Aragón y las dos Castillas envían al Gobierno central su propuesta para las ayudas a empresas de Soria, Cuenca y Teruel

Los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha han enviado al Gobierno central una propuesta técnica jurídica para conseguir que la Comisión Europea valide las ayudas que puedan recibir las empresas asentadas en Soria, Cuenta y Teruel para fomentar el desarrollo económico en estas zonas escasamente pobladas, por la vía de una bajada en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Estas autonomías han mantenido este miércoles una reunión telemática con representantes de las patronales de estas provincias y con la coordinadora de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), Sara Bianchi, a la que han asistido el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; y la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez.

Según ha explicado la Junta en un comunicado, la reunión ha servido para analizar el documento técnico elaborado por las tres comunidades, en el que se facilita la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea.

El documento ha sido remitido al Gobierno de España con el fin de dar respuesta a cómo articular las bonificaciones en los costes laborales para estas tres provincias, al amparo de las Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de finalidad regional.

Estos tres gobiernos autonómicos han mantenido durante los últimos meses una exigencia sobre estas bonificaciones tras el cambio logrado en las Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de finalidad regional diseñadas para el periodo 2022-2027, al valorar que Soria, Teruel y Cuenca reciban las ayudas al funcionamiento para las empresas, equiparándose a las regiones más despobladas de Europa (Suecia, Noruega y Finlandia).

La forma más operativa de articular las ayudas, que también podría alcanzar a zonas adyacentes con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social.

Concretamente, sobre las aportaciones empresariales a las cuotas por contingencias comunes en el Régimen General, de forma que se establezca un tipo aplicable inferior al general.

El informe elaborado por las tres comunidades autónomas y enviado al Gobierno, y que ha sido explicado a los representantes de las CEOE de Soria, Cuenca y Teruel, pone de manifiesto que este régimen propiciaría la atracción y la consolidación de empresas en las que el peso de los costes laborables sea considerable frente a otros factores de producción.

Esta medida significaría que el tipo de cotización empresarial por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social, actualmente fijado en el 23,6 %, podría reducirse en el importe correspondiente hasta alcanzar el 20 % de los costes laborales.

En el caso de los trabajadores autónomos, el tipo de cotización por contingencias comunes asciende al 28,30 %, que podría verse reducido del mismo modo hasta alcanzar como máximo el 20 % de los costes laborales del trabajador por cuenta propia.

Las ayudas se establecerán, según la propuesta con carácter indefinido, en tanto en cuanto sean compatibles con la normativa europea.

No es necesario que las empresas tengan su domicilio social o la totalidad de sus centros de trabajo en la zona asistida, aunque solo resultarán de aplicación los costes laborales incurridos por las empresas en la mencionada zona.

Sí se exigirá la inclusión de los trabajadores en el Código de Cuenta de Cotización específico de la empresa en dicha provincia y que residan ahí, fijándose un mínimo de 183 días en el año natural de permanencia y exigiéndose su empadronamiento.

Entre los requisitos de los beneficiarios se encuentra su incorporación efectiva al Sistema RED, de remisión electrónica de datos, o hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social durante la aplicación de la ayuda.