Aragón primará el medio rural en la convocatoria de ayudas del Plan de Vivienda 2018-2021

El Gobierno de Aragón introducirá un componente social en la convocatoria de ayudas del Plan Estatal de Viviendas 2018-2021 para primar los asentamientos rurales con problemas demográficos y convertir este programa en un “instrumento” con el que combatir la despoblación.

Así lo ha explicado hoy el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, en las Cortes de Aragón, donde, a petición del PAR, ha informado sobre la aplicación y la dotación presupuestaria de dicho plan.

Aragón recibirá del Estado un importe de 54,8 millones de euros para subvenciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2019, lo que supone un 3,8 % de la cuantía total correspondiente al conjunto del país.

Este porcentaje es “insuficiente”, según Soro, quien ha recordado que Aragón se abstuvo en la votación de este plan en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo celebrada el pasado 15 de marzo, para mostrar su disconformidad con el reparto y el porcentaje destinado a la Comunidad. “No nos dieron los criterios para justificar esta cifra; sólo nos dijeron que así se había hecho siempre, lo que no parece serio”, ha indicado.

Una vez aprobado el plan estatal, el siguiente paso será firmar el convenio con el Ministerio de Fomento, algo que el Gobierno de Aragón espera hacer “cuanto antes” para poder hacer efectivas las ayudas. No obstante, Soro ha apuntado que no esperarán a la firma del convenio para sacar la convocatoria de ayudas.

La aportación estatal a Aragón (54,8 millones de euros) supone un 70 % de la inversión total del plan de vivienda, de tal forma que el Ejecutivo Autonómico asume el 30 % restante, que asciende a 16,4 millones de euros para todo el periodo, por lo que la cuantía total es de 71,2 millones de euros.

Para este año 2018, la aportación estatal asciende a 13,3 millones de euros, a los que el Gobierno de Aragón añadirá 3,9 millones de euros, ha detallado.

Soro ha comentado que la convocatoria de ayudas, que priorizará el alquiler y la rehabilitación de viviendas, tendrá un componente social y primará aquellos asentamientos con problemas demográficos.

Así este programa se convertirá también en un instrumento con el que combatir la despoblación, “algo que hasta ahora no se había hecho nunca”, ha manifestado.

Por otro lado, en cuanto a las líneas de ayuda, ha detallado que se destinarán 6,2 millones de euros a la ayuda al alquiler; 597.000 euros al fomento del parque al alquiler; 100.000 euros a las familias en situación de desahucio; 2,9 millones de euros a la rehabilitación energética y sostenibilidad y 6,5 a la conservación y mejora de la seguridad, entre otras.

La diputada del PAR Marta Zapater ha lamentado que la convocatoria de ayudas deje a un lado la adquisición de una vivienda en propiedad, cuando la compra de un inmueble también ayuda a “asentar población en el medio rural”.

Por su parte el diputado popular Javier Campoy ha animado a Soro a firmar “cuanto antes” el convenio para que las ayudas lleguen al territorio, mientras que Fernando Sabés, del PSOE, ha criticado que el plan estatal no tenga en cuenta la dispersión territorial en el reparto de fondos, algo en lo que también ha coincidido el diputado del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA).

Raúl Gay, de Podemos, ha criticado también el planteamiento del plan estatal porque, a su juicio, da prioridad a la propiedad frente al alquiler y Jesús Sanso, de Ciudadanos, ha puesto el foco en la importancia de mejorar la eficiencia energética de las viviendas.