Amplio operativo policial en Valencia por el tráfico de personas detectado en Teruel

Un amplio operativo policial en el que participan la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Europol empezó a desmantelar este miércoles en Valencia una organización criminal internacional dedicada al tráfico de seres humanos, detectada a raíz de que hace un año fuesen interceptados dos camiones en la autovía A-23 a su paso por la provincia de Teruel con varias personas iraquíes de origen kurdo que viajaban ocultas en las cajas frigoríficas de estos transportes para intentar entrar ilegalmente en el Reino Unido.

Tanto desde los servicios centrales de la Guardia Civil como de la Policía Nacional se informó de que la operación estaba abierta en plena fase de explotación, y que se habían realizado varias entradas y registros en varios domicilios, sin precisar el número de detenciones al no estar cerrada todavía. 

Al parecer, en un principio el número de registros que se podrían haber practicado estaría entre 5 y 7, sin que haya trascendido de momento información oficial sobre el número de detenidos.

La operación la está desarrollando conjuntamente la Guardia Civil y la Policía Nacional junto con la participación de la Europol por las ramificaciones que parece ser tiene esta organización criminal, entre los que se encuentran un iraquí nacionalizado español y su pareja valenciana, donde residen y desde donde operarían liderándola, si bien habría una rama levantina y otra del norte de España.

Las investigaciones las inició la Guardia Civil de Teruel con el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, que se hizo cargo de las diligencias judiciales tanto del caso del camión con kurdos escondidos en la caja frigorífica interceptado en marzo pasado en Villafranca del Campo, como del que unas semanas antes se interceptó en Ferreruela de Huerva.

Levantado el secreto de actuaciones

El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel levantó este miércoles el secreto de las actuaciones que todavía existía sobre esta causa por la complejidad de las investigaciones, según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Las mismas fuentes indicaron que durante la mañana de este miércoles se habían practicado entradas y registros en Valencia y Bilbao. 

En la operación, denominada Brocolín según apuntaron desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están interviniendo también grupos especiales de los servicios centrales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

La línea de investigación abierta apunta hacia delitos muy graves contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como de pertenencia a organización criminal porque se trataría de un grupo organizado dedicado a traficar con inmigrantes poniendo en riesgo su vida por la forma como son transportados de forma clandestina, al igual que por blanqueo de capitales.

Según Europol, el tráfico de seres humanos es uno de los negocios ilícitos más lucrativos de las organizaciones criminales, junto al tráfico de drogas.

La organización dedicada a traficar con seres humanos que se detectó a su paso por la provincia de Teruel habría cobrado entre 8.000 y 15.000 euros por persona, para facilitarles su llegada principalmente al Reino Unido, procedentes de países como Irak y Siria.

La banda habría estado operando de distintas maneras y tendría ramificaciones por varios países europeos, a la vista de la investigación desarrollada desde que se detectaron los dos camiones transportando iraquíes de origen kurdo en la A-23 a la altura de Ferreruela y Villafranca.

La organización criminal, a cambio de ese dinero, se encargaba de facilitarles la entrada ilegal al Reino Unido escondidos en transportes de mercancías que hacen esa ruta. Parece ser que a cambio del pago les facilitaban los alojamientos y la movilidad por España hasta que los podían meter en algún transporte de mercancías.

El grupo estaría especializado en aprovechar las paradas de los camioneros en zonas de descanso durante su ruta para introducir a los polizones en las cajas frigoríficas que transportan, donde realizaban el viaje a temperaturas muy bajas, en ocasiones con niños, como sucedió con los dos casos detectados en la provincia de Teruel el año pasado y que desencadenó toda la investigación judicial que ha culminado ahora con la entrada y registro en varios domicilios de las personas implicadas en la organización criminal.

No parece ser que los transportistas estuviesen implicados, al menos no se ha encontrado nada que los relacione dentro de la compleja y amplia investigación tecnológica que se ha desarrollado, consistente en el rastreo de teléfonos móviles, geolocalizaciones y escuchas telefónicas.

De esta manera se pudieron rastrear primero los pasos previos de las víctimas y los números de teléfonos a los que llamaron en las fechas anteriores a que fueran hallados en los camiones, para poder localizar después a los presuntos miembros de la organización criminal que habían organizado estos viajes clandestinos.

A partir de ahí, los pinchazos  telefónicos y el seguimiento por geolocalización a través de las antenas de telefonía de los móviles que utilizaba la banda permitió ir desentrañando la compleja red criminal que habían organizado.

Una organización para la que habían establecido también un sistema de cobros y de manejo del dinero a través de terceros y mediante distintos formas de encubrimiento para evitar ser descubiertos, lo que supondría un entramado para el blanqueo de dinero.

Intervención de Europol

Los contactos que el grupo mantenía se extendían por distintos países europeos, de ahí la intervención de la Europol, así como por los lugares de origen de los inmigrantes como Irak.

Además de meter de polizones a los inmigrantes en camiones para llevarlos al Reino Unido, en algunos casos llegaron a transportarlos en vehículos mediante diferentes rutas. Uno de los implicados, que sería de los cabecillas de la organización, llegó a ser detenido en Francia por llevar ocultos a dos kurdos en el maletero de un vehículo alquilado, por lo que fue condenado a varios meses de prisión en ese país antes de volver a España.

En las investigaciones han participado tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional puesto que a la vez que se descubrió uno de los camiones con kurdos en la provincia de Teruel, se produjo un caso similar en un municipio valenciano y al final ambas investigaciones confluyeron en una única investigación en la que han intervenido los servicios centrales de ambos cuerpos.

La operación ha sido muy compleja por la investigación tecnológica practicada, habiendo tenido que hacer frente, además, a las medidas de seguridad que empleaban los delincuentes para eludir su seguimiento, ya que recurrían con frecuencia a sistemas de comunicación por mensajería electrónica o apagaban sus teléfonos para no dejar pistas de dónde estaban.

Una vez practicados los registros domiciliarios y con todas las pruebas que se hayan podido obtener en los mismos, estas personas serán puestas a disposición judicial para que el juez determine sobre su situación.

Tanto desde los servicios centrales de la Guardia Civil como de la Policía Nacional incidieron en que la operación estaba abierta. No se descarta por tanto que estas entradas a domicilios y registros pudieran conducir a otros.

Pasos previos

La investigación que ha permitido dar con una organización internacional dedicada al tráfico de seres humanos en condiciones en las que ponían en peligro sus vidas, se inició dando marcha atrás a lo acontecido en febrero y marzo del año pasado cuando fueron interceptados varios kurdos en dos camiones viajando clandestinamente en sus cajas.

Fue rebobinando a partir del rastro electrónico previo dejado por los teléfonos de las víctimas, ya que ellas no dijeron nada, como se identificaron los móviles de los miembros de la organización criminal.

El primero de los camiones interceptados fue en Ferreruela de Huerva, cuyo conductor oyó ruidos en la parte trasera del transporte y avisó a su empresa, que dio aviso a su vez a la Guardia Civil. Dentro iba una familia de 6 miembros, 4 de ellos menores en condiciones muy precarias. Fue el 15 de febrero del año pasado, y poco  tiempo después, el 10 de marzo, sucedió algo parecido cuando un camionero paró en Villafranca del Campo. En aquella ocasión iban escondidos 4 adultos y 4 menores.