó que la Asociación Centro de Innovación Territorial tiene una gobernanza propia y en ella participan Atadi, Apadrinaunolivo.org, la Agrupación de Entidades para el Desarrollo Local y CEOE Teruel.

Paco Boya destacó cómo están funcionando estos centros, que son una de las iniciativas recogidas en el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico. En Teruel aseguró que el modelo de gobernanza es “muy completo” al estar en él representados todos los actores del territorio. Manifestó que a la vista de cómo estaban funcionando, el Ministerio está “muy esperanzado y muy ilusionados”.

Aprender en común

Además de las doce provincias en las que estás implantados los centros, Boya manifestó que hay otras tantas que han solicitado entrar en esta dinámica. Comentó que estos centros estaban contribuyendo a aprender tanto de los aciertos como de los errores para impulsar un “nuevo modelo de desarrollo territorial” para hacer frente a las necesidades de las zonas rurales.

Indicó que estas figuras son la “punta de lanza” de una política para luchar contra la despoblación que debe basarse en la “colaboración institucional”, e incidió en que el medio rural “tiene que encontrar sus propias herramientas”.

Destacó los 13.000 millones destinados al Plan de 130 medidas, con acciones importantes en conectividad, la fibra satelital y el despliegue del 5G, además de haberse aportado 300 millones de euros a las comunidades autónomas para proyectos específicos de cohesión territorial.

Incidió en la cogobernanza y la colaboración institucional, hacia lo que hay que avanzar ahora con el Plan 30 minutos para acercar a los ciudadanos a los servicios, dijo. Añadió que eso requiere de una visión del territorio muy detallada para impulsar políticas singulares mediante el “riego gota a gota”. Argumentó que para apoyar a los municipios más pequeños también hay que “apuntalar” las ciudades medianas con capacidad para dotar de servicios al territorio. Otra línea en la que incidió fue en la necesidad de hacer atractivos los territorios y atraer a la juventud.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, valoró que encuentros como este sirvieran para conocer otras experiencias que poder imitar, al igual que pasó en la provincia con los multiservicios rurales, que ahora son una referencia.

Juste abogó por generar oportunidades en el territorio para dar visibilidad a Teruel diferenciándolo de otros sitios a partir de su rico patrimonio y sus productos de calidad, en lo que denominó “toscanización” de la provincia. Defendió que haya una mayor cohesión y que se genere un movimiento común de todos los agentes turolenses.

En cuanto a su encuentro con el secretario general del Reto Demográfico, Juste indicó que le había trasladado la necesidad de “pasar de las musas al teatro”, insistió en las ayudas al funcionamiento, y argumentó que ante el cambio de paradigma con el medio rural era necesario avanzar en el tema de la vivienda para poder ofertarla a los jóvenes.

El director general de Despoblación del Gobierno de Aragón, Alberto Casañal, también se refirió que es hora de “pasar a los hechos y no a los dichos”, y recordó que desde el Ejecutivo aragonés se están impulsando medidas como el mapa concesional y el plan de carreteras para mejorar la movilidad, así como facilitar la construcción de vivienda para que puedan asentarse profesionales y jóvenes. Argumentó que con servicios se atraerá población e indicó que en eso se trabajará a través del convenio con la DPT, que previsiblemente estará a principios de año.

Ayudas al funcionamiento

El secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, volvió a escuchar este martes por enésima vez la reclamación de que los porcentajes de las ayudas al funcionamiento de las empresas se incrementen hasta el 20%, como autorizó la Comisión Europea, y en su respuesta se vislumbró que el Gobierno central echa para largo la revisión de estas bonificaciones de la Seguridad Social sobre los costes laborales.

Al preguntarle este periódico sobre ese asunto, Boya reiteró, con el matiz de que era un asunto que competía al Ministerio de Hacienda y a la Seguridad Social, que la intención era hacer un estudio “en profundidad” y a partir de ahí hacer una reflexión conjunta con los actores del territorio y ver qué nivel de respuesta podía haber. Argumentó que se está aplicando en una cuantía y ahora hay que “esperar un tiempo prudencial”, que recordó que se está hablando de tres años. De las palabras del secretario general se entiende que, teniendo en cuenta que comenzaron a aplicarse en 2023, su revisión en función del estudio de impacto que se haga sería para el año 2026. Recalcó que hay que analizar el impacto “para poder sacar conclusiones de esta experiencia”, y precisó que estudios hay “de todos los colores y también hay quien dicen todo lo contrario”. Precisó que al final “lo que tendrá resultado es un proceso de políticas combinadas”, que pueden ser tanto fiscales como de apoyo a los servicios, entre otras.