Aprobada una herramienta clave contra la despoblación: las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional marcan un hito en la provincia

Teruel ha clavado una pica en Flandes esta semana con las nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional aprobadas por la Comisión Europea, que permiten al Gobierno de España otorgar ayudas al funcionamiento empresarial a las tres provincias que integran la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA). La decisión marca un hito y va a suponer un cambio radical para la provincia de Teruel puesto que permitirá a las empresas ya radicadas en ella, o a aquellas que se instalen a partir de ahora, poder beneficiarse de una reducción de hasta un 20% de los costes laborales. Eso redundará en una mejora de su competitividad y en un dinamismo sin precedentes para su tejido empresarial que si se acompaña de la captación de nuevas iniciativas de sectores innovadores de la economía del siglo XXI, marcará un antes y un después para la provincia. 
La lucha contra la despoblación en Teruel va a contar ya con una herramienta fundamental para revertir este fenómeno, que en cualquier caso debe ir acompañado de otras acciones, pero que en sitios como Noruega se ha comprobado su eficacia.
Tras la autorización de Bruselas, ahora el Gobierno de España debe articular la cuantía de ese apoyo y cómo se aplican, ya que se trata de ayudas estatales, no europeas. Lo que hace Europa es autorizarlas al haber asumido que por la situación de los territorios a los que afecta, no supone un ataque a la libre competencia sino un instrumento adecuado para avanzar hacia la cohesión territorial.
La noticia se dio a conocer el pasado lunes por parte de las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que de forma conjunta han hecho un lobby para convencer tanto al Ejecutivo español como a las autoridades comunitarias de la conveniencia y necesidad de permitir este tipo de ayudas regionales en los países miembros con zonas que presentan graves problemas de despoblación. 
Los tres ejecutivos presentaron alegaciones en ese sentido el año pasado, de igual forma que lo hicieron las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, que integran la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), para que se equiparara a estas tres provincias con las áreas escasamente pobladas del norte de Europa a la hora de poder beneficiarse de ayudas al funcionamiento empresarial.
La SSPA ya había planteado la necesidad de una fiscalidad especial para las provincias más afectadas por la despoblación cuando en febrero de 2019  presentó el informe “Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España”. 
Ese mismo mes el Gobierno de Aragón dio a conocer un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, a raíz de una consulta previa hecha en ese sentido, en el que se afirmaba que las ayudas al funcionamiento empresarial requerían de una modificación de las directrices europeas de los mapas de ayudas regionales, puesto que al afectar a la libre competencia no eran una decisión propia de los estados miembros sino que tenían que estar autorizadas por Bruselas con criterios objetivos, lo que no se daba en el marco existente en ese momento.
Eso es lo que ha cambiado ahora y que por fin viene recogido en las nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional que ha dado a conocer esta semana la Comisión Europea. Se trata de las pautas que pueden seguir los distintos estados miembros para otorgar ayudas estatales compatibles con el mercado interior.

