Hemeroteca: La excepción que no admitieron los “Doce” y dejó a Teruel fuera del Objetivo 1

No sería la primera vez que Madrid y Europa daban la espalda a Teruel. Hace ahora 25 años leíamos en este periódico el estupor con el que reaccionaban los agentes sociales y algunos partidos políticos, después de que la provincia de Teruel se quedara fuera de las regiones que se beneficiarían de los fondos del Objetivo 1. Los criterios del PIB por habitante, medidos con el conjunto de Aragón, dejaban fuera a la provincia del reparto de estos fondos -6 billones de pesetas- porque la Comisión Europea no contemplaba a Teruel como excepción, algo que sí hacía con otras regiones de Irlanda del Norte o de Holanda. 

La primera opinión que recogía este periódico en la edición del 24 de julio de 1993, era la de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, que había remitido una carta al vicepresidente del Gobierno central y a los ministros que habían participado en la comisión negociadora. En la misiva calificaban la exclusión como “un agravio comparativo, injusto y discriminatorio”. Y añadían además “su indignación por la reiteración de esta injusta exclusión” que en su opinión puede suponer el cierre de otros programas que utilicen el mismo criterio de reparto.

La información recordaba que el reglamento en vigor en la CE para el reparto de los fondos viene determinado por el criterio NUTT II, para Comunidades Autónomas, que establece la distribución de las ayudas teniendo en cuenta los índices del conjunto de la región, y no de forma aislada como es el caso de Teruel.

La Cámara cuestionaba no obstante que había otros casos incluidos en el Objetivo 1 que no alcanzaban la dimensión regional. El Comité Ejecutivo de la Cámara entiende que deberían ser aplicables otros baremos de asignación que no provoquen la situación creada. Consideran por ello que la Administración central debe procurar ese equilibrio interno que no van a aportar los fondos estructurales, e insta al Ejecutivo a que esas pérdidas sean contempladas con planes de desarrollo a través de aportaciones económicas suficientes.

Daba por hecho la Cámara que poco se podía hacer para revertir esta decisión y por ello apuntaban tres posibles alternativas a corto plazo para compensar la situación: Una decidida intervención en el Plan Especial de Teruel; la utilización de los Fondos de Cohesión como elemento clave para hacer justicia con la discriminación que sufre la provincia; y la aplicación de medidas complementarias desde la Administración central.

Reacciones

Otros colectivos que se manifestaron aquellos días fueron Manuel Olien, presidente de los empresarios aragoneses de la construcción -uno de los sectores que en mayor grado podría haberse beneficiado del incremento de las ayudas comunitarias- decía el periódico aquellos días. Olien decía que “una vez más se pierde una inmejorable oportunidad, puesto que la inclusión en Objetivo 1 habría supuesto para la provincia multiplicar por dos las inversiones del Estado durante los próximos años”.

Hablaba también Jesús Membrado, secretario de organización de UGT-Aragón que calificaba como “incomprensible” la decisión y que resultaba “bastante injusta para esa provincia”.

Y José Antonio Biescas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza, daba un detalle para explicar por qué el Gobierno central no había pedido esa excepción para Teruel: Esta situación puede deberse a la actitud española de no admitir excepciones que rompan el criterio de acceso a el Objetivo 1, ya que de haberse incrementado esta “política abierta”, que habría permitido la inclusión de la provincia de Teruel, otros países europeos habrían logrado aumentar el número de territorios beneficiados por estas partidas, lo que significaría una reducción de los fondos económicos destinados a España. 

Uno de los primeros partidos en pronunciarse, según recogía la noticia del 24 de julio, era Izquierda Unida de Teruel, que atribuía la exclusión al “total desinterés” del Gobierno central por solucionar los problemas de la provincia y criticaban además la ”incapacidad” de los parlamentarios socialistas de Teruel por influir mínimamente en una política que favorezca su desarrollo.

Planteaban por su parte que la solución no era un aumento de los fondos de la administración para el Plan Especial de Teruel “si el desarrollo de este sigue como hasta ahora”. Reiteran en este sentido la necesidad de que el plan sea discutido y aprobado por las Cortes de Aragón, además de abrirse a la participación de la sociedad y de articular la colaboración permanente entre las distintas administraciones.

Rifirrafe político

La decisión tuvo también sus reacciones en el plano político y local, puesto que se tradujo en un cruce de reproches entre el Gobierno de Aragón, en manos de PP-PAR, y el PSOE, que gobernaba en Moncloa, con la presidencia de Felipe González. 

Leíamos el 25 de julio, el Ejecutivo autónomo ha desarrollado durante los últimos meses una campaña con vistas a incluir a la provincia aragonesa dentro de los territorios beneficiados por estas partidas y citaba expresamente a los consejeros de Economía y Asuntos de la CE, Santiago Lanzuela y José Alberto García Atance respectivamente, que trasladaron recientemente  a altos cargos de la Comunidad la especial problemática de Teruel, solicitando su inclusión dentro de la “política de excepciones” que los “Doce” iban a aplicar en la aprobación de los nuevos criterios.  La decisión de dejar a Teruel fuera “ha sorprendido” a los responsables del Gobierno autónomo porque “hasta en conversaciones particulares se había señalado que Teruel podría entrar en dicho objetivo” decía García Atance en estas páginas.

