Aragón recibirá 578.947 euros del Estado para proyectos que combatan la despoblación

Aragón recibirá 578.947 euros del Estado para impulsar proyectos innovadores para luchar contra la despoblación. Así lo anunció la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la IV Conferencia Sectorial del Reto Demográfico celebrada este viernes de forma telemática con las comunidades autónomas. El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la DGA, José Luis Soro, consideró esta aportación económica una “oportunidad”, mientras que Ribera consideró que con esta iniciativa se va a pasar ya a lo “concreto”, tras haberse identificado hasta ahora las brechas de desigualdad y establecido las líneas de actuación para hacer frente al reto demográfico.

Todas las comunidades autónomas recibirán más de medio millón de euros para el impulso de estos proyectos innovadores en materia de reto demográfico, con independencia de su número de habitantes o el grado de incidencia que el problema de la despoblación tenga en sus territorios.

Lo anunció Teresa Ribera en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, la cuarta que se celebra, y que tuvo lugar por videoconferencia. Por parte de Aragón asistieron de forma telemática el consejero Soro, el director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador, y el comisionado del Gobierno de Aragón para la lucha contra la despoblación, Javier Allué.

Los proyectos que se presenten para optar a estas ayudas, que gestionarán las comunidades autónomas, deberán destacarse por su carácter singular, la relevancia de su ámbito geográfico, su ajuste a las condiciones socioeconómicas y su capacidad de innovación, según indicaron ayer fuentes del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras la celebración de la conferencia sectorial.

Durante el encuentro, la ministra, que estuvo acompañada por el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, informó también de las actuaciones del Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico que ya se han puesto en marcha, especialmente en el ámbito de la transición ecológica y energética.

En la reunión se informó que se han iniciado ya el 77% de las medidas y el 50% presenta avances significativos, habiéndose movilizado más de 3.000 millones de euros, que supone un tercio del presupuesto total previsto para este plan.

Se beneficiarán tanto las comunidades autónomas como las ciudades autónomas, y la vicepresidenta destacó que “la Agenda Común para el Reto Demográfico exige buscar acuerdos y alinear recursos entre todas las administraciones”.

Reparto de fondos

“Con este reparto de fondos, cada administración autonómica tendrá la oportunidad de poner en marcha un proyecto que sea significativo para la transformación territorial y la reversión de la despoblación, desde su realidad demográfica, económica y social, y desde sus prioridades de gobierno, pero a partir de objetivos compartidos”, explicó Ribera en la conferencia sectorial a los representantes de las comunidades autónomas, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que fueron las instituciones que participaron en la reunión.

A la hora de seleccionar los proyectos se tendrá en cuenta el valor demostrativo de los mismos a la hora de abordar problemas concretos y su capacidad de ser replicables y escalables. Dentro de la diversidad de las iniciativas presentadas, será básico el papel de la Comisión Sectorial en el seguimiento y control de las actuaciones que se llevarán a cabo.
 

Los proyectos deberán impulsarse en municipios de menos de 5.000 habitantes, aunque podrán promoverse también de forma conjunta desde varios municipios unidos, mancomunidades y comarcas, tanto de ámbito provincial como autonómico. La intención con estas iniciativas es apostar por un nuevo modelo productivo sostenible y equitativo que mejore la cohesión territorial y que apueste por la inserción de las zonas vulnerables en la actividad económica.

La vicepresidenta aseguró que hasta ahora se han identificado las brechas de desigualdad y se han consensuado las grandes líneas de acción, lo que se tenía que hacer. “Ahora tenemos que actuar, ir a lo concreto, poner en marcha proyectos hasta en el último de nuestros pueblos que permitan la transformación estructural de nuestro país”, apuntó Ribera.

José Luis Soro

Dentro de ese marco de colaboración entre administraciones, el consejero aragonés de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, dijo que “las comunidades autónomas tenemos que identificar y decidir cuáles son los proyectos que nos parecen más efectivos para revertir el problema de la despoblación”. Señaló al respecto que “es una oportunidad para poder atender las necesidades de manera específica adaptando las inversiones”.

Los proyectos que podrán optar a financiación deberán potenciar los recursos endógenos, tener un contenido transversal, contar con una previsión temporal y un calendario de actuaciones, recoger los gastos financiables y tener una perspectiva de género. La selección de los lugares en los que se desarrollen deberá contar con un estudio sobre los aspectos geográficos, demográficos y económicos.

El Departamento de Vertebración del Territorio señaló que se podrán seleccionar e impulsar proyectos en colaboración con las administraciones locales y los agentes sociales de zonas rurales, teniendo como marco de actuación las medidas contempladas en la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación. A partir de ahora existe un plazo de 30 días hábiles para definir estos proyectos y comunicarlos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En cuanto a los avances de las medidas del Plan 130, en la IV Conferencia Sectorial se detalló a los asistentes el grado de ejecución de estas medidas, que en 2021 han movilizado más de 3.000 millones de euros. Entre las acciones llevadas a cabo está la movilización de diferentes recursos como los 250 millones de euros iniciales para los programas de rehabilitación energética de edificios, o los proyectos para impulsar la energía limpia en municipios pequeños o con riesgo de despoblación, así como las ayudas al saneamiento y depuración para municipios de menos de 5.000 habitantes.