Desarrollo económico
Dichas ayudas deben estar destinadas, tal como recogen las directrices aprobadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo 2021 a 2017, a “favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente  bajo o en las que exista una grave situación de subempleo”, los territorios ultraperiféricos y el “desarrollo de determinadas regiones económicas de la Unión Europea”.
Las nuevas directrices establecen en el punto 166.2 que podrán beneficiarse de estas ayudas al funcionamiento empresarial como zonas “c” predeterminadas, además de las antiguas zonas “a” que se beneficiaron entre el periodo 2017-2020, las “zonas con poca población”, considerando las mismas las “regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes por km2 o NUTS 3 (provincias) con menos de 12,5 habitantes por km2”, tomando como referencia los datos de Eurostat sobre densidad de población para 2018.
Esos territorios NUTS 3 en el caso de España son las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, a lo que hay que sumar en el sur de la Unión Europea el condado de Lika-Senj (Croacia) y la región de Euritania (Grecia), integradas también en la red SSPA. Son las cinco regiones NUTS 3 del Sur de Europa que tienen densidades de población inferiores a los 12,5 habitantes/km2 que han sido reconocidas por la Unión Europea como escasamente pobladas.
Son esas cinco NUTS 3 las que podrán beneficiarse de las nuevas directrices de ayudas en el nuevo periodo que acaba de iniciarse hasta el año 2027, para lo cual sus respectivos estados deberán modificar sus mapas regionales de ayudas conforme a lo establecido ahora por la Comisión Europea. 
No es cierto que otras provincias españolas puedan hacerlo, en contra de lo que se afirmó esta misma semana desde alguna institución provincial, si bien las nuevas directrices abren la posibilidad de que zonas colindantes de estas NUTS 3 puedan hacerlo. El punto 169 de las directrices señala en este sentido que “un Estado miembro podrá designar partes de regiones NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por km2 u otras zonas contiguas adyacentes a esas regiones NUTS 3, siempre y cuando las zonas designadas tengan menos de 12,5 habitantes por km2”. Eso supondrá, como ha estimado el Gobierno de Aragón, que podrán beneficiarse también las comarcas de Campo de Belchite, que tiene 4,4 habitantes por km2, y la del Campo de Daroca, con 5 habitantes por Km2.
La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, asegura que con la modificación de las directrices de ayudas regionales se ha conseguido el reto que el Ejecutivo aragonés se planteó en 2018 cuando encargó al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón ver cómo se podían atraer empresas a Teruel y qué tipo de ayudas se podían articular.
Cuando se tuvo la respuesta y se conoció esa posibilidad, el Ejecutivo, recuerda Pérez, se dirigió al Ministerio de Hacienda, que confirmó que esas ayudas no estaban autorizadas por la Comisión Europea. El siguiente paso que se dio, continúa la consejera, fue empezar a trabajar en intentar modificar los mapas de ayudas regionales.
A principios de 2020, aprovechando una visita a Bruselas para asistir a un pleno del Comité de las Regiones, la consejera cuenta que quedó con José Luis Buendía en Bruselas, que es miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, para diseñar la estrategia a seguir. 
Fue a partir de ese momento, al confirmarse que pueden beneficiarse las provincias de Teruel, Cuenca y Soria por sus datos demográficos si se conseguía la modificación de las directrices de la Comisión Europea, cuando se contactó con los Gobierno autonómicos de Castilla y León y de Castilla-La Mancha.
Aragón tira entonces del carro, se suceden varias reuniones telemáticas antes de celebrarse un encuentro de los presidentes autonómicos en Soria, y los tres presentan alegaciones conjuntamente al nuevo mapa. Además, en noviembre se reunieron los tres presidentes por videoconferencia, junto con varios consejeros de sus gobiernos entre los que estaba Mayte Pérez, con la comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager. Previamente se había mantenido otra a nivel de los tres gobiernos con el director general adjunto a la comisaria, Carles Esteva.   
La consejera de Presidencia indica que para ello se encargó entre las tres Comunidades Autónomas un estudio a la misma consultora que en su día hizo las alegaciones para que Noruega pudiera acogerse a este tipo de ayudas para poder defenderlo ante la Comisión Europea.
También se habló con el Gobierno de España “porque al final quien la defiende son ellos como interlocutores ante la Comisión Europea”, matiza la consejera. Se hizo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Hacienda con sus respectivos representantes. 
Mayte Pérez indica que tras la publicación de las directrices por la Comisión Europea el pasado lunes, “lo que hemos hecho ha sido clavar una pica en Flandes, hemos conseguido que Europa reconozca que las tres provincias podemos recibir ayudas por funcionamiento por nuestra singularidad de baja densidad de población que puede suponer, entre otras ayudas, hasta un 20% en costes laborales”. Añade que “ahora es el Gobierno de España quien tiene que articular una norma y comunicarla a la Comisión Europea” para plantear el tipo de ayudas que podrán recibir las tres provincias.
Pérez recalca que el máximo contemplado es el 20% y que es lo que van a pedir al Gobierno de España. Es el camino que hay que recorrer ahora, también de forma conjunta entre los tres gobiernos autonómicos, para lo cual el pasado miércoles ya hubo una reunión telemática entre la consejera de Presidencia aragonesa, el vicepresidente de Castilla-La Mancha y el consejero de Castilla y León que lleva esta cuestión en dicho ejecutivo.
En ese encuentro telemático Pérez asegura que se definió la estrategia a desarrollar para tener una próxima reunión con los representantes del Gobierno de España, aparte de las acciones que lleven a cabo los presidentes, “para ver formalmente los pasos a seguir a partir de ahora, ya que es el Gobierno central quien lo tiene que solicitar a la Unión Europea”.