Por su parte, el senador socialista, Rufino Foz, criticaba la “demagogia” de Lanzuela y Atance, consejeros del Gobierno de Aragón que habían reprochado la dejadez del Gobierno central por no pedir la inclusión de Teruel. En la información publicada el 24 de julio, Foz decía que tanto Lanzuela como Atance han hecho gala de una gran demagogia para cubrir la pésima gestión que se hace en la DGA, como es el asunto del convenio de televisión suscrito con Antena 3.

Foz emplazaba a los consejeros a no hacer más descalificaciones y moverse para conseguir ayuda de los Fondos de Cohesión, lo que no se puede conseguir a través del Objetivo 1 del EDER por la actual normativa Comunitaria, en la que se recoge que Aragón está por encima de la renta media establecida.

Criticaba además al Gobierno de Aragón por el engaño que están haciendo con la provincia de Teruel por el renombrado Plan  Especial, que con los dos mil millones puestos por la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial están haciendo obras que tenían un compromiso previo en los presupuestos ordinarios.

Debate municipal

Y días después los partidos se retratarían con el debate de este asunto, tanto en el Ayuntamiento de Teruel como en la Diputación de Teruel. Así, el 27 de julio el periódico destacaba en portada que el Ayuntamiento había aprobado pedir ayudas compensatorias por la exclusión del Objetivo 1, a través de una moción de urgencia presentada por los grupos del PP y el PAR -el equipo de gobierno, y apoyada solo por ellos-, al tiempo que se manifestaba la “protesta formal” al Gobierno por la exclusión.

El alcalde, Ricardo Eced, justificaba la urgencia porque hasta septiembre no habría pleno municipal y si se deseaba acceder a fondos compensatorios en 2994 era preciso transmitir esta petición al Gobierno central sin más demora para que incluyera los mismos en el borrador de presupuestos del próximo año.

El PSOE, a través del portavoz municipal Francisco Rodríguez, rechazaba esa urgencia y decía estar en desacuerdo con sus planteamientos recogía la información, además de argumentar que los fondos del PET (Plan Especial de Teruel) el Gobierno de Aragón -en manos de PP y PAR- se utilizaba para obras ordinarias ya ejecutadas o comprometidas.

Como ejemplo, citó el caso de las obras del Polígono Industrial “La Paz”, adjudicadas precisamente en aquella sesión municipal por 168 millones de pesetas, e incluidas en la cofinanciación de ese año del PET con 250 millones. En opinión de Rodríguez, el Gobierno aragonés podrá ahorrarse ahora la cantidad que iba a destinar inicialmente a dichas obras y hacer inversiones en las otras dos provincias aragonesas con fondos especiales destinados a Teruel para compensar la escasez de ayudas de la CE.

El 31 de julio el periódico daba cuenta de la moción en los mismos términos aprobada en el pleno de la Diputación con el apoyo del equipo de gobierno, PP y PAR, que rechazaron la presentada por el PSOE de contenido similar aunque sin criticar el papel jugado por el Gobierno español en la negociación del reparto de los fondos comunitarios, lo que generó un intenso debate. Por el equipo de gobierno hablaron, el vicepresidente de la institución, Cesáreo Górriz (PAR) y el vicepresidente segundo, José María Pascual (PP), frente al portavoz socialista, Isidoro Esteban, que al final de aquel convulso verano, políticamente hablando, se convertiría en consejero del Gobierno de Aragón con José Marco, y comprometería a pedir ayudas compensatorias para Teruel.

Coordinadora 

La última noticia del verano sobre este asunto la leíamos el 3 de agosto cuando se anunciaba que una coordinadora canalizará las acciones para pedir compensación a la exclusión del Objetivo 1, incluyendo a organizaciones como la Asociación Aragonesa de Municipios (ASA), la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de la capital y la Cámara Oficial de Industria y Comercio. 

La coordinadora se ponía como deberes aquel mes de agosto realizar un amplio informe que contemple tanto las necesidades que tiene la provincia como las cantidades económicas que hubiera recibido la misma en caso de ser incluida en el Objetivo 1 y no descartaban movilizaciones si así se decidía.

La postura del Gobierno del PSOE

El gobierno socialista, presidido por Felipe González, justificaba la postura defendida en el Consejo de Ministros de la Comisión Europea, y lo hacía a través del Gobierno civil en Teruel que emitía una nota del gobernador, Juan José Melero, que recogía la información de aquel 24 de julio. Justificaba la exclusión de la provincia por tratarse de un territorio que incumplía los dos requisitos exigidos para acceder a las ayudas. Y defendía Melero el compromiso con la provincia manifestado a través de Teruel recibe a través de los instrumentos de política regional (Fondos Estructurales, Incentivos Regionales y Fondo de Compensación Interterritorial / Fondo de Teruel ) una ayuda per cápita superior a la media española. De acuerdo con estos datos, Teruel recibirá este año unas ayudas de Incentivos Regionales del orden de los 1.140,4 millones de pesetas y de los fondos de la CEE de 292,9 millones, además de los 950 del Fondo de Teruel. En total la ayuda per cápita que percibirá Teruel será de 16.600 pesetas frente a  las 12.600 que recibirá el conjunto del Estado.