Aragón tendrá que detallar en sus presupuestos del año 2024 las inversiones para el medio rural

Los próximos presupuestos de Aragón para 2024 deberán incluir un anexo en el que se detallen las inversiones que se destinarán al medio rural. Es una de las obligaciones que establece la Ley de Dinamización del Medio Rural, aprobada la semana pasada en las Cortes de Aragón y que el comisionado aragonés para la lucha contra la despoblación, Javier Allué, asegura que “va a ser muy útil para el medio rural turolense”.

La nueva norma, que era uno de los compromisos del cuatripartito para esta legislatura, obliga además a que en el plazo de un año se desarrollen nuevos instrumentos y se pongan en marcha procedimientos como la elaboración del Programa de gestión territorial de dinamización económica y social para el medio rural, con la revisión de las directrices zonales que hay vigentes.

Gobierne quien gobierne a partir de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, una de sus tareas inmediatas deberá ser la puesta en marcha de esta ley y el desarrollo de la misma, si bien buena parte de lo que viene recogido en su articulado son políticas que ya están en marcha parcial o totalmente, y que se han ido implementando en los últimos años.

La norma blinda su desarrollo por ley y establece los mecanismos para que en todas las políticas que se impulsen se tenga en cuenta el mecanismo de garantía rural, es decir, que se valore ante cualquier medida que se adopte cuál es la incidencia que la misma tiene en el medio rural.

La ley fue aprobada en el último pleno de la legislatura celebrado la semana pasada, y obligará a que cada año los presupuestos de la Comunidad Autónoma detallen en un anexo específico qué inversiones se van a acometer en materia de dinamización del medio rural, que es el objetivo que persigue la nueva norma para combatir la despoblación en Aragón, y sobre la que Allué aseguró que para la provincia de Teruel va a ser muy importante.

La ley establece en su artículo 94 que los presupuestos de Aragón incluirán ese anexo para detallar a nivel comarcal el importe destinado a la dinamización del medio rural de los capítulos IV, VI y VII, relativos a transferencias e inversiones. Allué manifestó que es una forma de “transparencia” para que se vea el cumplimiento de la ley y que por primera vez deberá incluirse en el proyecto de ley de presupuestos que haga el próximo Ejecutivo para el año 2024.

“Esto es muy importante porque descubriremos cuál es el gasto que tiene esta Comunidad Autónoma para el medio rural, y comprobaremos de esta manera la vocación de permanencia de las medidas para que tengan siempre una financiación suficiente para las políticas que tengan que influir de manera positiva en esta manera”, comentó Allué, quien estimó que en los presupuestos actualmente en vigor para el año 2023 esa cifra podría ser de más del 50% de las partidas que componen estos tres capítulos presupuestarios.

El comisionado calificó la nueva ley de “libro de cabecera” para quienes gobiernen, después de que la norma saliese aprobada con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios y sin ningún voto en contra, ya que el PP y Vox se abstuvieron; y tras un desarrollo que ha sido muy participativo puesto que hubo tres procesos de ese tipo, ciudadano y de diferentes órganos y entidades.

Fiscalidad diferenciada

Allué recordó que la ley incorpora, por primera vez, un régimen de fiscalidad diferenciada para los residentes de los asentamientos de alto riesgo y de riesgo extremo de despoblación. En total, esa fiscalidad beneficiará a 1.026 asentamientos en el conjunto de Aragón y a setenta mil personas.

En el caso de la provincia de Teruel, favorecerá a 26.429 turolenses que viven en núcleos en riesgo alto o extremo de despoblación, mientras que 5.868 turolenses asentados en zonas con riesgo extremo podrán deducirse 600 euros anuales de la cuota íntegra autonómica en el Impuesto sobre la Renta.

“Hemos comenzado por los asentamientos más vulnerables como reconocimiento al esfuerzo de vivir en lugares donde la accesibilidad a los servicios es mucho más difícil”, manifestó el comisionado, quien precisó que esta ley, junto con las del fondo local de Aragón, la de protección y modernización de la agricultura familiar y el patrimonio agrario, además de la reciente aprobación del proyecto de ley del Estatuto de la mujer rural aragonesa, “demuestran que el medio rural es una prioridad para el Gobierno y para las Cortes de Aragón”.

Allué recalcó en este sentido que con las políticas que se han impulsado se ha conseguido frenar la “sangría demográfica gracias al saldo migratorio positivo, exterior e interior, provocado por la generación de oportunidades en el medio rural”, junto a unas políticas que a su juicio han sido “decididas para la consolidación de los servicios básicos y de apoyo a sectores estratégicos para generar crecimiento en términos de producción y empleo”.

A ello unió el impulso dado al emprendimiento, algo en lo que la ley incide y sobre lo que se están desarrollando iniciativas como el proyecto EREA, convertida en “una herramienta importante para acelerar el talento que existe en el medio rural, que está dando unos magníficos resultados” y que contribuye al asentamiento de la población.

El comisionado argumentó que el desarrollo de esta ley ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo aragonés ha ofrecido “hechos, acciones tangibles y legislación para dinamizar el medio rural”, frente a los “discursos caóticos y sin contenido” de otros. A ello habría que sumar otras políticas dirigidas a “consolidar la sostenibilidad financiera de los municipios, proteger y modernizar la agricultura familiar agraria y mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos”.

Añadió que la ley era “necesaria” y expresó su satisfacción por que haya salido adelante, porque “acerca a las demandas de los habitantes del medio rural”. Confió por ello en que durante la próxima legislatura la ley empiece a ejecutarse porque hay cuestiones que tienen unos plazos como es el caso del programa de gestión territorial de dinamización económica y social con 33 propuestas de actuación “en cada una de nuestras comarcas”, como referentes para aplicar las políticas.

Un “instrumento útil” para luchar contra la despoblación complementario del resto de ordenamiento existente 

El comisionado para la lucha contra la despoblación en Aragón, Javier Allué, que ha sido el responsable de la elaboración de esta ley, aseguró ayer que la misma, tal como ha sido concebida y con las aportaciones hechas por las Cortes, es un “instrumento útil” para la dinamización del medio rural y la lucha contra la despoblación, “complementario” del resto del ordenamiento jurídico que ya existe para desarrollar políticas en esa línea. Consideró en este sentido que Aragón “atesora el mejor marco normativo como ninguna Comunidad Autónoma”.

La nueva ley era necesaria, según Allué, para “incentivar y potenciar” las vías de actuación en torno al medio rural “para su dinamización y desarrollo” para impulsar actividades socioeconómicas en el territorio que permitan su dinamización, además de “garantizar los servicios básicos con el fin de lograr la igualdad de oportunidades para todos, cualquiera que sea el lugar de residencia”.

El comisionado incidió en que el texto incorpora el mecanismo rural de garantía como “principio rector” en todas las políticas que se impulsen para tener en cuenta la sensibilidad hacia el territorio, el valor ambiental, la importancia de la mujer en el medio rural así como de la inmigración, la cooperación institucional, la participación y colaboración en la gobernanza, la contratación, la seguridad ciudadana y la conectividad, entre otros.