Aprobada por mayoría en las Cortes de Aragón la Ley de Protección de la Agricultura Familiar

El pleno de las Cortes aragonesas aprobó este jueves por mayoría la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y de Patrimonio Agrario de Aragón, con el único rechazo de los grupos parlamentarios de PP y Vox, para los que el texto legal aprobado desconoce la situación de los profesionales del sector y no atiende a sus necesidades de cara a competir frente a las grandes corporaciones.

El debate entre los grupos y las posteriores votaciones de las enmiendas y del articulado de la ley por separado, que ha sido seguido desde la tribuna de invitados por representantes de la comunidades agrarias y de cooperativas, evidenció las diferentes posiciones de los partidos y el apoyo con matices a la ley de IU y de Ciudadanos, tras ver aprobadas durante los debates previos algunas de sus aportaciones.

En su exposición de motivos, el texto legal argumenta que el objetivo principal es concentrar las ayudas públicas en el modelo de agricultura familiar como forma de garantizar el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación.

Un texto legal, explicó la representante socialista en la ponencia de la ley, la turolense Silvia Gimeno, que quiere “dar respuesta” a los desafíos que plantea a los titulares de explotaciones familiares la globalización de los mercados, con políticas públicas de apoyo dirigidas a garantizar la subsistencia de este modelo de producción agraria tradicional.

Nuevo marco legal

“Era necesario un nuevo marco legal que garantizase el avance de la agricultura y la ganadería aragonesa”, destacó la diputada socialista, que reprochó a los grupos de PP y Vox de asistir a los debates en la ponencia con una “negativa preconcebida” a la ley.

Con la nueva ley, que la parlamentaria consideró como uno de los objetivos “más ambiciosos” del Gobierno aragonés, se pretende apoyar a los titulares de las explotaciones familiares a la hora de hacer frente a las inversiones necesarias que se producen en el sector a nivel de tecnología y de digitalización y poder superar así la posición de desventaja competitiva frente a las grandes corporaciones.

Una situación de desventaja que, según destacó el portavoz de Podemos en el debate, Ignacio Escartín, ha provocado la desaparición en la Comunidad de más de 20.000 explotaciones familiares y que el peso actual de este modelo en la renta agraria global sea apenas del 20 %.

“O nos ponemos las pilas y defendemos este modelo, o la agricultura con agricultor desaparece”, añadió Escartín, quien valoró entre los logros del nuevo texto legal la creación de la figura de un Banco de Tierras que posibilitará a los ayuntamientos poner a disposición su patrimonio agrario para el desarrollo de infraestructura para el sector y garantizar así la incorporación de jóvenes a la actividad.

En defensa de la ley se pronunció, asimismo, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, para quien el texto aprobado no sólo garantiza la defensa del modelo agrario familiar y social sino que hace frente a los efectos “nocivos” de la ganadería industrial sobre este sector y establece un marco de gestión para el patrimonio público de tierras.

También valoró la inclusión en la ley de un artículo que impide la puesta en marcha de proyectos de energías renovables en zonas de regadíos o de concentración parcelaria dirigida a favorecer el desarrollo de proyectos agrarios con expectativas de futuro.

Una inclusión que se atribuyó el portavoz de Cs, Ramiro Domínguez, quien expresó su apoyo al nuevo texto legal tras conseguir con las aportaciones de su grupo “una ley más liberal y menos intervencionistas que atiende a las necesidades del sector y aumenta los requisitos necesarios para favorecer al modelo familiar”, subrayó.

Desacuerdos

Domínguez explicó que el texto legal protege de forma especial al sector ganadero familiar al darle preferencia en la adjudicación de pastos, arbitra medidas para evitar el abandono del medio rural e identifica los suelos fértiles y productivos para que no se vean afectados por proyectos de renovables, aunque lamentó al tiempo que no se haya incluido la actividad integradora.

En contra del texto legal, el portavoz del PP en la ponencia, Ramón Celma, destacó que el texto legal no aporta soluciones a la situación actual del campo aragonés, que, según afirmó, “en 2022, con un aumento de la producción del 11 %, perderá un 8,7 % de su renta”.

En opinión del parlamentario popular, la ley complica los trámites burocráticos a realizar, incrementa la inseguridad jurídica y excluye de las ayudas a agricultores y ganaderos titulares de explotaciones familiares o sociales que desarrollan una actividad mixta para mejorar sus rentas.

Esta posición fue respaldada por el portavoz de Vox, Santiago Morón, quien consideró positivo el objetivo de ley de apoyar al modelo familiar de explotación agraria frente a las grandes corporaciones alimentarias, pero para quien el texto final sometido a debate “no es satisfactorio porque no aporta soluciones y genera más trámites burocráticas”.

En respuesta a estas críticas, la representante socialista lamentó la posición negativa “preconcebida” de ambos grupos a la ley, e incidió de forma especial en la posición del grupo popular, a cuyo portavoz en el debate reprochó servirse de “discursos sesgados y de informaciones de falsas” en su argumentación y de “mentir” al afirmar que el proyecto no contaba con el apoyo del movimiento asociativo agrario.

En este sentido, destacó que UAGA, al que se referió como el sindicato agrario “más representativo” del campo aragonés, había expresado su apoyo expreso al nuevo texto legal.