Teruel es la provincia aragonesa con más pueblos declarados conjuntos históricos

Hace 25 años este periódico publicaba un reportaje en el que podíamos leer que Teruel era la provincia con mayor número de conjuntos históricos de Aragón, una lista que sigue liderando un cuarto de siglo después, aunque el balance que hacen los ayuntamientos de esta figura tiene luces y sombras. La figura de Conjunto Histórico Arístico determina unas obligaciones a la hora de gestionar el patrimonio que suponen un esfuerzo económico y administrativo tanto para particulares como para los ayuntamientos, que compensa cuando hablamos de municipios turísticos, pero no tanto cuando no lo son, donde se ve como un obstáculo para la gestión municipal y una medida contraproducente para frenar la despoblación.

El reportaje que leíamos en 1993 recordaba que la ciudad de Albarracín había sido la primera localidad de Teruel declarada Conjunto Histórico Artístico, en junio de 1961. Tras esta, otras ocho poblaciones y un conjunto arquitectónico habían alcanzado esa categoría en aquel año 1993, aunque había otros catorce expedientes iniciados.

Las siguientes localidades que contaron con esta declaración, entre julio de 1980 y septiembre de 1983, fueron por este orden Mirambel, Cantavieja, Mosqueruela, Villarroya de los Pinares, La Iglesuela del Cid, Albalate del Arzobispo, La Fresneda y Ráfales. Y hasta hoy son 24 los municipios que cuentan con esta declaración, aunque no es la única figura de protección de patrimonio aragonés.

La declaración de Conjunto Histórico se hace de conformidad con la Ley 3/1993 del Patrimonio Cultural Aragonés que tiene como objetivo la protección y conservación del patrimonio. Según esta ley, los bienes se clasifican en bienes de interés cultural, bienes catalogados y bienes inventariados. 

La figura de Conjunto Histórico Artístico se enclava en la primera categoría, la de bienes de interés cultural, y establece que esta declaración comienza con el inicio del expediente, el periodo de información pública durante un mes y debe contar con tres informes preceptivos: de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de la provincia, Ayuntamiento afectado y Consejo Provincial de Urbanismo de la provincia. Con todo ello, el conjunto se declara por Decreto del Gobierno de Aragón.

Tal y como explican fuentes del Gobierno de Aragón, en los conjuntos hay una serie de limitaciones, que están recogidas en el artículo 43 de dicha ley, entre las que está respetar la estructura urbana y arquitectónica en las intervenciones, o cuestiones como que los cables deben ir soterrados, las antenas de televisión y telefonía no deben perjudicar la imagen visual, o que los anuncios como carteles deben ser armónicos.

Plan Especial

El ser conjunto implica que el Ayuntamiento debe redactar un Plan Especial o instrumento similar -un documento urbanístico aclaran fuentes del Ejecutivo- que debe ser aprobado por la comisión provincial del patrimonio cultural para poder autorizar las obras directamente por parte de los ayuntamientos afectados.

Hasta que no hay Plan Especial, aclaran las mismas fuentes, cada obra que afecte a inmuebles dentro del conjunto debe ser informada previamente por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y autorizarla por Resolución por el Director General con competencias en Patrimonio Cultural, antes de obtener la licencia municipal.

Desde la Dirección General  de Patrimonio del Gobierno de Aragón explican que actualmente están apoyando la realización de estos instrumentos mediante el encargo de los informes de necesidades para que, con posterioridad, los municipios lo incorporen a sus normas urbanísticas. 

Hasta ahora, apuntan las mismas fuentes, se han realizado estudios para los municipios de Albalate del Arzobispo, Rubielos de Mora, Calaceite, y para este año se están tramitando la contratación de Mirambel, Beceite y la parte del Ensanche de la ciudad de Teruel.