Aumentan un 29% las quejas de la provincia de Teruel al Defensor del Pueblo

Las quejas al Defensor del Pueblo aumentaron el año pasado un 29,4% en la provincia de Teruel, según recoge el informe anual de esta institución que acaba de hacerse público. Una tercera parte de las reclamaciones presentadas por los turolenses hacen referencia a los servicios públicos y a la educación, y la institución muestra en el informe su preocupación por la situación generada con el cierre de la térmica de Andorra, además de por la brecha digital existente en las zonas menos pobladas del país.

El Defensor del Pueblo tramitó el año pasado en la provincia de Teruel 44 expedientes por quejas de ciudadanos, diez más que el año anterior, lo que supone un aumento del 29,4%. Estas reclamaciones supusieron un 9,26% del total de las presentadas en Aragón, y un 0,22% de las que se tramitaron en el conjunto del país.

El mayor número de quejas planteadas al Defensor del Pueblo el año pasado desde la provincia de Teruel fue por la demanda de servicios públicos y esenciales (9), seguidas de las relativas a la Administración de Justicia (7) y la educación (5). Los otros expedientes abiertos fueron por sanidad (2), empleo y seguridad social (2), asuntos de interior (4), función y empleo públicos (4), centros penitenciarios (2), impuestos (1), migraciones (3), medio ambiente (3), actividad económica (1), e igualdad de trato (1).

En su amplio informe la institución expresa su preocupación por la situación derivada del cierre de las centrales térmicas de carbón, y en particular por la de Andorra, y por la brecha digital existente entre las ciudades y el mundo rural.

En relación a la minería del carbón, el Defensor del Pueblo señala en su informe que el año pasado los trabajadores de la térmica de Andorra se dirigieron a él para presentarle una queja por el cierre de estas instalaciones y el despido de más de 400 trabajadores de la misma, la mayoría entre 40 y 60 años.

Alude la institución a que estas instalaciones, como en el caso de Andorra, se encuentran en comarcas donde esta actividad es una de las principales dinamizadoras de la actividad económica, “lo que dificulta que estos trabajadores puedan encontrar un nuevo empleo en la zona”.

A pesar de ser una situación enmarcada en el ámbito privado principalmente, el Defensor trasladó su preocupación al Ministerio de Transición Ecológica, que le informó de cuáles eran sus planes con la Estrategia Nacional de Transición Justa aprobada hace más de un año, y que entonces el objetivo era impulsar un Plan de Acción Urgente para proporcionar una “respuesta lo más ágil posible a las vulnerabilidades apremiantes que presentan estas zonas, siendo los convenios de transición justa la principal herramienta para la reactivación económica de los territorios especialmente vulnerables o afectados por los efectos e impactos de dicho cambio”.

Además, el Defensor del Pueblo deja constancia en su informe de que mientras se diseñaban esos convenios la Administración central trabajaba con la comunidad autónoma de Aragón para apoyar nuevos proyectos empresariales en la zona a corto plazo. Se trata de un informe que hace referencia a las actuaciones y plazos en los que se estaba trabajando el año pasado y que no entra a valorar ni los retrasos ni la situación actual agravada por la crisis del coronavirus.

De hecho, la institución señala que dio por concluidas las investigaciones, haciendo una valoración positiva de la determinación ministerial de “fomentar nuevos proyectos empresariales en las zonas afectadas por el cierre de estas centrales y su preocupación por encontrar una salida laboral a sus trabajadores”.

Añade que el Defensor del Pueblo “no puede en este momento realizar actuaciones en relación con este asunto”, más allá de las gestiones realizadas durante la investigación, argumentando que “la relación laboral de los trabajadores de la empresa es de carácter privado y de la información recibida se desprende que la finalización de las relaciones laborales y el cierre de la empresa se están desenvolviendo dentro del marco legal”.

Precisa la institución que las quejas presentadas en este caso se refieren tanto a las consecuencias para la economía y el empleo de la comarca, como al hecho de que “algunos de los trabajadores se vean excluidos de la posibilidad de recibir ayudas por el cese de la actividad de la minería del carbón”.

Brecha digital

Por otra parte, el informe del Defensor del Pueblo incide en otro apartado en las dificultades que supone para el medio rural la brecha digital que existe con respecto a las ciudades por la imposibilidad de acceder a la banda ancha.

“El acceso al servicio de internet en condiciones adecuadas y de igualdad para todos los ciudadanos residentes en España es una cuestión que preocupa a esta institución, por suponer una brecha digital que separa a los habitantes de las zonas menos pobladas, generalmente el interior de la península, de los de las áreas más pobladas, como las capitales o la zona litoral”, indica el informe de la institución.

En este sentido señala que esta cuestión fue tratada con el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, que le contestó que para garantizar la cobertura se ha dado continuidad al Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación  (PEBA-NGA) para el despliegue de la misma en las llamadas “zonas blancas”. El Defensor del Pueblo expresa su compromiso de proseguir las actuaciones de seguimiento de estos planes.