Posibilidades abiertas
La consejera de Presidencia valora las posibilidades que se abren ahora, tanto para las que ya están asentadas en estas provincias como por lo que puede suponer para la captación de otras nuevas. “Hay distintos supuestos y eso es lo que vamos a hablar con el Gobierno de España”, afirma Pérez, quien recuerda que Noruega lo hizo para todas las empresas “y ese es el camino ahora mismo que hay que acordar con el Gobierno central”. A este respecto, tener la posibilidad de estas ayudas supone “una ventaja competitiva de primerísimo nivel”, porque supone la bonificación del 20% de los costes laborales.
“Ese es el aliciente, el acicate que tenemos que generar desde las administraciones como medidas de discriminación positiva reales, no ficticias ni discursivas sino reales”, argumenta Pérez, quien considera que “oportunidades de empleo y servicios públicos de calidad” son clave para hacer frente a la despoblación.
“Aquí no hay varitas mágicas; cuando el presidente lo dice y a veces parece que le está contestando a alguien y no es verdad porque siempre ha tenido el mismo discurso, es para indicar que en esto de la despoblación no hay fórmulas mágicas”, manifiesta Pérez, quien recalca que lo que debe hacerse es “compromiso político y dinero”.
De ahí, añade la consejera en referencia por otra parte a las 130 medidas del Plan del Reto Demográcico, que lo más importante sea “el considerar de una vez ya como criterio la financiación autonómica, es decir, el coste de los servicios para calcularla”.
Financiación para disponer de buenos servicios y la posibilidad de generar empleo de calidad son los ejes sobre los que debe hacerse frente al reto demográfico, afirma Mayte Pérez, quien precisa que luego estará también el factor de “dónde quiere vivir la gente”, para concluir afirmando que en el caso del Gobierno de Aragón ha habido un “empeño de ver qué podíamos hacer y a partir de ahí sumar”, en referencia a incorparar a los gobiernos de las dos Castillas para conseguir ese objetivo de las ayudas al funcionamiento que ha liderado el Ejecutivo aragonés.
Tras conocerse esta semana las nuevas directrices de las ayudas regionales, las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria destacaron la importancia que supone este cambio puesto que pone en manos del Gobierno de España una herramienta para la cohesión de estos territorios de la que hasta ahora se carecía.
A través de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), el empresariado de las tres provincias lleva años trabajando con propuestas en lograr una fiscalidad diferenciada para luchar contra la despoblación, y en las alegaciones que presentaron el año pasado a las directrices de los mapas de ayudas regionales propusieron el modelo noruego. Han pedido ya una reunión con el Ministerio de Hacienda y entienden, aunque están abiertos a estudiar otras fórmulas, que dicho modelo consistente en la reducción de las contribuciones a la Seguridad Social por los costes laborales hasta en un 20% se puede aplicar automáticamente y el efecto sería inmediato.

Ventajas competitivas
El vicepresidente de Cepyme Teruel, José Antonio Guillén, calificó este instrumento de “herramienta muy buena para poder dar una vuelta importante” a las tres provincias, puesto que ofrecerá a las mismas ventajas competitivas tanto para las que ya están asentadas en estos territorios, como para las que puedan llegar.
Además, Guillén confió en que atraiga iniciativas empresariales acordes a las economías del siglo XXI, que son las que pueden contribuir de forma determinante al asentamiento de la población con empleos de calidad en sectores diversificados. En su opinión, estas ayudas van a permitir un cambio del modelo productivo en las tres provincias, y una vez que han sido reconocidas por la CE es cuestión de que se vean sus efectos para que puedan tener continuidad después de 2027.

El modelo noruego por el que apuestan las organizaciones empresariales

El modelo noruego por el que apuestan las organizaciones empresariales para poder aplicar las ayudas al funcionamiento ha permitido crecimientos de población en la última década de en torno al 4 y el 5 por ciento en regiones con problemas demográficos.
En las alegaciones que las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, agrupadas en la SSPA, presentaron el año pasado a las directrices del mapa de ayudas regionales en Europa, se incorporó un informe del efecto positivo que estas medidas habían supuesto en Noruega entre los años 2008 y 2019 en sus territorios despoblados.
Dicho informe demostraba que la reducción de las cuotas a la Seguridad Social era la medida más efectiva en términos de competitividad en zonas afectadas por una estructura demográfica poco dinámica, puesto que alentaba un “círculo vicioso” que comenzaba con el incremento inmediato de los márgenes empresariales, lo cual incentivaba la inversión. Eso a su vez hacía aumentar la productividad y en definitiva conseguía impulsar la creación de empleo.
El estudio evidenciaba la relación entre la mejora de las condiciones de competitividad de las empresas con la creación de empleo y consecuentemente el crecimiento demográfico. Concluía dicho informe afirmando que casi el 90% del crecimiento demográfico en Noruega se debía al incremento del empleo por estos estímulos.